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por MARCELO SOLERVICENS |
Comentario del Domingo 16 de Septiembre del 2007 |
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 Marcelo Solervicens |
1.- La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
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 1.- La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
En un voto histórico, el 13 de Septiembre la Asamblea General de la organización de las naciones Unidas adoptó la “Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas”. Se trata de un documento esperado por las organizaciones de los pueblos indígenas de parte de la comunidad internacional desde hace más de 20 años. Fue el 7 de Mayo de 1982 que se creó el grupo de trabajo sobre los pueblos indígenas y los Estados reacios a reconocer los derechos de los pueblos indígenas habían conseguido postergar la adopción de la declaración invocando consecuencias sobre su soberanía territorial. Aunque la declaración no es vinculante, es un primer paso en el reconocimiento de los pueblos indígenas destruidos y sumergidos por la colonización y que luchan por su sobrevivencia. Desde el punto de vista del derecho internacional se trata de un paso fundamental en el reconocimiento de derechos colectivos que no corresponden a los estados o los países diseñados por los conquistadores y abre el camino a las reparaciones. Aunque la declaración fue saludada internacionalmente, se debe denunciar que el gobierno conservador minoritario canadiense de Stephen Harper haya decidido de votar contra esta declaración, rompiendo con la política tradicional de Canadá, que estuvo incluso en los orígenes de la creación del grupo de trabajo. Veamos algunos antecedentes y lo que algunos líderes indígenas no vacilan en señalar como la traición de Canadá. La declaración de 46 artículos establece los estándares mínimos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas del mundo, que incluyen la propiedad de sus tierras, el acceso a recursos naturales de sus territorios, la preservación de sus conocimientos tradicionales y la autodeterminación. El artículo primero señala: “Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la normativa internacional de los derechos humanos.” La declaración reafirma el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación, se trata el primer instrumento internacional universal que reconocen este derecho para los pueblos indígenas. El artículo 4 plantea: “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas”. La Declaración permite avanzar en la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, porque engloba los derechos colectivos, los derechos individuales, el derecho a la identidad, los derechos culturales y políticos, como es el derecho a ser consultados, el derecho a la propiedad de las tierras como pueblos el derecho a la reparación de los daños causados. También prevé el acceso a procedimientos justos y igualitarios para arreglar los diferendos, reconociendo que las decisiones deben adoptarse de acuerdo a las tradiciones, los valores, las costumbres de los implicados y ser expeditivas. La declaración no obliga a los estados porque no tiene carácter vinculante pero establece un marco de derecho internacional para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Se trata de un primer paso para asegurar los derechos colectivos de los pueblos indígenas contra el paternalismo y la asimilación por parte de los estados. Los representantes de los gobiernos que forman parte de la ONU adoptaron la Declaración sobre los derechos de los Pueblos Indígenas con 143 votos a favor, cuatro votos en contra, once abstenciones, entre ellas de Colombia y en la ausencia de unas treinta delegaciones de países en el momento del voto. Los países que votaron contra fueron Canadá, de Estados Unidos, Australia y Nueva Zelandia. Entre algunos comentarios, destaca el del embajador de Perú ante la ONU, Luis Enrique Chávez quien presentó el documento ante el pleno de la Asamblea General de la instancia multilateral. El embajador Peruano señaló que los gobiernos tenían la oportunidad y la responsabilidad de “colmar un vacío” en la esfera de protección de los derechos humanos. El embajador de Bolivia, David Cocheaunca, señaló que la Declaración es un instrumento que permite luchar contra el racismo y la discriminación” y lamento la abstención del gobierno de Colombia. Entre los que votaron contra, Australia justificó su oposición al termino autodeterminación por su potencial efecto sobre la integridad territorial de Australia. Una posición semejante a la de Canadá El voto en contra de la Declaración por parte de Canadá fue muy criticado porque el gobierno de Canadá había sido durante largos años uno de los instigadores de una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. Además el gobierno canadiense ha planteado la necesidad del reconocimiento de los gobiernos indígenas y es lo que realizó con la creación del territorio de Nunavut y en 2003 con el acuerdo de Kelowna que ciertamente fue abandonado por Harper después de su llegada al gobierno. El Jefe de la Asamblea de las primeras Naciones de Québec y de Labrador, (Ghislain Picard) denunció que fue desde la llegada del Partido Conservador al poder, que las autoridades federales se declararon hostiles a la declaración, anunciado que habría consecuencias graves si se adoptaba la declaración. Según el se trata de la adopción de una posición ideológica que busca mantener los indígenas de Canadá en un estatus de colonizados y regidos por una ley retrógrada (la ley sobre los indios) que ha sido denunciada en las tribunas internacionales como contraria a los derechos de la persona. Se trata de una situación en que los problemas de pobreza, de cesantía de las primeras naciones son tratados por el gobierno sin la participación de los pueblos indígenas. Las movilizaciones indígenas como las del 29 de Junio pasado, revelarían la existencia de un agotamiento de los modelos actuales de enfrentar la problemática indígena en Canadá. Se trata en efecto, con la votación contra la declaración de los derechos de los pueblos indígenas, de una nueva deriva y cambio dramático de posición de la política exterior canadiense desde la asunción del gobierno minoritario conservador de Stephen Harper. Los otros tres partidos federales tanto los liberales, como el NDP como el bloque quebequense, estaban de acuerdo con apoyar la declaración. Además, de acuerdo a los documentos obtenidos por Amnesty International, gracias a la Ley de Acceso a la Información se prueba que los funcionarios de los ministerios de relaciones exteriores, de asuntos indígenas y de la defensa recomendaron que Canadá votara a favor de la declaración. El representante de Canadá en la ONU justificó la votación de Canadá con la excusa de que “ciertas disposiciones de la declaración” podrían contradecir las leyes constitucionales y la Carta de derechos de la persona de Canadá y que se cuestionarían tratados ya firmados por con los pueblos indígenas. Los observadores consideran que el gobierno de Harper adopto una posición ideológica principista que rompe con lo que Canadá había planteado. Una posición en ruptura con la practica del gobierno canadiense en foros internacionales hace 50 años en el sentido que el interés de los canadienses es de trabajar por los consensos. Esta nueva ruptura con la política exterior canadiense y los valores que defiende en su territorio, se agrega a las denuncias de alineación del gobierno conservador con la política exterior de Washington, al rechazo de la firma de Canadá y su compromiso con el Acuerdo de Kyoto y con posturas internacionales que contradicen la tradición consensual de la política exterior canadiense. La declaración de la ONU de los derechos de los pueblos indígenas es un paso importante en reparar la injusticia contra pueblos sumergidos por los apetitos colonizadores y el paternalismo de los vencedores. Una declaración que pese a no ser vinculante abre las esperanzas de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Es lamentable que el gobierno conservador de Canadá reste los canadienses a la importante contribución de la comunidad internacional a este nuevo ladrillo del derecho internacional. 2.- Reflexiones sobre el debate quebequense en torno a la Comisión Bouchard-Taylor.El panorama político quebequense está marcado por los debates sobre la primera semana de audiencias públicas de la “Comisión sobre las prácticas de acomodamientos relativos a las diferencias culturales”, más conocida como la Comisión Bouchard-Taylor. La formación de la Comisión por el primer ministro de Québec Jean Charest fue considerada en su tiempo como una buena medida para contrarrestar el uso populista de Mario Dumont de algunos casos de acomodos razonables con mususlmanes, judios o Sikh. Los analistas consideran ahora que fue un gran error porque las audiencias se han transformado en un foro que da tribuna a las posiciones más retrógradas con respecto a los inmigrantes, porque no conseguirá su objetivo de establecer un consenso sobre como lidiar con los llamados acomodos razonables con las prácticas de otras religiones que la católica, porque además muchos la consideran innecesaria porque se refiere a un falso problema que proviene del desconocimiento del “otro”, como lo prueban las opiniones de los jóvenes que bañan en la diversidad desde la infancia . Las audiencias de la comisión se han transformado en una tribuna para discutir sobre la laicidad de la sociedad quebequense, sobre la identidad del nosotros quebequense y sobre to do tipo de reflexiones sobre los valores comunes que distan mucho del debate que dio origen a la Comisión. Veamos algunos elementos de reflexión. La Comisión Bouchard-Taylor, llamada así por el nombre de los dos prestigiados intelectuales quebequenses que la presiden, fue creada por el primer ministro Jean Charest en vísperas de la última campaña electoral, para evitar que algunos casos de acomodos publicitados por la prensa y utilizados hábilmente por Mario Dumont para reanimar la ADQ, se transformaran en el tema central de una campaña electoral que se anunciaba difícil para los liberales. Jean Charest evitó efectivamente que el debate sobre los acomodos razonables fuera el tema de la campaña, lo que a lo mejor evitó que su gobierno perdiera las elecciones. Pero ganó apenas porque la elección le dio un gobierno minoritario liberal con la más baja votación de su historia, aunque ese resultado no pueda atribuirse solamente a ese tema porque la popularidad de Jean Charest se ha mantenido muy baja desde mucho antes. La elección confirmó que la ADQ ya había beneficiado de su campaña contra los acomodos razonables porque fue elegida como oposición oficial. Antes que iniciara el debate, no tenía esperanzas de aumentar su votación y algunos analistas hablaban que seguiría como tercer partido. Por su parte los pequistas que adoptaron una actitud neutra respecto al tema, registraron una de las peores votaciones de su historia y producto de la votación decidieron volver a plantearse el tema de la identidad y se vieron obligados a cambiar de jefe de partido para sobrevivir al transformarse en segundo partido de oposición. En esa medida, está claro que Jean Charest adoptó una buena actitud táctica para sus planes para retener el poder. El problema es que ello no tenía nada que ver con cual era la mejor manera de tratar el tema de los acomodos razonables. Eso es lo que aparece ahora. En efecto, la segunda reflexión es que la formación de la comisión misma presenta, que su mandato es demasiado amplio y vago. La nominación de dos intelectuales, hombres y blancos; uno de la vertiente intelectual francófona nacionalista y otro de la vertiente intelectual canadiense anglófona, a pesar de su gran estatura intelectual, reflejan la falta de apertura a la cuestión de género y al conocimiento de la diversidad cultural: se estableció un marco intelectual y no político de análisis y de funcionamiento de la comisión pero sin fijarle objetivos claros. En esa medida, aunque el primer ministro formó un grupo de apoyo formado por mujeres y expertos o representantes de diversos sectores, hubo ausencia total de orientación política gubernamental en cuanto a los límites del debate. Además los medios de comunicación siguen jugando un rol que ha quitado legitimidad a los presidentes de la Comisión. Por un lado, al denunciar el error de Gerard Bouchard al dudar publicamente de la capacidad intelectual de los quebequenses que escuchan noticias en la televisión privada, o las críticas de intenciones por parte de los medios contra Charles Taylor por recibir un premio de la Fundación Templeton, una institución asociada a ligar la ciencia con el creacionismo. Lo cierto es que en ausencia de orientaciones políticas o de posiciones de los partidos en cuanto a la temática los medios tradicionales han minado la credibilidad de la comisión, bajando el nivel del debate que planteaba la Comisión Bouchard-Taylor en información espectáculo de las posiciones más retrógradas que se plantean en los debates. Por su parte, la información sobre los debates en la prensa del Canadá inglés, precisamente usando las observaciones más retrógradas, hace decir a un comentarista que los medios del Canadá inglés, cuentan con una nueva ocasión de mostrar hasta que punto el Québec sería racista. La tercera reflexión, es que se está lejos de la razón original que llevó a la formación de la comisión. Como se recordará,, se trató de algunos casos de acomodos a prácticas religiosas, judías, musulmanas o Sikh, que salvo en el último caso, no fueron resueltas a través de los tribunales sino como prácticas de buenos vecinos, las que originaron el debate. El debate debía darse en relación en el contexto de las interpretaciones de la Carta de derechos individuales de Canadá que defienden los derechos de los individuos minusválidos o miembros de grupos minoritarios. Es de allí que proviene el debate y la terminología de los acomodos razonables. Al lanzar una consulta global, que no es ni específicamente sobre la religión, ni sobre la inmigración y aparentemente sobre las prácticas de acomodo de la diversidad en un contexto de resurgencia de la crisis identitaria quebequense se abre una caja de Pandora. La consulta presupone opiniones sobre un sustrato de cierta uniformidad de la sociedad quebequense, siendo que las zonas urbanas son diferentes que las rurales que muy difícilmente podrán vivir o conocer acomodos razonables. En los lugares donde no se conocen inmigrantes se hacen las observaciones más defensivas y acérrimas y las generalizaciones más criticables. Lo que es diferente de los quebequenses en las zonas urbanas. Por otro lado los jóvenes tienen actitudes completamente diferentes de los más viejos. El “nosotros” no es muy homogéneo o evidente. La confirmación por parte del Director General de Elecciones de que nada impide a las mujeres de practica religiosa musulmana de votar con una burkha en las elecciones parciales recuerda que el debate debiera portar sobre las limitaciones de contar con una carta de derechos fundamentales que considera solamente los derechos individuales sin tener el contrapeso de los derechos colectivos, un debate que es de una naturaleza completamente diferente y mucho más amplio que los casos de acomodos razonables. En otros casos se enjuicia la llamada revolución tranquila y los participantes aprovechan para replantear la necesidad de retornar a los valores cristianos y la enseñanza religiosa. Ese es también otro debate importante porque tiene que ver con los niveles de laicidad de la sociedad quebequense, los que no son tan formales como podría esperarse, como es el mantenimiento del crucifijo católico en la Asamblea nacional. A diferencia de Francia, la sociedad quebequense y canadiense no conocen la separación formal entre la religión y el estado, lo que obliga a acomodos de valores religiosos en la plaza pública de acuerdo a la Constitución federal. En otras opiniones se considera recibir inmigrantes como una opción entre muchas, siendo que es una necesidad poblar un inmenso territorio y para contrarrestar la declinación demográfica. En esa medida, más allá de los acomodos razonables a las prácticas religiosas, surgen los problemas de la inserción en empleo de los inmigrantes. Cuando “Estadísticas Canadá”, confirma esta semana, que pese a tener altos niveles de escolaridad, mayores que en la población en general, los inmigrantes tienen tazas de desempleo superiores al resto de los canadienses y no encuentran trabajos apropiados por lo menos en los primeros diez años de residencia en Canadá. Con ello surge un problema serio de políticas de inmigración y de integración de una mano de obra calificada. Un problema que permite poner en relieve la decepción por parte de inmigrantes. Decepción de aquellos a quienes se les ofrecieron la posibilidad de empleos y una vida mejor. Cuando surgen esos debates cobre el número de inmigrantes que puede absorber el Québec, se está en otro debate, se está en el debate sobre las políticas de inmigración y no en el de los valores o de los acomodos razonables. Diversos observadores se preguntan como lograrán los presidentes de la comisión resumir las observaciones de los participantes en los foros de discusión, porque la mayoría de entre ellas ya no portan sobre los acomodos razonables. Es indudable que podrán hacer la síntesis, algunos, de mala fe, dicen que los presidentes de la Comisión ya escribieron su informe. Las audiencias públicas de la Comisión Bouchard-Taylor revelan la crisis de legitimidad de la clase política quebequense, que parece estar corta de ideas y planteamientos en temas fundamentales o tiene miedo de formularlos. En ese marco las audiencias pueden tener el valor de sesiones de expresión de diferencias y de opiniones, que pueden acentuar los estereotipos en lugar de abrirse a la diversidad de la sociedad quebequense. Marcelo
Solervicens Desea
escribir al autor ?Marcelo Solervicens es Cientista Político de la Universidad de Montreal y colabora con TuGuíaLatina.com desde su fundación en Febrero 2002. Las opiniones expresadas en este artículo, son de exclusiva responsabilidad del autor |
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