arte arte latino por MARCELO SOLERVICENS
Ir a la Portada Comentario del Domingo 25 de Febrero del 2007



Marcelo Solervicens

1. El fallo de la Corte Suprema de Canadá sobre los certificados de seguridad.
2. El comienzo de la campaña electoral en Quebec.


  
   1. El fallo de la Corte Suprema de Canadá sobre los certificados de seguridad.

El viernes 23 la Corte Suprema declaró anticonstitucionales los llamados certificados de seguridad. Por un lado, las disposiciones que permiten mantener en secreto las pruebas negando así el acceso a un proceso en tiempo razonable a los inmigrantes o refugiados considerados por el gobierno canadiense como una amenaza a la seguridad nacional. Por otro lado, las disposiciones que permiten detener sin revisión de sus casos por un periodo de 120 días a los refugiados e inmigrantes con certificados de seguridad, la corte exige que sea un periodo de 48 horas máximo.
Se trata de un juicio que puede tener influencia no sólo en Canadá sino que en el resto del mundo porque restablece el principio de la igualdad de los individuos ante el estado de derecho. El acceso a la justicia no depende de la ciudadanía y a pesar de la validez de la defensa contra el terrorismo se debe buscar un equilibrio entre la necesidad de seguridad y los derechos individuales.

No se trata de una decisión que esté ligada a la ley antiterrorista y sus disposiciones controvertidas que el parlamento federal debe decidir si vuelva a imponer a partir del 1º de Marzo. Esas disposiciones de la Ley Antiterrorista, por su naturaleza fueron sometidas a una cláusula crepuscular cuando se adoptaron en 2001, vale decir que su vigencia se extingue si el parlamento no decide nuevamente establecerlas. A pesar de que la ley de los certificados de inmigración es distinta de la ley antiterrorista sus disposiciones la problemática es semejante porque se aplican a refugiados e inmigrantes que se consideran sospechosos de terrorismo y referidas a los abusos del poder estatal. Como se recordará, la ley antiterrorista suspendió por cinco años la presunción de inocencia y amplio límites a la detención sin acusación formal de los sospechosos de terrorismo. También esta ley suspendió la presunción de inocencia obligando al acusado a responder a interrogatorios para probar su inocencia. El contexto que permitió esas limitaciones a los derechos individuales, ha cambiado en cinco años, y ahora el nuevo jefe de los liberales staphane Dion decidió que no apoyarán el mantenimiento de las medidas controvertidas que hasta ahora no han sido usadas. Aunque el primer ministro conservador Stephen Harper acusa a Dion de blando frente al terrorismo para ganar apoyo de los canadienses preocupados por la amenaza terrorista, la decisión de la corte suprema recuerda la obligación del Estado en respetar las libertades civiles cuando busca defender la seguridad nacional.

Veamos algunos antecedentes.

En primer lugar, con respecto a los certificados de seguridad. Estos fueron incorporados a la ley de inmigración a contar de 1988, bajo el gobierno conservador de Brian Mulroney, permitiendo excepcionalmente que el gobierno federal expulse los no ciudadanos canadienses que se encuentren en su territorio cuando estima que son un peligro para la seguridad nacional. Se trataba de una disposición que buscaba originalmente la solución rápida de algunos casos de refugiados. La ley fue revisada en 2002, para hacer más estrictos los aspectos de seguridad para detener a sospechosos de terrorismo. El problema es que porque los refugiados no pueden ser devueltos a países donde se les aplicará la tortura, se produce un impasse persistente que hace que personas vean su libertad conculcada sin tener derecho a defensa.

Los certificados de seguridad son firmados por el ministro de la justicia y el de la seguridad pública en persona y son revisados por un juez de la corte federal para ver si son razonables en ausencia del abogado defensor y sin que se conozca las sospechas que le conciernen.
En la práctica desde antes del 11 de septiembre de 2001 y también después, los certificados han sido usados principalmente contra residentes canadienses, años después que llegaran a Canadá, en 1995 en el caso del marroquí Adil Charkaoui que ahora está en libertad vigilada. Lo mismo ocurre con el inmigrante argelino Mohamed Harkat. Otros tres como Asan Almrei, Mhammad Mahjoub y Mahmoud Jabbalah que siguen detenidos desde años han recurrido a huelgas de hambre. Los detenidos por certifcados de seguridad han concitado apoyo importante de grupos de defensa de derechos humanos que consideran sus lugares detención como el Guantánamo del Norte, en referencia a los campos de concentración establecidos por Estados Unidos en su Base Naval en la Isla de Cuba. En todos los casos, se desconoce cuales son las pruebas que tiene la policía contra ellos son secretas y por ello la apariencia de injusticia es insoportable.

En un juicio unánime los 9 jueces de la principal instancia judicial canadiense decidieron que esas disposiciones son inconstitucionales porque los certificados de Seguridad violan el artículo 7º de la Carta de Derechos y Libertades.

La corte considera que no es razonable rechazar a los refugiados e inmigrantes sospechosos de terrorismo el acceso a la prueba por la que se les mantiene detenidos. Ello no garantiza el acceso a una audición equitativa que es un derecho fundamental. El artículo 7º garantiza que las leyes que limitan el derecho a la vida, a la libertad a la seguridad de la persona deben respetar los derechos fundamentales de las personas y ello se consigue gracias a una equidad en los procedimientos legales.

La corte reconoce que el estado puede tener que mantener secretas sus fuentes de información por lo que recomienda que se usen abogados especiales, como un “amigo de la corte”, y dan ejemplos de ese tipo de abogados usados en el caso del atentado contra Air India o como en el caso de Maher Arar quien fue injustamente acusado de terrorista por la seguridad canadiense. La corte insiste entonces sobre la importancia de la transparencia en el tratamiento de los casos de seguridad nacional para evitar consecuencias terribles como en el caso de Maher Arar.

El segundo aspecto inconstitucional de los certificados de seguridad según el dictamen unánime de la Corte Suprema es la disposición de la ley que permitiría tratar de manera diferente a los extranjeros o los residentes permanentes. En efecto la ley permitía un periodo 120 días antes que se revisara la aplicación del certificado de seguridad. La Corte rebajó el límite a 48 horas.

Aunque la decisión de la corte constituye una victoria importante, ella contiene ambigüedades y aspectos preocupantes según organizaciones de derechos humanos. Por ejemplo la corte no critica la detención prolongada sin juicio como una violación de derecho constitucional. Considera que como no pueden expulsarse los detenidos a países donde se practica la tortura, el mantenimiento de ellos en estado de detención no es responsabilidad del estado.

La corte Suprema le dio un año al gobierno federal enmiende la ley para que esta sea constitucional, en caso contrario, los certificados de seguridad dejarán de existir. La Corte Suprema no exigió la eliminación de los certificados de seguridad, pero insiste en que ellos deben respetar los derechos fundamentales. Es importante comprender que la Corte Suprema no suspende este procedimiento excepcional, pero insiste en que ellos deben contener procedimientos legales en la tradición del derecho británico que concilien los derechos individuales con la seguridad del estado.

Causó gran revuelo la decisión de la corte suprema porque tiende a cuestionar paralelamente las posiciones que defiende la administración Harper, más cercana, según los observadores, de la estrategia de la Casa Blanca que de la tradición judicial británica imperante en Canadá. Las dos disposiciones de la llamada ley antiterrorista que el primer ministro Stephen Harper quiere renovar antes del 1º de Marzo se refieren precisamente a la detención preventiva de personas sospechosas de terrorismo y desequilibran el balance que debe existir entre seguridad y derechos humanos. Eso se agrega a la polémica causada por el interés de los conservadores en nominar jueces con el criterio de que sean duros contra el crimen. Se agrega también al bajo argumento de Stephen Harper que al negarse a reconducir las disposiciones de la ley antiterrorista, los liberales estarían protegiendo a un familiar de uno des sus diputados en el Caso de Air India. Todo ello en el contexto de acusaciones de que el nuevo jefe de los liberales federales sería blando contra el crimen y el terrorismo. Al atacar al nuevo lider liberal, los conservadores pretenden ganar votos para obtener la mayoría parlamentaria, si llaman a elecciones en la primavera.

En el contexto ulterior a los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, las capitales de muchos países aprovecharon de adoptar leyes antiterroristas que limitaron en mayor o menor medida las libertades civiles en aras de salvaguardar la seguridad nacional. El impacto político del juicio unánime de la corte suprema de Canadá en relación con los certificados de seguridad, es que a pesar de reconocer que los Estados tienen derecho a defenderse, pero ello no debe hacerse en desmedro del derecho de los individuos a procedimientos legales justos. Debe buscarse un equilibrio entre los derechos humanos que por definición internacional son anteriores al estado y los imperativos de seguridad nacional. En caso contrario provocan situaciones aberrantes como la ocurrida con Maher Arar, u otras que han existido en Canadá en el pasado, en las que priman objetivos políticos contingentes, antes que la salvaguardia de las sociedades como fueron denunciados por la Comisión Keable en el caso de Québec.

2. El comienzo de la campaña electoral en Quebec..

Finalmente, y tal como se esperaba, el primer ministro Jean Charest solicitó a la gobernadora general Lise Thibault, la disolución del gobierno ministerial y el llamado a elecciones generales a la Asamblea Nacional de Québec para el Lunes 26 de Marzo próximo.

Se trata de una campaña electoral que comienza en la incertidumbre en cuanto a los ganadores. La campaña electoral es importante porque el desempeño de los candidatos puede influenciar efectivamente el resultado. Nadie puede afirmar a ciencia cierta si los liberales de Jean Charest serán reelegidos para un segundo mandato o si André Boisclair podrá formar un nuevo gobierno.

La incertidumbre es alta porque los partidos menores pueden causar sorpresas influyendo los resultados: Los observadores prevén que gracias a su posición respecto de los llamados acomodamientos razonables, la Acción Democrática de Mario Dumont podría aumentar su número de diputados en las circunscripciones en torno a la capital nacional. También un buen desempeño podría confirmar la existencia del partido Québec Solidario como un referente de izquierda en el panorama político provincial, si obtiene más del 5% de los votos, arrebatándole votación al PQ. Además, el Partido Verde, podría esta vez luego de más de 20 años de existencia ir a obtener cerca del 10% del electorado. Québec Solidario, el Partido Verde, además con la votación del ADQ, podría llegar al 30% de la votación, con lo que podría haber un gobierno minoritario por primera vez en la historia de Québec desde 1870.

La incertidumbre en los resultados por la dispersión de la votación revela algo que ya es evidente: la diversificación de la sociedad quebequense y la crisis de los partidos tradicionales, una crisis también de la política tradicional por la curva decreciente de participación electoral en las tres últimas elecciones. Diversidad que se manifiesta en la existencia de votos regionales distintivos, entre zonas rurales y zonas urbanas, entre Montreal y la región de la ciudad de Québec.

Un panorama complejo, que en el caso de Québec provocara un remezón en las elecciones federales cuando los electores de la región de la capital nacional se dejaron tentar por el federalismo de apertura de Stephen Harper: El famoso “misterio de Québec”. Por otro lado, se evidencia también diferencia de voto entre zonas más “modernas” y zonas más tradicionales que ponen en tensión el carácter pluriclasista de los partidos tradicionales quebequenses que deben conciliar electorados disímiles.

Esa diversidad se refleja en la primera encuesta dada a conocer en el momento de iniciar la campaña el miércoles. En efecto los liberales tendrían 35%, el Partido quebequense en 32%, la ADQ en 18%, el partido verde 9% y el partido Québec Solidario 5%.

Ello oculta el problema para los liberales. Como las elecciones se dirimen en función de la primera mayoría que elige un diputado en cada una de las 125 circunscripciones de Québec, y como la votación de los liberales se concentra principalmente en circunscripciones anglófonas o de antiguos inmigrantes, necesita un voto popular mayor para ganar en las 63 circunscripciones necesarias. Los expertos estiman que los liberales deben tener por lo menos 6 puntos de avance en las encuestas, sobre los pequistas para ganar la mayoría de diputados para formar el gobierno mayoritario. Es lo que se apreció en una de las últimas elecciones ganadas por el partido quebequense, cuando pese a tener menos voto popular obtuvieron la mayoría de los diputados. También afecta Jean Charest que su gobierno tiene cuotas elevadas de impopularidad, por encima del 50% de los electores, pese a que no ha cometido errores desde hace un año. Muchos observadores resaltan que la actual arrogancia de Jean Charest oculta una profunda debilidad. Su reelección está lejos de estar asegurada, a pesar que en general en Québec los partidos consiguen obtener dos mandatos seguidos de la población.

Por su parte, el líder pequista André Boisclair tampoco tiene una tarea fácil en la campaña. Las encuestas revelan que la mayoría de los quebequenses dudan que pueda ser un buen primer ministro, encontrándose incluso tras Mario Dumont. Es paradojal que la popularidad de la soberanía de Québec concita el apoyo de 45% de los electores. Le bastaría a Boisclair obtener el apoyo de los soberanistas para asegurar su elección.
A pesar que existe gran incertidumbre sobre el resultado de las elecciones lo que las hace interesantes, debe reconocerse que de las 125 circunscripciones esa incertidumbre sólo unas 40 de entre ellas pueden cambiar de partido representante. Ellas se encuentran principalmente en la región de la capital nacional. Allí existen luchas entre candidatos de tres partidos políticos y no se sabe quien podrá ganar. Según los observadores es en esas circunscripciones donde se definirá el partido que gane las elecciones. También hay circunscripciones en disputa en las regiones rurales y en la corona sur y norte de Montreal, pero son menos importantes.

Respecto a los contenidos de la campaña, puede señalarse que el primer ministro Jean Charest juega peligrosamente. Pretende hacer campaña sobre el balance de las realizaciones de su gobierno. El problema es que son precisamente las acciones del gobierno de Jean Charest las que le hacen tan impopular frente a los electores.

Desde el inicio de la campaña le pide a la población un segundo mandato de continuidad, centrado en la salud que es la principal preocupación de los quebequenses. Con ello abre el flanco para los ataques concretos de la oposición sobre sus promesas no cumplidas, entre ellas, las de reducir los impuestos, de asegurar la eliminación de las listas de espera para las operaciones. Otros señalan que la gran duda cuando los liberales hablan de continuidad, no se sabe si hablan de continuar como con el último año de gobierno, sin sobresaltos, o si será la continuidad de los tres primeros años de su mandato, con políticas impopulares y una serie de errores de gestión. Lo cierto es que la imagen de gobierno exitoso que trata de proyectar parece un castillo de naipes pronto a derrumbarse.

Su propuesta de gobierno responsable tampoco despierta un gran interés. Ya nadie recuerda que el ministro de Finanzas presentó un presupuesto en el que la gran interrogante que persiste es de cuantos millones de dólares le entregará Ottawa a Québec cuando presente su presupuesto el 19 de marzo próximo, a sólo una semana de las elecciones. La connivencia entre Charest y Harper es una posición arriesgada. Aunque sea muy positivo para su campaña que aparezca recibiendo dineros de Ottawa resolviendo así el desequilibrio fiscal, es peligroso que aparezca a remolque del partido conservador. En efecto, el gobierno Harper es popular en algunas regiones de Québec por su posición menos centralizadora que la de los liberales federales, pero la mayoría de sus posiciones en materia de ley y orden, de política extranjero, de política medioambiental están en contrapunto con las posiciones de los quebequenses. También Charest cometió el error de proponer aumentar el costo de las matrículas en las universidades, provocando la clientela estudiantil, que aunque no vota mayoritariamente por los liberales, obtuvo apoyo de la población en el pasado.

Por su parte los contenidos de la campaña de André Boisclair no despiertan excesivo entusiasmo. Gran parte de su campaña se basa en la crítica del balance del gobierno liberal. Entre otras cuestiones plantea deshacer la privatización de parte del Monte Orford que fue una de los grandes errores del gobierno de Jean Charest. También plantea hacer obligatoria la declaración de las infecciones con la bacteria Clostridium difficile en los hospitales, como medida para controlar las infecciones que han provocado varias muertes en los últimos meses. También hizo durar, aumentando así las expectativas, sobre su plan de gobierno que fue dado a conocer el Sábado 24 de Febrero. La propuesta de programa de gobierno se concentra en la educación y parece conciliar las diferentes tendencias presentes en el partido quebequense. A diferencia de lo que algunos denunciaban, vale decir que se ocultaría la propuesta de un nuevo referendo sobre la soberanía, este aparece claramente indicado en el programa. El uso de la terminología consulta popular en lugar de referendo ha despertado crpiticas de Jean Charest y otros pero está claro que el programa del PQ combina la propuesta de un buen gobierno provincial con el intento de hacer la nuevamente la soberanía.

En el marco de una campaña en la André Boisclair aparece menos popular que el partido quebequense, el lider pequista tiene un enorme desafío si desea asegurar su victoria porque Jean Charest tiene fama de batallador en las campañas electorales. Aunque ha terminado por recibir el apoyo unánime de todos los sectores del PQ, para evitar debilitar aun mas el PQ, lo cierto es que no aparece como el líder que se esperaba cuando fue elegido. Algunos lamentan incluso que Landry no esté allí o que no hayan elegido a Pauline Marois. Pese a que no consiguió contar con el equipo soñado como lo había anunciado, porque no cuenta con suficientes candidatos vedette, las expectativas son tan bajas, que no puede hacer peor que lo que esperan los observadores, por lo que se espera que haga una buena campaña.

Mario Dumont, el jefe de la ADQ, tiene gran popularidad personal y aparece con gran experiencia, pero no cuenta con un equipo que le apoye, no alcanzando incluso a presentar candidatos en todas las circunscripciones. Sin embargo, por su popularidad personal y por haberse definido definitivamente en la tradición derechista rural de la fallecida Unión nacional, puede efectivamente aumentar su votación y obtener una mayor diputación que en la Asamblea nacional saliente.
Por su parte Québec Solidaire ha conseguido aparecer en las informaciones planteando algunas propuestas novedosas. Aunque no ha conseguido presentar candidatos en todas las circunscripciones aparece en vías de transformarse en partido político que se posiciona a futuro como alternativa de izquierda.

El Partido Verde, por su parte aparece beneficiando del interés público por concentrarse exclusivamente en los temas del medio ambiente. El problema es que puede tener menos votación que lo que anuncian las encuestas porque todos los partidos políticos tienen propuestas para el medio ambiente con lo que su especificidad puede diluirse.

La campaña electoral quebequense tiene un alto nivel de incertidumbre, pero lo que la hace más interesante aún es que influirá en la política canadiense. Stephen Harper espera intervenir directamente en la campaña asegurando la victoria de su aliado Jean Charest, ofreciendo miles de millones de dólares en el presupuesto que presentarán el 19 de Marzo. Con ello busca reforzar la idea que Jean Charest es el mejor defensor de los intereses de Québec y que está dispuesto a trabajar con él. Harper necesita aumentar su votación en Québec para obtener un gobierno mayoritario en las próximas elecciones, que se pueden realizar inmediatamente después de las elecciones en Québec. Si Jean Charest gana las elecciones, Harper tiene casi asegurada una victoria electoral porque habrá mostrado que su política consigue desarticular el separatismo quebequense.

Si por el contrario Jean Charest pierde, el panorama se le complicará mucho porque ello significará que la política de apertura a Québec sólo benefició a los “separatistas”. Lo más probable en ese caso es que sean Stephane Dion y los liberales federales quienes sean los que ganen las próximas elecciones federales porque aparecerán como los más apropiados para detener el separatismo quebequense.



   Marcelo Solervicens                Desea escribir al autor ?
 Marcelo Solervicens es Cientista Político de la Universidad de Montreal y colabora con TuGuíaLatina.com desde su fundación en Febrero 2002. Las opiniones expresadas en este artículo, son de exclusiva responsabilidad del autor