Esta semana recomenzaron las sesiones parlamentarias en la provincia de Québec bajo el signo de los retrocesos y del resurgimiento de las consultas como mecanismos para restablecer el diálogo con el electorado por parte del gobierno liberal provincial. Luego de que Jean Charest considerara que tenía un mandato de los electores y que era el momento de actuar, ha vuelto a la negociación argumentando lo contrario que hace unos meses : se presenta como el campeón del diálogo y busca cambiar la percepción negativa del gobierno que muestran las encuestas. El gobierno insiste en presentar su próximo presupuesto previsto para el 30 de marzo por parte del ministro Yves Séguin, como la movida mágica que permitirá restablecer la popularidad del gobierno en las encuestas. A pesar de ello, se argumenta que no podrá cumplir la promesa de reducir en mil millones de dólares los impuestos y aumentar al mismo tiempo las inversiones en la salud y la educación. Aunque se vuelva a las asignaciones por hijos enviadas directamente a las familias, está claro que por el llamado desequilibrio fiscal entre los gastos del gobierno federal y el gobierno provincial, denunciado por el propio ministro de Finanzas, no podrá cumplir sus promesas electorales.
Por otro lado, el jueves 11 el primer ministro anunció una nueva versión más ambigua y limitada de su plan electoral, que abandona una serie de promesas que van desde la disminución de mil millones de dólares de impuestos anuales hasta el abandono de la promesa de ofrecer el acceso a los servicios de salud 24 horas sobre 24.
Todo indica que se trata de una estrategia de repliegue táctico para mejor avanzar después en la agenda gubernamental. Tendrá poco efecto, porque es demasiado poco demasiado tarde ya que se ha instalado la desconfianza en las fuerzas vivas de la sociedad quebequense. Los movimientos sociales podrían cantar victoria porque se detuvo la aplanadora a lo Mike Harris, sin embargo persiste la desconfianza porque no sólo ya se han pasado las leyes más impopulares, sino que además están en el tintero tanto los planes de reingeniería como los planes de acción que pretenden imponer el proyecto conservador del antiguo jefe de los conservadores federales. Se espera que en la primavera, la presidenta del Consejo del Tesoro presente su esperado y temido plan de reingeniería del Estado que ahora se llama “adaptación a las realidades contemporáneas”. El gobierno sigue insistiendo que los principales problemas de Québec provienen de la mala situación financiera de la provincia, y que el margen de maniobra es limitado porque los quebequenses son los que pagan más impuestos y tienen la deuda más alta. Entre otras medidas se supone que se eliminarían entre otros el Consejo de Estatuto de la Mujer; que se privatizarían gracias a la llamada asociación publico privado, entidades como Tele-Québec, la Oficina de la Protección de los Consumidores y varias otras porque no corresponden al rol del Estado según los liberales de Jean Charest
Sin embargo, como lo señalaba una encuesta, realizada en 2002; si en Alberta el 64% de los electores considera que el Estado no debe ocuparse de disminuir la distancia entre ricos y pobres, la posición de los quebequenses es opuesta. En la “Belle Province” dos electores de cada tres, estiman que es el rol del estado el de participar activamente en la redistribución de los ingresos. Eso muestra un profundo divorcio del gobierno de Jean Charest con el electorado que es muy difícil cambiar con simples mecanismos de consulta.
El gobierno ha retrocedido optando por no sembrar la controversia, al punto de que no tiene un verdadero “menú” legislativo. El único proyecto de envergadura que se esperaba para esta sesión parlamentaria primaveral, era el que eliminaría el seguro fiscal de accidentes automovilísticos sin relación a la falta para los responsables de accidentes. Pero ese controvertido proyecto fue postergado. El ministro de Transportes, Ivon Marcoux anunció que iniciará una consulta en Junio. Pero, al mismo tiempo se envía el mensaje que el gobierno no cambiará el rumbo, porque el ministro de justicia insiste en que “una sociedad que no permite que las víctimas persigan a los culpables es una sociedad enferma”.
También se postergo la promesa electoral de aumentar en una hora y media por semana las clases de la enseñanza en la primaria, según anunció el ministro de educación, Pierre Reid. Un ahorro de 70 millones de dólares para el presupuesto gubernamental.
Esta semana sólo se depositó un proyecto de carácter técnico sobre los bosques y se anunció otro sobre el código civil. Se trata por ende, de un viraje completo respecto de la enorme cantidad y la urgencia dada a los proyectos en el otoño pasado. Los mismos proyectos que provocaron una verdadera marea de oposición por su contenido opuesto a los sindicatos, a los movimientos sociales y favorable a las grandes empresas.
Lo que sigue vigente para el gobierno son los planes de consulta de la población en foros temáticos. Pero ya no se habla de los cuatro foros itinerantes que fueron anunciados durante el Consejo General de los liberales en Febrero. Ahora se habla de 19 foros regionales. Pero el ejercicio carce de atractivo, según los observadores, estos foros se realizarán después del depósito del presupuesto por parte del ministro Yves Séguin por lo que la asignación de recursos ya estará comprometida. El proceso tampoco es elegante, porque ni existe la presunción de escuchar a los participantes como ocurrió con Lucien Bouchard que cuando convocó a todos los sectores para terminar con el déficit, no había anunciado todavía sus colores y estuvo dispuesto a hacer concesiones. Por lo demás, se trata apenas de un ejercicio de un día en el que se le entrega una des Vicepresidencias al Vice-presidente de Bell Canada, mientras otros sectores sociales brillan por su ausencia.
El gobierno parece ya haber cometido demasiados errores como para reestablecer relaciones positivas con el electorado facilmente. La más reciente fue la pésima gestión de la crisis en la reserva indígena Mohawk en Kanesatake. A ello se agrega su silencio ante la intervención manu militari de la policía en Québec para capturar al refugiado político de origen argelino, Mohammed Sherfy en una Iglesia de Québec, violando el derecho de asilo religioso por primera vez en la historia de esta Provincia. Sherfy fue enviado a Estados Unidos donde se teme que sea deportado a Argelia.
Todo indica que la prepotencia en la imposición de medidas que rompían con el llamado modelo quebequense de negociación, el gobierno de Jean Charest a cavado una zanja muy profunda entre su gobierno y los electores.
Gracias a ello, los sectores sindicales, comunitarios y populares han vuelto a ser reconocidos como sectores vitales de la vida democrática en Québec. Con ocasión del 8 de marzo se revivieron, después de nueve años, las marchas en defensa de los derechos de las mujeres. Los últimos meses han visto enormes manifestaciones de descontento que reflejan un rápido deterioro de la popularidad de l gobierno.
Las demandas de los movimientos sociales son claras : exigen que el gobierno abandone su agenda ultraneoliberal, porque no recibió el mandato de desmantelar y revivir los conflictos en Québec.
En primer lugar, que se de curso al plan de acción exigido por la ley aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional en Diciembre de 2002, de lucha contra la pobreza. El gobierno acaba de postergar por tercera vez ese plan de acción.
En segundo lugar, está la exigencia de una política familiar : que restablezca y desarrolle el sistema de guarderías universales, que impulse políticas que favorezcan la conciliación entre el trabajo y la familia y que repatríe el dinero necesario desde Ottawa para echar a andar el programa de seguro de empleo para los padres.
También exige que se aplique finalmente la equidad salarial para las mujeres tal como lo ordenó la Corte de Justicia, sin que ello se ligue a las negociaciones en curso entre sindicatos y el gobierno en la función pública.
Por último, que se retire la ley adoptada a la rápida en Diciembre y que hace perder la acreditación sindical, permitiendo la generalización de la subcontratación con pésimos salarios. Además, que se termine con la disposición que obliga a las fusiones de sindicatos en los hospitales, por ser contraria a las disposiciones de la Organizacion Internacional del Trabajo suscritas por Canadá.
En ese marco, es necesario destacar que el llamado escándalo de las comanditas a nivel federal, tampoco ayuda al Gobierno liberal Provincial. Se ha restablecido la popularidad y el rol de defensor de los intereses de Québec en Ottawa por parte del Bloc Quebecois. Además ese escándalo que significó fraude de 100 millones de dólares para agencias de comunicación cercanas al Partido liberal federal, ha incomodado al gobierno de Jean Charest porque se acumulan los antecedentes sobre nexos entre los liberales provinciales y esas mismas agencias de comunicaciones denunciadas por la Auditora General Sheila Frazer.
En suma, está claro que la ola de movilizaciones de resistencia de los movimientos sociales en Québec produjo resultados. Esa aparente victoria, marca, desgraciadamente, un momento de calma que exige una actitud vigilante para salir al paso de los planes de transformar la provincia en un baluarte del neoliberalismo en Norteamérica.

El Jueves en Madrid se vivió el más sangriento atentado de la historia de España desde fines de la guerra civil en ese país, hace más de sesenta años. Fueron 200 muertos y 1500 heridos, el saldo que dejó la explosión de 11 bombas que estallaron simultáneamente en cuatro trenes en las estaciones de Atocha, el Pozo y Santa Eugenia en Madrid, a las 7H30 de la mañana, en plena hora de mayor tráfico. Al día siguiente, más de 11 millones de españoles desfilaron en las calles de las principales ciudades de España en protesta contra los atentados y sus autores. A esas movilizaciones se asocia todo el mundo. Los españoles denunciaron una operación inaceptable, fríamente calculada y organizada contra una actividad cotidiana de cualquier ciudadano español o de visita en ese país, como es el uso del transporte colectivo.
Las imágenes de los atentados hicieron recordar los atentados suicidas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. Se hace más evidente de este modo, la entrada de la humanidad en una nueva era, en la que los civiles forman parte de blancos de fundamentalistas fanáticos, quienes justifican sus actos porque consideran los infieles como menos que seres humanos y esgrimen las represalias por el apoyo entregado por el gobierno español, contra la voluntad de sus ciudadanos, a Washington en su invasión en Irak. En efecto, se sabe desde hace unas horas y como era de esperar, por las características de la operación, que los atentados fueron reivindicados, por un grupo que se reclama de la representación de Al-Qaida en Europa.
Desgraciadamente, la situación no es, como tratan de representarla algunos analistas, de que se trataría de una desestabilización externa a occidente, que provendría del llamado choque de civilizaciones al que se refiere Samuel Huntington. Existe un creciente consenso entre los observadores que Occidente sufre estos atentados como un boomerang de su intervención funesta en el medio oriente y como efecto perverso del cinismo de sus posiciones con dos pesos dos medidas respecto a Israel y la causa Palestina. Se debe adoptar una visión cínica cuando se habla del carácter exterior de los iluminados de Allah, porque ya está comprobado que el desarrollo de esa tendencia fundamentalista fanática, fue uno de los efectos colaterales de las operaciones secretas de la guerra contra el comunismo en los ochenta, en particular con el apoyo a los fundamentalistas Afganos en su lucha por la expulsión del invasor soviético de Afganistán. El libro recién salido de Las Guerras Fantasmas de Steve Coll que fue jefe de pupitre de Asia del Sur para el Washington Post demuestra, nuevamente, que el surgimiento de los Estudiantes Coránicos, los Talibanes, desde los que se desarrolla Al Qaida, fue posible gracias al apoyo de la CIA y la visión de corto plazo de la inteligencia estadounidense aliada con la policía secreta de Pakistán.
Pero, el primer efecto del Atentado, de lo que ha sido calificado como el 11 de Septiembre español es sobre la campaña electoral que se realiza hoy domingo en España.
En efecto, el gobierno trató de explotar la tesis de un atentado de la organización separatista Basca ETA, cuya desarticulación era precisamente uno de los éxitos que esgrimía el gobierno en su campaña electoral. Los analistas coincidían en señalar que la organización separatista Basca Euskadi Ta Askatasuna , (País Basco y Libertad), no cuenta con la capacidad operativa de hacer un atentado simultáneo de ese tipo. Desde su llegada al poder hace ocho años Aznar incrementó la represión del ETA, declarando ilegal su brazo político Batasuna, cerrando sus organizaciones juveniles, internacionales y sus periódicos. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la represión alcanzó nuevos niveles de eficacia gracias a la colaboración antiterrorista entre países, con el llamado grupo de los cinco (España, Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia), que permitió las extradiciones temporales de presos entre países, como lo informa el periódico Le Monde. Ello permitió que en Diciembre del año pasado se desmantela la Dirección del ETA (por segunda vez desde 1992). En tales circunstancias afirmar que el ETA se encuentra en condiciones operativas para realizar el atentado es ridículo.
Pero, lo que es verdaderamente importante, es que el ETA, hubiese firmado su certificado de defunción si realizara un atentado de ese tipo. ETA nunca ha realizado ese tipo de acciones, que tiene por blanco a civiles, sin vínculos con el poder español. ETA ataca más bien los símbolos del poder Español. Eta además siempre avisa antes del atentado para que se evacuen los lugares y se eviten las “victimas inocentes”.
Es importante destacar entonces que tras el vocablo terrorismo, en occidente se trata de amalgamar todas las resistencias contra las injusticias como si fueran parte del llamado terrorismo, transformando el término en una entelequia semejante a lo que antes se invocaba como comunismo en la época de la guerra fría. Hasta el Presidente Haitiano trató de asimilar la insurrección popular contra su gestión al de una fuerza terrorista que se debía combatir como Al Qaida.
En las primeras horas, los españoles cerraron filas junto a su gobierno contra el enemigo interno, pareciendo asegurar la reelección del Gobierno del Partido Popular y el sucesor de José María Aznar, Mariano Rajoy. Sin embargo, eso aparece ahora más incierto. Pese a las tergiversaciones del gobierno español de José María Aznar, se confirmó en la noche del Sábado 13 de Marzo de 2004, que el atentado fue la obra de un grupo fanático islámico del movimiento calificado en occidente como Al Qaida.
El gobierno de José María Aznar había conseguido que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara la resolución 1530 condenando los atentados atribuyéndolos específicamente a ETA, en un gesto lamentable de manipulación política.
Lo cierto que aunque no se sepa exactamente cual grupo islámico lo hizo, está claro que no fue el ETA y que los culpables del atentado se inscribe en a tendencia AL Qaida. El sábado comenzaron las denuncias abiertas de manipulación electoral de parte del gobierno, con manifestaciones de organizaciones de derechos humanos en diversas ciudades. Está claro que el atentado es en castigo del apoyo entregado por el gobierno de Aznar a la política de Bush en la intervención en Irak donde hay más de mil soldados españoles. Aznar dio ese apoyo, contra la opinión del 91% de opinión pública española que se manifestó hostil a que España se embarcara en esa aventura guerrera en Irak. En ese marco, los 35 millones de electores españoles que eligen 208, de los 259 senadores y la totalidad de los 350 escaños de diputados pueden castigar al Partido Popular. Ello abre las posibilidades del regreso al poder del Partido Obrero Socialista Español de José Luis Rodríguez Zapatero, que podría formar un gbierno minoritario con apoyo incluso gobierno de la Izquierda Unida.
Al comprobarse, que los sangrientos atentados en Madrid, no son un problema interno de España, sino que están ligados a la llamada guerra contra el terrorismo, la dimensión internacional se hace evidente. Entre otras consecuencias, ello revela el fracaso de la estrategia seguida por Washington y apoyada por algunos gobiernos occidentales. Las reacciones negativas de la bolsa de valores internacionales ya habían interpretado el carácter internacional de los atentados desde antes que el gobierno español reconociera indirectamente la autoría Al Qaida.
Lo cierto es que muestra los costos de haber apoyado, contra la voluntad de sus propios electores, la invasión ilegítima de Irak en la que aún no se descubren las armas de destrucción masiva a pocos días del primer aniversario del inicio de la invasión.
Sin embargo, y como lo señalara un editorialista, la amenaza más grande que se desprende de los atentados de Madrid, no es la escalada del terrorismo : es la de la imposición de una represión inadecuada. Este temor no es teórico, ya se vio el resultado de ese enfoque en Estados Unidos con la imposición de una restricción sin precedentes de los derechos democráticos. Con la imposición de una legislación de excepción que permitió la conculcación de derechos civiles en Estados Unidos. Con una situación que hace que la que se considera como la principal defensora de la democracia en el planeta. mantenga en la base naval de Guantánamo, sin juicio y por más de dos años a centenares de detenidos por simples presunciones. Una lógica de ataques preventivos masivos que justificó una expedición guerrera ilegítima que desestabilizó toda una región y que avivó las brasas del fanatismo y las acciones violentas.
El atentado en Madrid puede incorporar la Unión Europea a la obsesión por la seguridad, con las consecuencias que ello acarrea sobre la democracia y las libertades civiles.
Los atentados en Madrid muestran el fracaso de una estrategia que persigue utilizar este tipo de hechos para hacer avanzar las posiciones conservadoras integristas, en lugar de ocuparse específicamente de desmantelar las organizaciones culpables de los atentados. Este tipo de llamado terrorismo debe ser atacado desde una perspectiva policial que corresponda precisamente a la amenaza. Desde la perspectiva política, debe entenderse como mensaje que es necesario eliminar las injusticias que nutren esas perspectivas violentas y fanáticas en el tercer mundo y particularmente en el mundo musulmán. Esto no es radical, es lo que señalaba el ex-primer ministro de Canadá Jean Chrétien en la ONU en 2003. Al movilizar las sociedades enteras en una guerra total contra el terrorismo a nivel mundial, con controles de aeropuertos y la instalación sistemática de la sospecha y la limitación de las libertades civiles se intenta amalgamar con esos actos inaceptables, cualquier oposición legítima al orden establecido, inscribiéndolos como un acto prohibido y criticable. El caso de Mohammed Sherfi, que ha sido exonerado de cualquier lazo con grupos llamados terroristas por Ottawa, y que sin embargo se le expulsa a Estados Unidos arriesgando su envío a Argelia donde se pone en peligro su vida. Una medida inaceptable en Canadá hace unos años como han señalado numerosas personalidades del mundo cultural y social.
Los atentados sangrientos de Madrid recuerdan el fracaso de la estrategia de guerra mundial contra el terrorismo de Washington y de sus aliados más cercanos. Mientras Oussama Bin Laden sigue escapando a los marines yanquis en Pakistán, persiste la inestabilidad en Afganistán y en Irak. Luego de casi un año de ocupación, se sabe que no existían las armas de destrucción masiva, que era un pretexto, una mentira usada para manipular la opinión pública y justificar el derrocamiento de Saddam Hussein. Lo que está claro es que no tenía nada que ver con la guerra contra el terrorismo y todo que ver con los intereses geopolíticos y económicos de Estados Unidos en la región. Todo esto en lugar de concentrar los esfuerzos precisamente en cazar los responsables directos de los atentados.
Los atentados de Madrid recuerdan que la estrategia seguida hasta ahora es equivocada, que es moralmente inaceptable y éticamente irresponsable usar los atentados para hacer avanzar las agendas de seguridad y de control de las sociedades occidentales. A la represión directa de los responsables, debe agregarse el debate y acciones sobre las causas y los remedios del desorden del sistema mundial. En cualquier caso, para que el diálogo sea fructífero se necesitan sociedades civiles fuertes, con pleno ejercicio de sus derechos de expresión y de opinión.