Esta semana el ministro de asuntos municipales de Québec, Jean Marc Fournier dio el vamos al proceso que llevará a los referendos que permitirán la desfusión de las municipalidades impuesta por el anterior gobierno del partido quebequense. Se concretiza así una promesa controvertida de los liberales de Jean Charest que no deja a nadie contento.
Como se recordará, fue la ministro de asuntos municipales del gobierno del partido quebequense Louise Harel que impulsó la ley que fusionó 212 municipalidades en la isla de Montreal, en Québec, en Gatineau, entre otras regiones. Ello provocó gran rechazo en algunas antiguas municipalidades sobre todo en la Isla de Montréal llevando a la promesa de Jean Charest que si ganaban las elecciones consultarían los electores pudiendo aquellos que lo deseaban poder volver a las antiguas municipalidades. Según muchos observadores este fue uno de los factores que explicó la derrota del partido quebequense en las elecciones del 14 de abril del año pasado.
Fue así que esta semana, en medio de controversias y nuevas críticas de diferentes sectores, el ministro de asuntos municipales Jean Marc Fournier, dio a conocer los 42 estudios sobre los costos de las desfusiones de municipalidades en Québec. Se inició ya oficialmente la campaña (aunque todavía no se cuentan los gastos) y se formaron ya los comité-s por el Si y por el no. Para que existan referendos en el territorio de una antigua municipalidad fusionada, deben inscribirse para pedir el referendo por lo menos el 10% de los habitantes de las municipalidades en cuestión entre el 16 y el 20 de mayo. Los electores de esas municipalidades serán llamados a referendo el 20 de junio a responder a la pregunta siguiente : “Es UD favorable al desmembramiento de “ tal” aglomeración y a la constitución para el “sector tanto” de una entidad municipal conforme a la ley de reorganización de ciertas municipalidades”. Para que gane el desmembramiento, deben participar en la votación por lo menos el 30% de los electores inscritos.
Los estudios sobre los costos de la desfusión dados a conocer por el ministro, muestran una situación menos favorable que lo que se esperaba, porque no se vuelve a la situación anterior.
El ministro publicó estudios que indican que la desfusión, o el desmembramiento, como se le llama ahora de las municipalidades fusionadas, se traducirán en aumentos de impuestos de entre el 14% y 26% para los contribuyentes de la Isla de Montreal.
Además, no se volverá a la situación anterior porque la nueva ley de los liberales entrega poder real a la ciudad centro. En la instancia política de aglomeración las ciudades desfusionadas tendrán un peso ponderado de acuerdo a su peso demográfico. No sólo ello, sino que la ciudad centro tendrá un derecho a veto sobre todas las decisiones de las municipalidades desmembradas de su territorio en temas que puedan afectar la aglomeración. Ello significa que en las municipalidades que se desfusionen los ciudadanos perderán poder decisional sobre el 60% de los servicios que ayudan a pagar. Aunque el gobierno de Jean Charest cumple la promesa de permitir que los ciudadanos se pronuncien sobre la desfusión, también cumple con la promesa de no volver a la situación anterior. Al hacerlo, deja las desfusiones como una decisión de tipo identitaria que puede provocar grandes frustraciones en diversas municipalidades. La nueva propuesta no favorece ni a los partidarios del desmembramiento ni los partidarios de mantener las fusiones.
Los efectos del proceso referendario implican una desestabilización de las grandes ciudades construidas por el partido quebequense, según ellos para responder de manera adecuada a la mundialización. Incluso los pequistas amenazan con volverlas a fusionar en el futuro. Lo peor sin embargo sería que se provoque una división en la Isla de Montreal sobre una base económica de municipalidades ricas como Westmount. O bien, una división sobre una base de tipo lingüística despertando un debate que a nadie le interesa revivir. Además, como el poder político estará concentrado en las ciudades centro, se vivirán situaciones de constante discusión y debate.
Si el gobierno de Jean Charest deseaba poder recuperar parte de la popularidad perdida y demostrada con las numerosas manifestaciones de protesta en su primer aniversario, está claro que no le resultará positivo el proyecto de desmembramiento de las municipalidades. Además, el gobierno provincial se lanza en el proceso cuando se ve cada vez más probable que el gobierno federal de Paul Martin, anuncie elecciones al parlamento federal en la misma fecha, con lo que el debate sobre las municipalidades no podrá más que favorecer a los candidatos del Bloque quebequense que benefician de popularidad por haber denunciado durante años el escándalo de las llamadas comanditas, demostrando con ello que si tiene un rol que jugar en Ottawa.
La concretización del proyecto de desmembramiento de las municipalidades fusionadas no deja a nadie contento. Esto se debe a que el gobierno se inscribe en una posición de Poncio Pilatos, siendo que de acuerdo a la Constitución canadiense y toda la jurisprudencia, establecida por la Federación Canadiense desde sus inicios, en 1871, son las provincias quienes son las responsables de la organización municipal. La falta de liderazgo de los liberales en la materia provoca gran confusión y es incomprensible porque afecta el sistema político.

En medio de una relativa indiferencia provocada por el cerco informativo de los medios de derecha, que rige en Chile cuando se trata de temas de justicia en materia culpables de violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, pasó una etapa crucial el proyecto de ley que es denunciado por las organizaciones de familiares de detenidos políticos desaparecidos como una ventana o una puerta a la consolidación de la impunidad. Se vive entonces la situación paradojal en la que un presidente socialista, perseguido por la dictadura pinochetista y que lidera ahora el gobierno de la Coalición Concertación Partidos por la Democracia n Chile que gobierna ese país sudamericano desde hace 14 años, aparece propiciando con el proyecto “no hay mañana sin ayer” nada menos que reducir las penas de culpables de violaciones de derechos humanos y abrir la puerta a cerrar los procesos por la aplicación de la ley de amnistía de los militares.
Como se recordará, los militares chilenos permitieron en 1989, elecciones competitivas que permitieron el retorno de gobiernos civiles y una democracia limitada en el marco establecido por el mantenimiento , con algunas correcciones (plebiscitadas en junio de 1989) de la Constitución fascista impuesta por Pinochet en 1980. También en el marco de la continuidad del modelo económico neoliberal. Como corolario de la llamada transición chilena, que algunos consideran todavía vigente, se estableció como condición más o menos explícita (algunos hablan de un pacto secreto) de que no se tocara un hombre de los militares por juicios de violaciones de derechos humanos. Pese a que han existido algunos casos ejemplares, ese plan ha sido respetado. Ciertamente, el gobierno chileno estableció en parte la verdad de lo ocurrido con el informe de la comisión de la verdad y la reconciliación, pero ha sido incapaz de hacer justicia, prefiriendo optar por varios intentos de dar un punto final al tema de los derechos humanos haciendo concesiones a los militares que permitan cerrar los casos de detenidos políticos desaparecidos. Ha sido más bien el trabajo de los abogados de derechos humanos lo que permitió en primer lugar que se limitara la aplicación de la ley de amnistía por la aplicación de la figura del secuestro permanente en casos de detenidos desaparecidos, lo que obliga a los tribunales a mantener los casos abiertos en ausencia del cadáver de los presos políticos desa´parecidos o que se sepa con certidumbre que han muerto. El proceso más emblemático, aquel lanzado contra el dictador Pinochet, a su regreso desde la “London Clinic”, terminó en una impunidad a la chilena producto de la evaluación negativa del estado de salud del ex-dictador. Ello le permite vivir el resto de sus días sin ser incomodado a cambio de que no juegue un rol político activo.
Diversos gobiernos de la Concertación de partidos por la democracia han intentado establecer leyes que permitan cerrar los casos de detenidos desaparecidos a cambio de información. La Iglesia católica también lo ha intentado en aras de la reconciliación nacional.. Todo parece indicar que sin un despertar de las conciencias este podría ser la vez que ganara la instalación de la impunidad. Según los observadores esta propuesta se inscribe en un pacto con los militares que si permitirá cerrar los casos. En efecto, Tanto Aylwin como Frei plantearon en su momento proyecto proyectos fallidos que buscaban cambiar información por impunidad. En esas oportunidades los socialistas de la coalición gobernante habían rechazado esas propuestas.
La propuesta del gobierno actual es de compensar la entrega de información que permitiría cerrar los caso de detenidos desaparecidos que son fuente de hostigamiento para los militares a cambio de reducción de penas. Tras ello, sin embargo está el cierre de los casos de detenidos desaparecidos mediante la aplicación inmediata del decreto de amnistía. Este proyecto está balanceado por propuestas de reparaciones monetarias para los familiares de las víctimas quienes las necesitan verdaderamente por su precaria situación económica. Esta situación de casi chantaje es denunciada por la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos.
En efecto el mentado proyecto, que modifica la ley de reparaciones, tuvo un rápido despacho en la comisión de derechos humanos y en la comisión de hacienda quedando listo para un voto en pleno. También fue aprobado por unanimidad el proyecto que para borrar anotaciones prontuarias por delitos contra la ley antiterrorista durante la dictadura, quedó en suspenso la aprobación del proyecto de incentivos con atenuantes de penas y eximentes de responsabilidad en casos específicos, para quienes entreguen información útil para dar con el paradero y destinos e detenidos desaparecidos. Aunque el gobierno insiste que los tres proyectos no están ligados esta claro que son un paquete, como lo denuncia Mireya Garcia de la Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos.
Si el proyecto no pasó completo y la parte de los incentivos a la entrega de información sobre detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, debe volver a discutirse. Ello es porque fue cuestionado por la pinochetista Unión demócrata independiente en lo que se refiere al traspaso de las causas de las fiscalías militares a los tribunales civiles en un plazo de 30 días después de decidida la ley. La derecha objeta esa disposición del proyecto porque podría permitir que reabran casos que ahora estén cerrados por la fiscalía militar que considera solamente a los que hacían el servicio militar obligatorio y los civiles en tareas sanitarias. Aunque se rumorea la existencia de una nueva redacción el proyecto volverá ala comisión de derechos humanos para una nueva aprobación que el ministro del interior Miguel Insulza considera una formalidad, que será de fácil corrección.
Según las organizaciones de derechos humanos, se trata de que la Concertación justificaba el proyecto porque contiene elementos de impunidad mientras que la derecha busca obtener más impunidad aún, ello sin que ningún parlamentario haya acogido las demandas de justicia de los familiares de las víctimas o sus organizaciones.
A poco más de treinta años del golpe de estado en Chile y de 14 años de retorno de gobiernos civiles, la democracia chilena sigue manteniendo la deuda de justicia. El carácter imprescriptible de los cientos de casos de detenidos políticos desaparecidos y de la ley de amnistía en esos casos, hace que las gestiones del gobierno chileno estén reñidas con el derecho internacional y las convenciones en la materia firmadas por el gobierno de Chile. Aunque el gobierno de Ricardo Lagos viva la tentación de cerrar definitivamente el capítulo de los derechos humanos en Chile mediante la aplicación de la ley de amnistía o de hacer justicia en la medida de lo posible, está claro que constituye una mala solución. Mientras en Argentina se enfocan de manera correcta esta problemática, Chile se hunde nuevamente en lo inaceptable, aunque ello se cubra por el manto de la reparación a los familiares de las víctimas. Una situación que debe interpelar no sólo a los chilenos en Montreal sino que a todos los latino-americanos, que deben apoyar los organismos de derechos humanos en su lucha por la justicia. Porque nada termina antes de haberse terminado bien.

La globalización volvió a la noticia esta semana con las reuniones de la Organización Mundial de Comercio, con las del G7 y las del Banco Mundial y el FMI, en Washington. En ellas los grandes delmundo se felicitaron de que este año la economía mundial crecerá en 4,5%.
Sin embargo, todo no es rosa. En efecto, esta semana en Ginebra los 147 países miembros de la Organización mundial de comercio, OMC, no se pusieron de acuerdo para salir del impasse en las conversaciones creado en la reunión interministerial de Cancún en Septiembre del año pasado. Ello significa que la actual ronda de negociaciones que debiera terminar a fines de 2004, se encuentra en dificultades. Como se recordará, los países en desarrollo organizados principalmente en el fugaz G-20, exigían que los países desarrollados se comprometieran a fijar una fecha para la eliminación total de las subvenciones que Estados Unidos o la Unión Europea acuerdan a sus exportadores.
Al centro de este debate están principalmente los nuevos temas relativos al comercio de servicios y los derechos de propiedad.
En efecto, más que el Banco mundial o el Fondo Monetario Internacional, (creado a fines de los años 40) debe recordarse que la Organización Mundial de Comercio es uno de los pilares de la globalización neoliberal en la medida en que empuja constantemente en favor de nuevas formas de liberalización del comercio y la producción basada en el paradigma neoliberal que considera que el incremento del comercio lleva al desarrollo económico.
Como se recordará, hace diez años, el 15 de abril de 1994 fue firmado el Acuerdo de Marrakech que dio origen a la OMC, al final de llamada ronda de Uruguay. Una consecuencia directa del fin de la guerra fría y organización motor de la globalización.
Además de crear la OMC, el sistema multilateral de la globalización neoliberal surgido de la ronda de Uruguay que estuvo a la base de este proceso, se firmaron una serie de trece acuerdos sobre el comercio de bienes, y, lo que fue más importante, fue la firma de dos acuerdos que extendieron el campo de lo que se comercia a nivel mundial. Por un lado el llamado acuerdo sobre los derechos de propiedad y por otro, el acuerdo sobre el comercio de servicios.
Como se recordará, el acuerdo sobre el derecho de propiedad es el que permite que las multinacionales mantengan durante dos decenios en algunos casos el monopolio en el uso de farmacéuticos a lo que se obliga a los miembros de la OMC. También ha significado que se le acuerde un derecho de propiedad a múltiples producciones que eran consideradas patrimonio de la humanidad como es el caso de las variedades de arroz como en Tailandia . También en lo que se refiere a los productos transgénicos.
En el caso del acuerdo general sobre el comercio de servicios, se trata de extender a un dominio que antes no era considerado parte del comercio internacional, porque ya no se trata de bienes y que por lo tanto no puede estar por las llamadas ventajas comparativas. A pesar de ello, se extiende la lógica de que todo es una mercancía , pese a que se trate de un servicio entre personas y de carácter intangible. La extensión del comercio de bienes se extiende a los servicios con la aplicación de la noción de la cláusula de la nación mas favorecida y el trato nacional. Esto corresponde al llamado proceso de mercantilización de todo lo que existe que es el motor de la globalización neoliberal.
Esta mercantilización de los servicios esta dirigida contra la concepción de la existencia de bienes comunes de la humanidad, El caso mas patente es el del agua. El bien común indica que se trata de una propiedad de todos. A ello se agrega la existencia de los bienes públicos que corresponden a los derechos de los ciudadanos por su existencia en sociedades, por ejemplo a servicios de base que permiten la reproducción de la vida social (como es la salud o la educación por ejemplo y que indican el nivel de civilización de una sociedad. Es en esa perspectiva que se plantea la existencia de servicios públicos, porque son sobre bienes de propiedad colectiva y que se inscriben como derechos de los ciudadanos como es el acceso al espacio público.
Es en ese marco que puede comprenderse que tras el debate sobre el comercio de bienes y el estancamiento de las discusiones en la OMC existe una problemática bastante más compleja que está caracterizada por el desarrollo de la extensión del comercio internacional a nuevos sectores.
Si el acuerdo general de los servicios es percibido como una amenaza para la existencia de servicios públicos. En el caso de América latina, viene a consolidar el proceso de privatización iniciado por los programas de ajuste estructurales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Su efecto es precisamente de consolidar bajo ese acuerdo que se transforma en una imposición la privatización de los bienes comunes y de los bienes públicos.
Ello explica que el objetivo principal del ALCA sea precisamente de extender los acuerdos sobre el comercio de bienes al del sector de servicios, donde se inscriben también los flujos financieros, servicios financieros y las inversiones extrajeras directas. Que ahora se encuentran protegidas por acuerdos que consideran como expropiación cualquier cambio en las reglas del juego por los estados que baje las ganancias de las multinacionales. Es lo que se encuentra en el ALCAN, que sirve de modelo al ALCA. La resistencia latinoamericana y sobre todo la elección del gobierno de Lula en Brasil y la reciente elección de Kischner en Argentina hacen cada día más difícil que se produzca otra cosa que un ALCA light en las Américas. Sin embargo el viraje de la estrategia comercial estadounidense hacia el desarrollo de acuerdos bilaterales está transformando la situación. A los acuerdos del ALCAN, se agrega el que se estableció con Chile y el aprobado recientemente con los países de América central con la excepción de Costa Rica porque este país tiene monopolios en sector de las telecomunicaciones (fue castigado). Estos tratados, como el qe se discute con Perú y otros países incorporan los acuerdos sobre servicios en una acepción mas extensa que el AGCS que existe en la OMC y que está en negociaciones que deben terminar a fines de año.
El empantanamiento de las conversaciones en la OMC, el incremento de acuerdos bilaterales como estrategia comercial de estados Unidos, mientras se vive una situación de creciente militarización en las Américas son elementos que apuntan a una creciente bancarrota de los proyectos neoliberales, mientras caen a repetición los gobiernos que se hayan transformado en modelos de políticas neoliberales como en Argentina. Mientras tanto, como lo señala el último informe de la CEPAL, aumento la pobreza en América latina y el Caribe a 44% de la población y el numero de indigentes llegó a 20%. Es en ese marco que la búsqueda de alternativas que cambien el paradigma neoliberal por otro cuyo eje esté centrado en el mejoramiento de condiciones de vida son elementos fundamentales. Las reuniones de los grandes de la globalización, en el G7, en la OMC en el Banco Mundial o en el FMI esta semana, recuerdan la urgencia de la búsqueda de alternativas.