LA CUMBRE DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO ENTRE MONTREAL Y MÉXICO.

Del 28 al 30 de julio se realizó en Montreal una mini-reunión de carácter informal con 25 ministros de comercio de diversos países convocada por el ministro de comercio de Canadá Pierre Pettigrew. Se pretendía hacer avanzar las negociaciones entre Estados Unidos y Europa con vistas a la 5� cumbre interministerial de la Organización Mundial de Comercio, OMC, prevista en Cancún México para el 10 al 14 de septiembre próximo. En Cancún deben seguir las negociaciones iniciadas en Doha hace un par de años y que establecen nuevas reglas en campos muy extensos que exceden el tradicional comercio de bienes entre países.
Mientras se reunían los ministros en un lujoso hotel, la policía reprimió injustificadamente los manifestantes, procediendo a más 250 arrestos en un terreno baldío alejado de los disturbios. Ello revela la tendencia represiva contra el movimiento llamado por “otra mundialización” Ese movimiento que se opone a la mundialización con criterios neoliberales tuvo éxito en Seattle cuando logró que la OMC desbancara el Acuerdo Multilateral de Inversiones, AMI, que ubicaba a las transnacionales por encima de los Estados. Esa tendencia represiva a las movilizaciones sociales sobre la mundialización, culminó con la muerte de una manifestante en Génova, Italia y se ha visto fortalecido después con la obsesión por la seguridad por parte de los gobiernos occidentales luego de los atentados suicidas de septiembre del 2001 en Nueva York.
Montreal fue un índice claro del bloqueo existente en la democratización del proceso de mundialización. Por una parte, la Organización Mundial de Comercio es usada para imponer la dominación de los países desarrollados sobre los países en desarrollo. Por otro lado, los gobiernos aceptan limitaciones a su soberanía económica, sin informar a sus electores, creando instancias con poder ejecutorio superior a la Constitución de cada país y de sus parlamentos.
Como se recordará la Organización Mundial de Comercio agrupa más de 150 países y fue creada en 1995 al final de la ronda de Uruguay del llamado Acuerdo general de tarifas y Comercio, conocida por su sigla inglesa GATT. El GATT fue una instancia de adhesión voluntaria de los países, que está fuera del sistema de las Naciones Unidas y fue establecido por los países occidentales luego de que la guerra fría impidió que se formara una instancia de las Naciones Unidas dedicada al comercio. El GATT estableció a través de procesos de negociación una serie de reglas de comercio internacional, como la cláusula de la nación mas favorecida, por la cual una nación no puede dar trato privilegiado en el comercio a otra nación sin otorgárselas a todas. El GATT sirvió también para la adopción en 1995 a una serie de acuerdos sobre comercio que fundaron las reglas del juego dictadas por la OMC. Esos acuerdos eran sobre el comercio de bienes,(GATT) sobre los servicios, (GATS/AGCS) sobre las inversiones (TRIMS) y sobre los derechos de propiedad intelectual. (TRIPS/ADPICS) . La adhesión a la OMC implica la aceptación de los fallos de sus instancias decisionales, lo que se traduce en aceptar las sanciones por parte de los países miembros. Por ello la actual ronda de Doha, es importante en la medida en que si los países desean seguir formando parte del movimiento de mundialización, se verán obligados a respetar los acuerdos que están en discusión. En la definición de las reglas puede operar el veto, porque los acuerdos deben tomarse por consenso. En esa medida la OMC es una instancia multilateral que se ubica al centro del sistema económico mundial actual y que impulsa las reglas de la mundialización neoliberal. Sus decisiones afectan millones de habitantes pese a que son tomadas a puertas cerradas por técnicos. Además, como el poder económico de los países es desigual así como su poderío político las reglas de la democracia no son respetadas.
El primer aspecto a destacar es que las reglas actuales del comercio internacional favorecen los países llamados desarrollados o del norte del planeta, contribuyendo al empobrecimiento continuo de los llamados países en desarrollo. Esto, especialmente en el campo de la agricultura porque ya que los países desarrollados subvencionan su agricultura, sus productores pueden vender sus productos agrícolas más barato que en los países en desarrollo. Las cifras hasta del Banco Mundial o del Fondo monetario Internacional muestran que sólo en el sector agrícola esas subvenciones son de más de 320 mil millones de dólares.
Paradojalmente, las reglas del comercio internacional de la OMC, exigen que los países en desarrollo se abran al comercio mundial. Algunos autores y el movimiento contra la mundialización neoliberal, insisten con razón, sobre el desorden mundial creado por la aplicación de las recetas neoliberales. El llamado “Consenso de Washington” estableció al comercio y la apertura económica como fundamentos del crecimiento económico sin preocuparse por el desarrollo. El desarrollo es más amplio, porque concita los aspectos sociales, culturales y políticos privilegiando un enfoque global y no sólo por el aumento de las exportaciones o de los flujos de inversiones. Se trata de reconocer el desarrollo como un derecho humano fundamental.
El segundo aspecto se refiere a los aspectos centrales en discusión de la rueda de Doha. Como lo señalábamos, se trata del proteccionismo de Europa y Estados Unidos creado por sus enormes subvenciones agrícolas que se constituyes en barreras no arancelarias al comercio internacional. Eso permite destruir la producción triguera y de otros productos tradicionales en los productos en desarrollo. Además, los países desarrollados aceptan con bajos aranceles las materias primas pero los aumentan o fijan cuotas a la importación para los productos con valor agregado.
Aunque entre los Estados Unidos y Europa se haya llegado a un acuerdo, es difícil que cambien las reglas del juego. Sobre todo si se constata que la administración Bush decidió aumentar con Nacional Farm Act a fines del año pasado sus subvenciones a los agricultores estadounidenses, para obtener el fast track en el Congreso. Es probable que en Cancún, la oposición de los países en desarrollo haga descarrilar el acuerdo. Por ello es que los Estados Unidos y Europa han elegido la vía de establecer acuerdos comerciales bilaterales que lleven a imponer sus reglas del comercio internacional en la OMC en otros aspectos que los directamente comerciales (servicios, propiedad intelectual, inversiones)
Otro tema de negociación son los acuerdos sobre los derechos de propiedad intelectual. Actualmente los derechos de propiedad intelectual prohiben la producción de medicamentos genéricos, mucho más baratos contra enfermedades como el SIDA por ejemplo. Ello provoca enormes problemas en Africa y las excepciones obtenidas hasta ahora no resuelven el problema. Las sumas prometidas por el presidente Bush en el marco de la campaña contra el SIDA son precisamente subvenciones disfrazadas para las transnacionales farmacéuticas estadounidenses.
El tercer aspecto se refiere a las relaciones entre economía y política que revela la organización mundial de comercio. Teóricamente, la Organización Mundial de Comercio es una instancia multilateral formada por estados soberanos que renuncian a parte de su soberanía para aumentar el comercio internacional porque este traería la prosperidad. En esa medida, esa instancia comercial es representativa de los gobiernos, elegidos por sus poblaciones, por lo tanto es una instancia democrática, como diría Jean Chrétien. Él plantea que los críticos de las instancias de la mundialización debieran trabajar más bien por cambiar esos gobiernos y no atacar las instancias que les organizan. Sin embargo, esa percepción deja dos cuestiones fundamentales de lado. La primera es que la OMC, cuenta con una serie de instancias decisionales que se ubican por encima de los estados y que no son elegidos, imponiendo sanciones que afectan las poblaciones locales. Medidas basadas en el llamado consenso de Washington y sobre la base de los acuerdos obtenidos en ruedas de negociaciones. La segunda es que la OMC depende de las relaciones de fuerzas entre los estados miembros y en esa medida sigue los dictados de los países del norte desarrollado que consideran que su forma neoliberal de considerar el comercio y el desarrollo son las únicas válidas. Al interior de esa relación de fuerzas se agrega que en los últimos años el que los Estados Unidos se haya transformado en la potencia hegemónica mundial que dictan sus deseos en su campaña de expansión mundial basada en el libre comercio y en el marco de su cruzada contra el terrorismo a nivel mundial.
El combate por que el comercio internacional esté al servicio de las poblaciones mundiales y no en función del lucro es difícil. Una situación que debe seguirse de cerca.

  EL PRESIDENTE CHILENO RICARDO LAGOS PIERDE LA OCASIÓN DE HACER HISTORIA CON SU PROPUESTA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

Esta semana Chile ocupó la noticia internacional. El martes con el discurso del presidente de ese país sudamericano sobre su política en materia de derechos humanos, mientras que el miércoles fue con el primer paro Nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores contra los abusos patronales y en critica a la inmovilidad del gobierno frente al deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores. Todo ello a pocas semanas de la conmemoración de los treinta años del sangriento golpe de estado de Pinochet en 1973. se trata de dos elementos que permiten clarificar la situación de ese país sudamericano.
Fue finalmente el martes 12 de agosto que el presidente socialista de la gobernante Concertación de Partidos por la Democracia, Ricardo Lagos anunció su esperado proyecto en materia de derechos humanos. Se esperaba que su propuesta satisfaciera finalmente las demandas de verdad y justicia de los familiares de detenidos desaparecidos y otras organizaciones sociales, sobre todo porque Ricardo Lagos milita en el mismo partido del presidente Salvador Allende derrocado en 1973. Esas demandas de verdad y justicia han sido postergadas durante los trece años de gobiernos civiles, que sucedieron a los 16 años y seis meses de la cruenta dictadura militar de Pinochet. Una dictadura que entre otras lacras produjo mas de tres mil muertos, más de un millar de detenidos desaparecidos cientos de miles de torturados y de exiliados y dejó un país que todavía no resuelve su deuda moral con la historia.
La propuesta “No hay mañana sin ayer” de Ricardo Lagos cuenta con cuatro capítulos.
En el primer capítulo el gobierno chileno insiste en aceptar que la situación de derechos humanos nunca podrá resolverse totalmente, pero que al mismo tiempo no se puede renunciar a obtener los objetivos de verdad y justicia por que ellos son moralmente irrenunciables. Por ello elabora una nueva versión del lema de justicia en la medida de lo posible que planteaba el primer gobierno de la Concertación, el de Patricio Aylwin, al afirmar que se debe propender a la máxima reconciliación (acuerdo), la máxima verdad y la máxima justicia y la máxima reparación que se pueda alcanzar. En el contexto chileno y latino-americano las propuestas de Ricardo Lagos están lejos de satisfacer a las organizaciones de derechos humanos porque mantiene vigente la ley de amnistía adoptada por los militares. En Argentina, el mismo día el Congreso de ese país voto favorablemente la abrogación de las dos leyes de amnistía que permitieron la impunidad de los culpables de violaciones de derechos humanos durante la dictadura en Argentina.
Aunque el gobierno de Ricardo Lagos no llega a proponer la ley de punto final que temían las organizaciones de derechos humanos, que era buscada por los partidarios del régimen militar y por el actual comandante en jefe del ejército, su propuesta consolida la impunidad.
Si la propuesta no satisfizo a las organizaciones de derechos humanos, ella tampoco les gustó a los generales en retiro que esperaban que se eliminara la figura legal del “secuestro permanente”. Esa interpretación aplicada por los abogados de derechos humanos en los casos de detenidos desaparecidos les permitió mantener abiertos sin amnistiar los juicios contra militares. En ausencia de los cuerpos los procesos no pueden cerrarse o aplicárseles la ley de amnistía y es lo que permitió los juicios contra Pinochet por el caso Caravana de la muerte. Juicio del que lo salvó su pretendida demencia pactada con el ejecutivo. Paradojalmente, la actualización del tema de los derechos humanos en vísperas de los 30 años, fue planteada por la derechista UDI, heredera de Pinochet al plantear en abril la impunidad en casos de detenidos desaparecidos a cambio de compensaciones económicas para las familias de las víctimas. .
Lo cierto es que la propuesta del presidente Ricardo Lagos revela la ausencia de voluntad política para obtener la verdad y hacer justicia a las victimas. Tampoco el estado chileno asume frente a la historia sus responsabilidades por la realización por parte de uno de los pilares permanentes del Estado como son las FFAA de actos criminales contra la humanidad inaceptables e imprescriptibles. Por ello Lagos perdió una oportunidad histórica de hacer lo que Kirchner está haciendo en Argentina y llegar a los treinta años en una nueva situación. En lugar de ello insiste que son exclusivamente los tribunales quines deben imponer las medidas de justicia sin que estos se vean liberados de la ley de amnistía, que es una tarea que le corresponde a los legisladores. Como si los crímenes que se imputan no fueron cometidos por el estado y en base a la doctrina de la seguridad nacional.
La propuesta de Ricardo Lagos consta sin embargo con avances y retrocesos puntuales. El gobierno de Lagos mantiene la intención de acelerar la designación de ministros en visita con dedicación exclusiva para tratar casos de derechos humanos, lo que ha permitido algunos avances importantes en las investigaciones en los últimos meses.
Eso está balanceado sin embargo por la propuesta, en el segundo capítulo, de proponer una legislación que permita reducir las condenas de los subordinados que debieron obedecer ordenes y que están dispuestos para cooperar con antecedentes sobre los detenidos desaparecidos. Para ello dará impunidad penal a quienes entreguen pruebas sobre el destino de los detenidos desaparecidos. Por otro lado, se propone que se faculte a los tribunales para exigir documentos que estén bajo secreto por la justicia militar, se asegure la confidencialidad de quienes colaboren con la justicia. Finalmente, en materia legislativa, se plantea fortalecer la justicia civil al proponer que se normará para que los procesos incoados por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y marzo de 1990 sean transferidos a la justicia civil y no en la justicia militar.
En el tercer capítulo el gobierno de Lagos plantea ampliar el esquema de reparaciones sociales de las víctimas. Se trata de medidas positivas. Entre otras, un bono de 10 millones de pesos para hijos que no hayan recibido beneficios hasta ahora por la muerte de uno de sus padres. Se incrementan las pensiones en 50% y la ayuda educacional y médica para familiares de las víctimas. Se reconoce además la situación de las personas detenidas y torturadas plantándose que se les dará una indemnización austera y simbólica otorgada por una comisión especial
En el cuarto capítulo que plantea la creación de condiciones para que nunca más se repitan esas violaciones de derechos humanos en Chile. Se establece la voluntad de ratificar las convenciones internacionales como la de la Corte penal internacional, la convención interamericana contra la desaparición forzada de personas y reducir la competencia de los tribunales militares y se creará un Instituto Nacional de Derechos Humanos y Libertades Públicas. La entrada de Chile a ese marco internacional es importante, porque abre las puertas, en casos imprescriptibles como el de los detenidos desaparecidos, a que teóricamente la justicia internacional pueda aplicarse.
En suma, las medidas propuestas no hacen avanzar la causa en materia de verdad y de justicia del modo que podría esperarse en vísperas del 30 aniversario del golpe de Estado. Es una combinación de medidas que por un lado fortalece las llamadas reparaciones pero que por otro lado en aras de la obtención de informaciones se apunta a una especie de ley de obediencia debida que en condiciones de mantención de la ley de amnistía favorece la impunidad. Por ello, el paquete de medidas, aunque no es una ley de punto final, consolida la impunidad de los militares siendo un paso en la mala dirección.
También Chile ocupó la noticia con el primer paro nacional desde el fin de la dictadura militar de Pinochet: El último paro nacional se realizó en 1986. Aunque el Paro Nacional no fue un éxito completo, dio claras indicaciones de que la paciencia de los sectores populares, principalmente de la función pública se ha agotado y que debe esperarse el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre el gobierno y la que ha constituido su base social principal de sustentación. Ciertamente, luego de 16 años de dictadura y de 13 años de gobiernos civiles que mantuvieron la restrictiva legislación en materia de negociación colectiva, el movimiento sindical chileno no tiene la fuerza del pasado, sin embargo, se trata de una primera convocatoria global importante que el gobierno se ve obligado a escuchar, porque indica que el respeto de las consignas de darle al tiempo al gobierno, de evitar provocar a los militares, de continuidad de la política neoliberal porque no existen otras alternativas frente a la mundialización se van agotando. Aunque el paro estuvo orientado principalmente a criticar los abusos de los patrones, y aunque el gobierno no ha dado curso aún a la ley de “flexibilidad laboral”, esta claro que los gobiernos de la gobernante Concertación de partidos por la democracia han mantenido los elementos esenciales de un sistema de negociación colectiva elaborado durante el régimen dictatorial que beneficia directamente a la parte patronal y que incluso no se aplica porque los inspectores laborales, que deben hacer cumplir la ley, son muy pocos y no cuentan con el financiamiento necesario para hacerlo.
La propuesta de Ricardo Lagos en materia de derechos humanos y el Paro nacional, adquieren un aspecto emblemático en la medida en que ocurren a pocos días de la conmemoración de los 30 años del golpe de estado de Pinochet. Una conmemoración que, pese a su distancia histórica, revela que estos trece años han sido mucho más que una mera transición, han sido años de la impunidad de los culpables de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar y de negación de justicia para las víctimas de la dictadura por un lado. Por otro, que se trata de una continuidad con las políticas neoliberales del régimen militar administrándolas de mejor modo gracias a contar con una democracia representativa pero que postergan también las aspiraciones a mejores condiciones de vida para los trabajadores. La izquierda chilena se encuentra nuevamente en una encrucijada. Mantener el poder gobernando según las reglas neoliberales y el ambiente institucional heredado de la dictadura o, a 13 años del llamado retorno a la democracia. Ha llegado el momento de recomenzar a plantear el futuro de Chile de acuerdo a los intereses de sus ciudadanos.

 Marcelo Solervicens