Esta semana un diario local dio a conocer un Informe de Empleo-Québec que muestra el fracaso de los programas coercitivos de reintegración al empleo por parte de los jóvenes. En efecto el programa que exige que los jóvenes de menos de 25 años están obligados, so pena de sanciones financieras, a emprender gestiones de búsqueda de empleo encuadradas por Empleo-Québec, alcanzó apenas el 39% del objetivo establecido en 2001. Según el gobierno, se debe esperar hasta 2005 para evaluar el programa por lo tanto no comenta el informe. Sin embargo, está claro que con los nuevos enfoques del gobierno liberal es difícil que puedan hacerse los cambios necesarios para emprender una verdadera política de ayuda a los jóvenes. Eso se ve con el plan “Place à l’emploi, anunciado en Julio de 2003 por el Ministro del Empleo de la solidaridad Social y de la Familia, Claude Bechard. Ese programa condiciona la ayuda social a que los asistidos sociales sigan planes de búsqueda de empleo. También se comprueba con la postergación del “Plan de lucha contra la pobreza” que debe implementar la Ley que busca eliminar la pobreza y la exclusión social en diez años y que fuera adoptada unánimemente por la Asamblea Nacional, en diciembre de 2002. Tanto el programa de los jóvenes, como el de “Place à l’emploi” violan la ley contra la pobreza y la exclusión social. Esta ley obliga al gobierno, en su artículo 15.2, a que este fije un ingreso mínimo garantido que sea equivalente a las prestaciones actuales y que no esté sometido a sanciones de ningún tipo. Todo esto indica que el gobierno liberal de Jean Charest con su plan de reingeniería del Estado no dará muestras de imaginación en el campo de la solidaridad social, en el que era considerado por el Programa de las naciones Unidas para el desarrollo como el mejor del mundo. En esa medida la campaña del colectivo por la ley contra la pobreza y la exclusión plantea hacer de Marzo, el mes en que el gobierno presenta su presupuesto anual, es un momento importante de su lucha.
El informe en cuestión no se preocupa de lo que ocurrió con los jóvenes ni tampoco analiza el impacto de los recursos humanos limitados en Empleo Québec como para asegurar el seguimiento de los jóvenes asistidos sociales. Debe destacarse que según el Frente común de personas asistidas sociales, el mal resultado del programa está directamente ligado a la disminución del personal en Empleo-Québec, ya que la institución no cuenta con el personal necesario para acompañar las gestiones de búsqueda de empleo de los jóvenes.
En lugar de ser un problema que afecte exclusivamente a este programa dirigido a los jóvenes que se encuentran en la ayuda social en la provincia de Québec, se trata de un problema generalizado en Canadá. En efecto, los gobiernos ultra conservadores de Alberta y de Ontario ya han impuesto este tipo de programas coercitivos con efectos desastrosos, por la cantidad de jóvenes que viven al margen de los programas sociales gubernamentales de ayuda. Efectos desastrosos también para los asistidos sociales de todas las edades y principalmente en el caso de los jefes de familias monoparentales, principalmente mujeres. Los efectos más dramáticos de estas políticas se ven en el aumento en el número de los sin techo en Canadá. También se aprecia este tipo de enfoque coercitivo a nivel de las medidas federales de empleo o de acceso al empleo para los jóvenes. Vale destacar que pese a que los programas sociales son de competencia provincial, por su poder de gasto, como se le llama, el gobierno federal interviene directamente en muchos de ellos.
Es necesario destacar la deriva de los programas sociales en las últimas décadas en Canadá en favor de enfoques coercitivos en lugar de estímulos incitativos favorables al desarrollo de políticas de pleno empleo, de solidaridad social, o planes de eliminación del pobreza. La compleja trama de programas y proyectos responde generalmente salvo algunas excepciones a este enfoque que estigmatiza las personas en situación de desempleo o dependientes de la asistencia social. Un problema de complejidad ligado también a las disputas en cuanto a competencias federales provinciales porque la reducción del número de personas que pierden sus empleos para acceder al seguro de empleo lleva a la ayuda social más rápidamente que antes a los individuos más propensos a la marginalización del mercado laboral.
El problema principal es precisamente que la estrategia de enfrentar la problemática del acceso al empleo desconoce las complejidad del problema.
En primer lugar, deben considerarse la problemática individual de cada caso. Uno de los problemas es de no considerar que las dificultades de los jóvenes en la ayuda social está ligada a la falta de estima de si que aumenta las necesidades de un acompañamiento que no estigmatiza su situación. Ello requiere el apoyo de personal con el cual no se cuenta en Empleo Québec.
En segundo lugar, debe considerarse que lejos de ser un problema individual, aunque los efectos de la pobreza y la exclusión son sufridos por individuos concretos, el desempleo y la marginalidad son problemas estructurales de las sociedades capitalistas que los programas sociales intentan moderar para evitar explosiones sociales. Esto quiere decir que existen ciclos económicos que resultan en periodos de crecimiento económico a los que suceden periodos de recesión que aumentan o disminuyen el número de empleos disponibles. Anteriormente, en la estrategia del llamado Estado Providencia, los gobiernos buscaban aumentar la demanda gracias a planes de empleo.
Como se recordará, uno de los argumentos para la aplicación del enfoque coercitivo y de castigo aplicado desde comienzos de los 80, fue la acusación que los desempleados o los asistidos sociales eran abusadores del sistema. Que esos programas limitaban la oferta de empleo de bajo costo para las empresas. Por ello se trataba de llevar a niveles de miseria las prestaciones del seguro de empleo o las de la ayuda social. En la óptica neoliberal, es el mercado que debe desarrollar esta demanda de empleos. Se parte entonces a la caza de las empresas que van a necesitar empleos sin percibir que por los ciclos económicos la fluctuación es fuente de inestabilidad permanente.
Por último, existe la problemática del enfoque de solidaridad social. Este enfoque, que es el que se aplica en algunas sociedades no solamente socialdemócratas o socialistas, supone que en las sociedades el bien común supone establecer umbrales decentes de ingresos que eliminan la pobreza. Esto supone romper con la estrategia de tratar la pobreza o la marginalidad o las dificultades de integración al mercado de trabajo como un epifenómeno. Se trata de mecanismos que permiten romper con la lógica destructiva del mercado. Como la llamada mano invisible del mercado de los liberales clásicos eb lugar de llevar al equilibrio, aumenta la marginalidad y la distancia entre ricos y pobres, deben considerarse las lógicas de ayuda social como aspecto fundamental de sociedades civilizadas. Por ello, fracasan los planes coercitivos de integración al empleo de los jóvenes cuando no existe la inversión social necesaria. Es necesario que luego de años de fracaso, se abandone esta lógica coercitiva y que se la remplace por programas incitativos que permiten una lógica integrada que persigue mejorar las condiciones de vida de la población. Como decía un eminente filósofo, es en como se trata a los más indefensos cuando se ve el nivel de civilización de una sociedad. Es necesario entonces apoyar el combate del colectivo contra la pobreza y la exclusión.

El régimen del Partido Lavalás, dirigido por Jean Bertrand Aristide se desplomó. El domingo 29 de Febrero, a las 6h45 Jean-Bertrand Aristide, “Titid” que encarnara hace 15 años a esperanza de los pobres y marginados de la antigua perla de las Antillas durante el combate contra la dictadura de los Duvalier, siguió el camino tradicional de los dictadores haitianos. Aristide, se demoró apenas unas pocas horas en renunciar, luego que Washington le quitara el apoyo el sábado. Fue el propio secretario de estado, Colin Powel quién según el New York Times organizó su huida a Republica Dominicana desde donde se espera que encuentre refugio en Marruecos, en Panamá o en África del Sur. Según rumores Washington le forzó nuevamente la mano.
Se trata de un nuevo fracaso de las elites haitianas sumisas a la potencia imperialista estadounidense, que domina negligentemente los destinos de la Isla desde hace más de un siglo. La partida de Aristide no abre una nueva era de esperanza para Haití. Lo que se vislumbra después de la caída de el ex sacerdote salesiano, es un nuevo periodo de inestabilidad bajo la tutela de fuerzas estadounidenses de intervención, a las que eufemísticamente se les llama “comunidad internacional”. Los Estados Unidos esperan la resolución de la ONU para ingresar sus tropas, para poner el orden en Haití, sometido al pillaje de grupos rivales. Se trata por ende de una reedición de las fracasadas intervenciones internacionales del pasado. Más aún, Haití, es un pequeño país de 8 millones de habitantes, sin petróleo o recursos naturales importantes, y con niveles de analfabetismo importantes, donde la mayoría de la población vive en la miseria por lo que no despierta el interés de la potencia colonial. Todo eso explica que la intervención estadounidense siempre ha sido negligente en imponer marcos estables.
Las masas populares latinoamericanas tienen experiencia en deponer periódicamente a presidentes, cansadas por la corrupción, los abusos y la crisis económica. Valga recordar, entre otros, la renuncia del Presidente Gonzalo Sanchez de Lozada en Bolivia, la seguidilla de gobiernos en Argentina después de la renuncia de Alejandro de la Rúa en Argentina. Lo específico del caso Haitiano es que el intervencionismo recurrente de la potencia imperial no ha permitido el desarrollo de la clase política o de una sociedad civil fuerte de recambio que asegure confrontar estas situaciones.
Por ello, antes que una solución haitiana, la partida de Aristide pone en acción el Plan B, de Washington que implica el traslado del poder al sucesor constitucional Boniface Alexandre, Jefe de la Corte Suprema. Eso permite salvar la imagen de una continuidad constitucional. Lo más probable es que ello permita la realización próxima de elecciones, mientras los marines yanquis mantienen el orden. En suma la partida de Aristide abre una nueva etapa de reorganización de las elites haitianas bajo la dirección estadounidense, como en el pasado.
Pongamos las informaciones en perspectiva.
El antecedente inmediato del desenlace del gobierno de Aristide fue el anunció oficial del secretario de estado Colin Powel el sábado, en lenguaje diplomático, que Washington pedía la renuncia del presidente haitiano Jean Bertrand Aristide, manteniendo su interés por una salida política. Este cambio de posición culminó una semana de tergiversaciones durante la cual Washington reconocía aún el carácter democrático del Gobierno de Jean-Bertrand Aristide, exigiendo que la oposición aceptara que siguiera en el poder. Con ello los Estados Unidos evitaron ser sobrepasados por Francia que exigía la intervención de la llamada comunidad internacional y el establecimiento de un gobierno de Unidad Nacional con la exclusión de los grupos rebeldes armados del norte. También Canadá abandonó en los últimos días su estrategia de buscar una salida política que incluyera a Jean-Bertrand Aristide, Terminó aceptando la posición planteada por organizaciones de cooperación internacional que consideraban que el nivel de corrupción y de dictadura del régimen del ex sacerdote salesiano lo transformaba en parte del problema y no de la solución en Haití. Se impuso nuevamente el liderazgo estadounidense de la comunidad internacional, más preocupado de evitar una oleada de refugiados haitianos que ya ha comenzado a rechazar en sus costas, que de resolver los problemas haitianos. Desapareció el rol que trató de jugar el CARICOM, compuesto por las naciones del Caribe y la OEA. Se comprobó que bastaba una palabra de Washington para Aristide se fuera.
En la nueva situación creada por la partida de Aristide, la que aparece como la nueva elite privilegiada por Washington es la llamada oposición democrática. Este heteróclito conglomerado político, social y económico, se unificó principalmente en torno a la exigencia de la partida de Aristide, ahora se confronta a una nueva situación sin que exista un consenso en el quehacer en Haiti. Por ello, rechazó la propuesta que permitía que Aristide terminara su mandato el 6 de febrero de 2006, a cambio de compartir el poder con la oposición : demasiado poco, demasiado tarde.
También debe recordarse que lo que cambió el carácter del conflicto fue el estallido de la insurrección armada en Gonaives el 5 de febrero. Ella mostró que el gobierno de Aristide, pese a su carácter dictatorial, no era capaz de controlar el territorio nacional. Cuando Aristide disolvió el ejército en 1994, luego de ser reinstalado en el poder por Washington, por presiones del llamado caucus negro del partido demócrata formó una fuerza policial de apenas 5000 hombres entrenada entre por los marines y por policias d otros paises, como por la Gendarmería Real de Canadá. Sin embargo, la disolución del ejército en lugar de asegurar, como en el caso de Costa Rica, una pacificación del país, llevó a una fuerza bajo el control directo del ejecutivo y finalmente a la reedición de la formación de una fuerza paramilitar, sobre todo a partir del segundo gobierno de Aristide en 2000: La formación de las milicias controladas por Aristide, conocidas como “Les Chimères” llevó a un marco que aumentó la corrupción y los abusos. Son estas milicias las que fueron el último baluarte del presidente Aristide en Port au Prince. Ellas fueron víctimas, según los observadores, de la última traición de Aristide, porque ni siquiera les habló públicamente, dando instrucciones: Simplemente se fue.. En ese marco, las precarias fuerzas policíacas que entregaron sin mayor defensa las ciudades del norte del país, no podían reforzar el Estado de derecho del que hablaba el presidente Aristide. Al contrario, la policía aparecía más bien dependiente de las milicias privadas de Aristide, reclutadas en los sectores más pobres de la sociedad haitiana. De allí proviene también el grueso de la oposición armada a la que se unieron como líderes los antiguos jefes del Ejército disuelto por Aristide.
Todo indica entonces que la oposición democrática depende de la caución que le entregue Washington a través de las fuerzas de intervención que comenzarán a instalarse con la partida de Aristide. Por un lado, está la oposición calificada de legalista y pacífica tiene varios portavoces. Uno de ellos es el hombre de negocios André Paíd que dirige el grupo de los 184 que representa unas 300 organizaciones de la sociedad civil. También están los siete partidos políticos agrupados en la llamada convergencia democrática, entre ellos el antiguo alcalde de Port au Prince, Evans Paul que fue uno de los tantos que rompió con Arisitide cuando inició su deriva autoritaria. Por otro lado, están las llamadas fuerzas rebeldes heteróclitas del norte con sede en Cap Haitien, la segunda ciudad del país y dirigidas por Guy Philippe. Ellas ocupan militarmente la mitad del país y sitiaban Port Au Prince. Luego de la partida de Jean Bertrand Aristide han entrado en la capital y se asisten a enfrentamientos según las informaciones. Ello crea el marco para la intervención internacional, porque Washington quiere la caución de la ONU, para intervenir y forzar una salida política que no afecte la campaña para las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
No está claro el desarme de las fuerzas rebeldes. Pese a que Aristide las calificaba de “terroristas” para tener el apoyo de Washington al ligarlas a su cruzada mundial contra el terrorismo; nadie cree que se trataba de aquello. Estas fuerzas están compuestas por partidarios decepcionados de Aristide como es el caso de la llamada “Armée Canibale”. Pero a ellos se agregan antiguos miembros del ejército Haitiano, o incluso que sirvieron bajo el régimen militar de Raoul Cedras. Entre los que se encuentran incluso antiguos torturadores y miembros de escuadrones de la muerte. Valga señalar como lo recuerda el New York Times que estos últimos son parte de las tropas militares formadas por Washington en la tradición del ejército neocolonial instalado con la larga intervención en Haití en el siglo pasado. Estos se encuentran en el Frente para El Avance y el Progreso en Haití. Aunque el líder militar Guy Philippe, prometía que desarmaría cuando Arisitide se fuera, está claro que persiguen un rol político en el nuevo gobierno o el transformarse en policía o nuevo ejército bajo la tutela estadounidense.
Todo indica que nuevamente los destinos de la Perla de las Antillas se decidirán en la oficina oval de la Casa Blanca. El problema es que en Haití no existe un verdadero proyecto político, económico y social que fuera más allá de la partida del dictador. A nivel de Washington, no existe más interés que el de evitar la llegada de refugiados haitianos a sus costas y mantener su control geopolítico en la región. Ello no reemplaza una política de desarrollo. Por ello la verdadera comunidad internacional, la de la solidaridad con el pueblo haitiano puede jugar un rol importante, porque no basta con restablecer el orden y el funcionamiento de las instituciones, se deben confrontar los desafíos del país más pobre de las Américas; que son de participación política, social y económica.
Aristide partió como volvió en 1994, bajo las órdenes de Washington. Luego de encarnar la esperanza de los pobres en el combate contra la dictadura de Duvalier en los años ochenta, y ser en 1990 el primer presidente elegido democráticamente en Haití en 200 años, Aristide termina en dictador de opereta que parte entre gallos y a medianoche decepcionando las esperanzas de los pobres de Haití. El golpe de estado de Raoul Cedras con apoyo de Washington en 1991 lo fuerza al exilio y a entregar su alma al imperio para retornar al poder en 1994. Su reelección en 2000 y el fraude en las parlamentarias, elecciones innecesariamente fraudulentas porque la diferencia era entre trabajar con la oposición o contar con el poder absoluto, hace que la ayuda internacional sea congelada. Con ello se agudiza la crisis económica y la corrupción y los abusos. Ello lleva a los levantamientos de las masas populares haitianas y a la represión de estudiantes el 5 de diciembre de 2003 que le enajena el apoyo de organizaciones sociales. Su estilo dictatorial lo hace romper con sus propias milicias que permite la creación de la insurrección armada en su contra. Son sus antiguos partidarios quines inician la insurrección armada con la toma de Gonaices el 5 de febrero. Que es la antesala del fin.
Aunque el desenlace de la crisis haitiana interpela los hechos coyunturales de los últimos días, lo cierto es que ella se explica por los problemas estructurales del capitalismo dependiente. También porque Haití no es Irak, no tiene petróleo y por lo tanto despierta un interés tangencial y limitado de parte de las elites estadounidense. Ellas solo quieren evitar el flujo masivo de refugiados o bien evitar perder el control desde el punto de vista geopolítico. En ese marco, la huída de Jean_Bertrand Arisitide cierra un capítulo, pero no termina con la crisis haitiana, porque ella fluye de los efectos perversos a que llevan las intervenciones de la llamada comunidad internacional.