LA REINGENIERÍA DEL ESTADO Y EL NUEVO ENFOQUE DEL GOBIERNO CHAREST EN POLÍTICA DE IMMIGRACIÓN.

Esta semana comenzó la sesión ordinaria en la Asamblea nacional de Québec. La primera del gobierno Charest, porque las de la primavera fue sólo una escaramuza mientras se diseñaban las nuevas políticas de un gobierno que pretende con su concepto de reingeniería, reinventar el Québec, dejando atrás el Estado surgido de la revolución tranquila.
Este será un otoño movido en la provincia de Québec. Porque el proyecto de “modernizar el Québec” como indicó el primer ministro Jean Charest en una carta pública en los periódicos se inscribe en una lucha abierta contra los intereses corporatistas de los sindicatos y del movimiento popular. Jean Charest insiste en su concepción elitista de la democracia en el sentido de que como fue elegido, el tiene el derecho a introducir todos los cambios que sean necesarios porque recibió un mandato de la población. Los sindicatos y el movimiento estudiantil y popular han iniciado movilizaciones para contrarrestar medidas en preparación, aunque nadie puede afirmar a ciencia cierta cuales serán esas medidas
En la práctica y como lo señalara el propio primer ministro de la provincia de Alberta Ralph Klein, portaestandarte de las políticas neoliberales conservadoras en el Oeste de Canadá, el primer ministro de Québec es un verdadero conservador con el que tiene una unidad de pensamiento completa. Más allá de lo anecdótico del hecho, es necesario recordar que Québec no es Alberta donde las ganancias de petróleo permitieron financiar las medidas neoliberales y exportar a Colombia Británica los asistidos sociales. Está claro entonces que antes que un gobierno liberal, los quebequenses han elegido un gobierno conservador que se plantea transformar profundamente la estructura económica y el rol del estado privatizando aspectos importantes de la vida social.
Entre los aspectos más importantes en discusión en el parlamento en esta sesión está aquel de las modificaciones a la ley 45 que regimenta la subcontratación. Principalmente en lo que se refiere a transferir los sindicatos a las compañías subcontractantes de servicios para el estado. Los sindicatos se plantean movilizarse contra la propuesta que significa cambiar las reglas del juego en materia de relaciones laborales.
Otro aspecto es el de la famosa ley 9 sobre las desfusiones que sin estar ligada al plan de reingeniería del estado se ha transformado en un lastre importante del gobierno liberal con efectos desastrozos sobre el gobierno municipal de Gerald Tremblay en Montreal que pierde consejales en favor de los desfusionistas.
Además de ello está el cambio de la ley que regimenta las direcciones regionales de salud. El gobierno de sea reorganizar a nivel local el sistema de salud.
Tras ese debate existen estudios, declaraciones, debates y sobre todo rumores. Lo cierto es que el gobierno liberal de Jan Charest se plantea un vasto plan de reingeniería estatal para disminuir costos pero sobre todo con una visión del estado que significa reducirlo y dar un rol preponderante al mercado y al sector privado. Algunos hablan en broma de privatizar el estado.
En este campo han surgido polémicas respecto de las transformaciones que se plantea realizar el gobierno liberal en el campo de la inmigración. Según informó un periódico local, el gobierno liberal se plantea desarrollar un sistema subcontratación, de outsourcing como se dice en América latina siguiendo el lenguaje de los gestionarios en Washington. Esto en el caso espécifico de un organismo de la comunidad judía de Montreal. Aunque el gobierno pequista también había establecido acuerdos para atraer inmigrantes ligados a esa comunidad en el mundo, en este caso se trataría de que en el caso de Argentina, Uruguay y Brasil este organismo participará en el proceso de selección de inmigrantes. Aunque el ministerio se guarde la última palabra en el reclutamiento de inmigrantes significa un cambio importante. Aunque la información es confusa y ha sido desmentida en parte por la ministro de Inmigración Michelle Courchesne está claro que el proceso de subcontratación estatal también toca a la política de inmigración. Ello coincide con los planteamientos del programa liberal en materia de reclutamiento y de integración de inmigrantes.
El primer aspecto es que el gobierno busca reforzar la participación de organismos étnicos en el proceso de reclutamiento, de acogida y de integración de inmigrantes. Se trata de favorecer la inmigración y la integración gracias al apoyo de aquellos que ya han hecho el camino. La idea en sí puede ser considerada como positiva en la medida en que se trata de incorporar las llamadas comunidades culturales al proceso de integración. El peligro sin embargo es la constitución de ghettos y el abuso por parte de los inmigrantes ya instalados respecto de los recién llegados. Ello sin considerar quienes pueden trabajar a la organización de paquetes de inmigrantes gracias a constituirse un papel de lobbying. Esos paquetes pueden estar ligados precisamente a trabajos específicos. En esa medida por el hecho de que “estadísticas Canadá”, revela que la integración al empleo se hace más difícil para los inmigrantes en los últimos años, lo que se traduce en que recurren más a menudo que el resto de la población a la ayuda social. Ello se agrega a otras estadísticas que señalan que el desempleo entre los inmigrantes es mayor que entre el resto de la población. Además que estos tienen menos ingresos que el resto de la población.
Ciertamente el gobierno liberal busca organismos plenamente constituidos que le aseguren mecanismos de control apropiados. Sin embargo, ese problema implica que el acceso a la inmigración dependerá de ese nivel de organización. Ello favorecerá comunidades culturales ya organizadas lo que no es el caso de las comunidades latinoamericanas por ejemplo.
Tras esa posibilidad sin embargo lo que permanece no es el interés por un proceso de integración más apropiado sino que la necesidad de reducir los costos, mediante la reducción del personal estatal destinado a esas tareas. Si el gobierno pequista con sus planes de ciudadanía y de desarrollo de la integración a la sociedad de acogida y del desarrollo del francés como idioma común ahora el gobierno liberal busca reforzar las comunidades culturales como ente primario de adscripción para los neo’quebequenses. Un problema de concepción que requiere por lo menos de procesos de discusión que en el marco del procesos de reingeniería del estado no parecen posibles.
Los organismos que trabajan en la acogida de inmigrantes aparecen confusos. Sería importante el desarrollo de un debate sobre la cuestión.

  LOS IMPACTOS DE LA CRISIS BOLIVIANA.

La movilización indígena y popular boliviana, pese a una represión gubernamental que provocó más de ochenta muertos, obtuvo la renuncia del presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Losada el 17 de octubre. Las masas populares bolivianas dijeron ¡Basta! a las políticas neoliberales del presidente boliviano que profundizan la miseria en el país más pobre de América del Sur así como su dependencia de las transnacionales estadounidenses. La revuelta se tradujo en el rechazo del símbolo representado por un nuevo proyecto de venta a rebaja de las riquezas naturales bolivianas que seguía el esquema colonial y neo-colonial, de la plata, del salitre, del estaño. Para colmo, la exportación del gas natural boliviano era organizada por un Consorcio estadounidense que se llevaría la mayor parte de los beneficios dejando sólo migajas en Bolivia. Además, el gasoducto debía transitar por tierras que habían sido bolivianas antes que Chile le arrebatara el acceso al mar a Bolivia en 1883. En esa medida es importante destacar los impactos de la crisis boliviana y los desafíos que esperan al nuevo presidente Carlos Mesa, que quitó el apoyo al gobierno de coalición por la represión de la revuelta popular.
El primer aspecto, el más evidente es que la revuelta popular e indígena boliviana tiene un componente económico evidente, producto de las malas condiciones de vida de la población y la crisis del modelo neoliberal. El producto interno bruto en 2002 era de sólo 882 US$. Un tercio de la población, vale decir 2,6 millones de los 8 millones de bolivianos vivía con apenas 200US$ anuales. Según las estadísticas en Bolivia se vive un deterioro progresivo de los ingresos desde hace varias décadas principalmente en los sectores pobres y vulnerables producto de las políticas económicas y de las privatizaciones de los últimos años.
En cuanto al gas natural, fue en 1985 que se aplicó el programa de ajuste estructural exigido por el Fondo monetario internacional que se tradujo en el uso de 85% de los ingresos de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos para financiar el déficit fiscal. Ello fue el antecedente de la privatización o “capitalización” de la compañía nacional de hidrocarburos impulsada en 1996 en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada con la Ley sobre los Hidrocarburos. Ello permitió también la liberalización del comercio del gas natural que se traduce en la entrada de compañías extranjeras que benefician del descubrimiento de nuevos yacimientos. Los beneficios esperados de la exportación de gas natural a Estados Unidos y México sería de sólo 70 millones dólares anuales para el gobierno boliviano, mientras que el Consorcio PACIFIC LNG obtendría más de 1.300 millones de dólares al año- Este consorcio está constituido por las transnacionales Rapsol-YPF, British Gas (BG) y British Petroleum (BP). A ellas se agrega Unión Texas de Bolivia en el nuevo campo Margarita en Tarija. En esta provincia es donde se encuentra el 86% de las reservas de gas en Bolivia. El gobierno boliviano obtendría beneficios de impuestos por 18% de los nuevos campos y de 50% en los antiguos campos porque no es parte del proyecto como tal y beneficiará sólo de los impuestos.
El consorcio PACIFIC LNG prefiere instalar el gasoducto desde Tarija hasta el puerto chileno de Mejillones y no por un puerto peruano porque le significaría economías de 200 millones de dólares. Los cálculos finales del proyecto indican que Bolivia obtendrá 70 millones dólares por año, mientras el consorcio PACIFIC LNG obtendrá 1.300 millones de dólares por año. Además la licuación del gas no se hará en territorio boliviano lo que disminuye los impactos a nivel del empleo y el desarrollo. El proyecto anuncia entonces el paso de Bolivia a un nuevo ciclo de exportación de sus recursos del subsuelo que sería ahora el del gas natural después del fin del Estaño, nacionalizado en los cincuenta cuando estaba en su periodo de declive.
El nuevo gobierno de Carlos Mesa se plantea realizar un referendo para decidir sobre la continuidad de la exportación del gas natural y plantear una revisión de la ley de hidrocarburos. Como si el mensaje de la gran mayoría de la población boliviana no hubiese sido claramente expresado con la sublevación popular e indígena.
Pese a que los movimientos sociales indígenas y populares se han retirado luego de la victoria está claro que no existe un proyecto de desarrollo en la clase política, por lo que la crisis política sigue latente. Y es que también hay un componente político de la crisis boliviana. Este es el resultado de la corrupción y la desorganización de la llamada clase política que en el parlamento que está más ocupada, según los observadores, en la distribución de cuotas de poder, antes que en el desarrollo de proyectos de desarrollo sustentables. La pérdida de legitimidad de la clase política en Bolivia no es un fenómeno exclusivamente boliviano. Lo cierto es que pese a que Bolivia ha vivido uno de los periodos más largos de su historia republicana, sin regimenes militares, está claro que la clase política no interpreta los intereses nacionales Ello lleva, como en otros países que fuerzas políticas no tradicionales como el Movimiento al Socialismo del dirigente cocalero Evo Morales puedan alcanzar el segundo lugar en las elecciones presidenciales del año pasado. Este partido aparece como una nueva alternativa de gobierno de tendencia socialdemócrata que tiene como novedad el incorporar el componente indígena a la política boliviana. Un contrasentido en un país donde mas del 70% de la población se considera de origen indígena Quechua o Aymará.
En ese marco, no es sorprendente la creciente popularidad del dirigente Aymará Felipe Quispe, diputado del movimiento indígena Pachakuti (MIP) y lider de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Quispe plantea reconstituir el Qullasuyu y la reconstitución de la nación indígena. Quispe da un mes al gobierno de Mesa pero desde ya considera que el nuevo gobierno es una continuidad del gobierno de Sánchez de Losada.
Lo que se vive actualmente en Bolivia es que producto del fracaso del modelo neoliberal y la crisis de los partidos políticos tradiconales hay un de desarrollo de las alternativas indígenas de los cocaleros de la antigua COB y los Aimarás de Movimiento Indígena Pachakuti. Un fenómeno natural en una Nación que cuenta con más de 70% de la población reconocida como indígena y donde la discriminación se produce contra la mayoría en fenómenos semejantes a los que se produce en Guatemala y otros países donde la estratificación social sigue líneas étnicas.
El nuevo gobierno de Carlos Mesa está enfrentado a enormes desafíos. Por un lado, debe reformular políticas gubernamentales favorables al desarrollo boliviano , lo que es difícil para un gobierno que se constituye, después de una profunda crisis de legitimidad. Lo más probable es que se produzca un gobierno que busca establecer un proceso de negociación con las transnacionales y el gobierno de Estados Unidos. Por otro lado debe crear el marco propicio a la recomposición del juego político boliviano, para lo que llama a la creación de una asamblea Constituyente. Debe también mostrar que desea la integración de la mayoría indígena al sistema político, por ello es que decidió incorporar tres ministros indígenas a su gobierno, entre ellos a nivel de ministro de Educación
A pesar de ello, según los observadores, es en torno al contenido de la propuesta de referendo sobre el proyecto de exportación del gas natural boliviano donde se juega el futuro de su gobierno. Algo que aún no está claro. También en el campo de los coletazos más importantes de la crisis estarán sus propuestas de reforma de la ley de hidrocarburos de 1996. Aunque nadie espera una propuesta de nacionalización de los yacimientos, está obligado a limitar el margen de maniobra legal con el que cuentan ahora las transnacionales para explotar las riquezas del subsuelo boliviano.
Ligado con esto está el tema de las relaciones con Chile y las exigencias de Washington de que se firme un tratado de libre comercio entre los dos países antes de fines de año y que Bolivia juegue un rol más activo en la formación del área de libre comercio de las Américas, ALCA.
También existen otros elementos, aplacados por la crisis del gas natural, como es la presión del movimiento de cocaleros contra la campaña de erradicación de las plantaciones de Coca. El gobierno de be pronunciarse sobre si seguirá o no con la erradicación de plantaciones de Coca en la región del Chaparé que son consideradas como un éxito por Washington. Valga señalar que el gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada era considerado por la administración Bush como el más eficaz en la lucha antidroga de los países de la región andina. El New York Times señalaba como anécdota el sábado 25 de octubre, que cuando Gonzalo Sáchez de Losada visitó Washington, poco después de ser elegido presidente de Bolivia, había señalado en broma que si no recibía un aumento de la ayuda para desarrollar nuevos cultivos, podía volver pronto a Estados Unidos, pero como refugiado. Es efectivamente lo que pasó pues el Goñi, eligió como exilio dorado, las playas de Miami. Aunque no fue directamente porque Washington nunca envió los 200 millones que pedía Sanchez de Losada para reconvertir los cultivos de coca, recibió sólo 10 millones; lo cierto es que fue producto de la defensa de los intereses estadounidenses en Bolivia que fue forzado a renunciar.
Ello permite concluir que es torno al tratamiento de los intereses de las transnacionales petroleras estadounidenses que se juega el futuro del nuevo gobierno boliviano, dirigido por Carlos Mesa. Estas no han abandonado la partida.
La historia se repite, tartamudea como diría Marx. La crisis boliviana se inscribe en un contexto latinoamericano y mundial de crisis del modelo neoliberal y de búsqueda en América latina de nuevas alternativas políticas de derechas, izquierdas o populares.
En primer lugar, la crisis boliviana confirma que las políticas neoliberales en América latina provoca el empobrecimiento de las masas populares y aumenta la distancia entre los ingresos de ricos y pobres. A un nivel regional, se comprueba que las medidas de Ajuste estructural y de privatizaciones impuestas por el Fondo monetario internacional, FMI y de apertura al mercado mundial en el marco de la globalización, aumentan la distancia entre Norte y Sur trayendo aparejadas un deterioro sostenido de las condiciones de vida de la población.
Las consecuencias sociales catastróficas que acarrea los años de estancamiento económico provocan movimientos populares e indígenas como el boliviano. Son los mismos que depusieron gobiernos en los últimos años en Venezuela, en Ecuador, en Argentina y otros países latinoamericanos en las revueltas del hambre. Esa corriente de fondo de agotamiento del modelo neoliberal lleva a la emergencia del nuevo bloque de países que buscan alternativas de desarrollo propiamente latinoamericanos. Con las experiencias de Lula en Brasil, de Chavez en Venezuela, de Kirschner en Argentina, de Lucio Gutierrez en Ecuador. Pese a que a nivel ideológico es un bloque disparatado, coinciden en propuestas que se alejan del neoliberalismo dominante, abriendo puertas a nuevas alternativas, socialdemócratas o más radicales.
En segundo lugar, la caída de Gonzalo Sánchez de Losada es una derrota de la política de Washington en la región. El presidente Bush pierde un aliado clave del Plan Colombia y de la lucha anti-insurreccional realizada bajo la cobertura de la lucha contra el narcotráfico. Efectivamente, la exportación de la experiencia boliviana de erradicación de cultivos a Perú y otros países aparece cuestionada. Es una derrota también de la política de control de recursos naturales sudamericanos por parte de las masas populares movilizadas. Es una derrota de las políticas que Washington trata de imponer en América del Sur.
Se trata también de una derrota de las transnacionales que bajo criterios de rentabilidad imponen sus leyes a los gobiernos en el tercer mundo. No es la primera victoria de las masas populares contra las transnacionales debe recordarse el caso de la constructora Bechtel que sufrió una derrota en Cochabamaba cuando las masas populares consiguieron desprivatizar el agua y expulsar a la poderosa trasnacional que ahora obtiene enormes beneficios con la “reconstrucción” de Irak. En esa medida debe considerarse que frente a la pusilanimidad de los gobiernos frente a las transnacionales son las masas populares e indígenas que defienden la soberanía nacional mostrando los límites del poderío de las transnacionales
El impacto internacional de la crisis boliviana es la emergencia de nuevos actores con la movilización de las naciones indígenas discriminadas y explotadas a las que se les niega la existencia. Un fenómeno que existe en la totalidad de los países latinoamericanos aunque ello se manifieste con mayor agudeza en los territorios de los antiguos imperios existentes antes de la invasión española. Aunque sea prematuro concluir sobre el impacto de la experiencia boliviana, está claro que ella ayuda al despertar de las masas populares latinoamericanas en su combate contra las políticas neoliberales.

 Marcelo Solervicens - Desea escribirle al autor ?