Comentario del Domingo
Por MARCELO SOLERVICENS
Ir a la Portada Domingo 11 de Septiembre del 2005
 

1.- EL DEBATE SOBRE EL LUGAR DE QUEBEC EN LA POLÍTICA EXTERIOR CANADIENSE
2.- REFLEXIONES SOBRE CHILE A 32 AÑOS DEL OTRO 11 DE SEPTIEMBRE

  
     1.- EL DEBATE SOBRE EL LUGAR DE QUEBEC EN LA POLÍTICA EXTERIOR CANADIENSE

En los últimos días ha arreciado una gran polémica sobre el rol de Québec en la política exterior canadiense, luego que el Ministro de relaciones exteriores del gobierno federal consideró que la llamada doctrina de Paul Gérin Lajoie, había sido sobrepasada por el contexto de globalización que existe en el mundo. Un balde de agua fría para los liberales de Jean Charest que esperaban mejorar su imagen frente a los electores federalistas blandos. Se trata de una polémica extremadamente interesante para comprender las complejidades del sistema federal canadienses, sus transformaciones y las pugnas entre provincias y el gobierno federal. Veamos algunos antecedentes.

Fue en 1965, en plena revolución tranquila que el ministro quebequense Paul Gérin Lajoie estableció los fundamentos de la doctrina que plantea que en el sistema federal la provincia de Québec tiene derecho a prolongar su soberanía en los temas que le competen hacia el espacio internacional y firmar acuerdos internacionales.

Como se sabe, desde el Acta del América del Norte Británico de 1971 que estableció el Canada, como Federación canadiense primero del alto y bajo Canada y luego con las otras provincias, se dividieron los llamados campos de competencia entre el gobierno federal y las provincias. Por ejemplo, de acuerdo a la división de competencias, las provincias se encargan entre otras esferas, de la educación, de la salud, de los servicios sociales y de las municipalidades. El gobierno federal por su parte se ocupa de las telecomunicaciones, del transporte, de la defensa. Se trata, de un sistema completamente distinto del sistema republicano que gobierna en la mayoría de los países latinoamericanos, diferente también del sistema federal Mexicano que es bastante centralizado.

La emergencia de la llamada doctrina de Paul Gérin Lajoie no está ligada al llamado movimiento separatista o independentista quebequense, al contrario fue la respuesta de los llamados federalistas blandos para demostrar que Québec podía reforzar su posición y desarrollarse en el seno de la federación canadiense. En la práctica entonces y hasta la victoria del movimiento soberanista, la doctrina Gérin Lajoie es una pieza importante de lo que hace de Québec una sociedad distintiva en Canada. El conjunto de los partidos presentes en la Asamblea Nacional de Québec están de acuerdo que esta doctrina de la extensión de las competencias provinciales sobre el espacio internacional es un elemento fundamental de la política exterior quebequense. Esta doctrina, bajo los gobiernos liberales o bajo los gobiernos pequistas ha permitido que Québec esté representado en el seno de la Francofonía, que pueda hacer escuchar su voz en medio de los debates sobre la Convención de la protección de la diversidad cultural y las expresiones artisticas que se discute en la UNESCO. Es también lo que ha permitido que Québec firme algunos acuerdos que permiten el traslado de las pensiones de vejez para los inmigrantes que desean volver a sus países.

También esta política se traduce en que Québec fue la primera provincia que abrió las llamadas delegaciones de Québec en el extranjero con fines culturales o de tipo comercial o económico en general. Las principales diferencias en la gestión por parte de los gobiernos pequistas o liberales se ha traducido en la mayor o menor importancia que se atribuye a los aspectos económicos o culturales o bien a las disputas más o menos abiertas que se producen con respecto del gobierno federal. Disputas que han sido conocidas como las guerras de banderas, marcadas por gran simbolismo en los foros internacionales en los cuales Francia ha jugado un rol fundamental con su llamada doctrina de no entrometerse pero de estar muy interesada.

En cuanto al gobierno federal de Canadá, los gobiernos liberales, principalmente desde el del primer ministro Pierre Elliot Trudeau, han adquirido una tendencia centralizadora importante buscando así contrarrestar las tendencias separatistas en Québec. En esa medida, las declaraciones del Ministro de Relaciones exteriores actual, Pierre Petigrew, se inscriben en continuidad con la tendencia hacia la centralización en el gobierno federal. En este caso el gobierno de Paul Martin no tiene diferencias con el de Jean Chrétien. El ministro insiste en que la federación debe actuar con una sola voz en la esfera internacional. Los exitos de la política exterior quebequense y de otras regiones que se expresan con voz propia en la Francofonía por ejemplo son considerados por el ministro como elementos que debilitan la posición canadiense en la esfera internacional.

Un último elemento que debe considerarse es el contexto actual del debate. En efecto, y basada en la doctrina de Paul Gérin Lajoie, el gobierno Charest a través de su ministro Benoït Pelletier, planteó extender la presencia de Québec en dominios de su competencia, por ejemplo en el de las adopciones de niños, lo cierto es que luego de dejar pasar los meses sin que se realizaran reuniones, las recientes declaraciones sobre el considerar cosa del pasado la doctrina Gérin Lajoie, porque ello daría municiones a los separatistas, muestra que no comprende, según los liberales provinciales que se trata de la mejor garantía para fortalecer al movimiento de los federalistas blandos que han impedido siempre la victoria pequista en los referendos. Lo cierto es que se trata de una vuelta atrás hacia la política defendida por los anteriores primeros ministros canadienses Trudeau y Jean Chrétien. Ello a pesar de que el actual primer ministro Paul Martin había asegurado que iba a ser más flexible y favorecer la expansión de los poderes provinciales.

El debate se refiere al argumento del ministro de relaciones exteriores Pierre Pettigrew en el sentido que la Doctrina Paul Gérin Lajoie se explicaba en el contexto de la internacionalización pero no en el de la globalización, donde la presencia de diversos portavoces por una federación hace que esta pierda fuerza. Los liberales provinciales señalan que si se observan las relaciones internacionales actuales, abundan los ejemplos de que en efecto los estados federales permiten que sus provincias o estados constitutivos puedan hablar de su propia voz en dominios de su competencia. Se menciona el ejemplo Belga y también que en UNESCO, cuando se discute la formulación de una convención sobre la diversidad cultural, el hablar a diversas voces refuerza la posición canadiense. Por otro lado, se argumenta que precisamente una de las características de la goblalización o de la mundialización, como se la conoce en francés, es que se reconocen cada vez más la importancia de los nuevos actores gubernamentales y no-gubernamentales.

Lo cierto es que tras este debate que refleja las complejidades del sistema federal canadiense y su tendencia cada vez más marcada hacia una centralización de poderes en el gobierno federal mediante el llamado poder de intervención. Tendencia también a la marginación de la provincia que de ser una de las dos referencias fundamentales que llevan a la creación de Canada se transformó en una “provincia como las otras” luego del llamado repatriamiento de la Consitución desde Gran Bretaña en 1981 con lo que se estableció que el Québec no tenia derecho a veto en las transformaciones constitutcionales. Una disposición fundamental de la Carta de derechos fundamentales que sirve de referencia consitucional que nunca ha sido aprobada por la Asamblea Nacional de Québec, aunque se le alique porque la mayoría del canada estuvo de acuerdo.

Lo cierto es que el debate actual aunque aclara las complejidades del sistema federal canadiense del que el lugar de Québec en la federación es un aspecto fundamental, tiene un componente coyuntural importante. Por un lado, los liberales federales consideran que no tienen muchas posibilidades de aumentar su votación en Québec para las próximas elecciones federales que debieran realizarse en febrero, si el gobierno minoritario de Paul Martin cumple su promesa de convocarla un mes despues que se de a conocer el informe sobre el escándalo de las comanditas por parte del Juez Gomery. Por su parte el gobierno provincial de Jean Charest, ve en la reafirmación de la doctrina Paul Gérin Lajoie la posibilidad de ir a recuperar parte de las elites quebequenses federalistas blandas que han perdido esperanzas en el gobierno de Jean Charest, el mas impopular de la historia de Québec. Parte de la argumentación de Pierre Pettigrew es precisamente que si el gobierno federal le hace concesiones al gobierno de Jean Charest, van a ser los soberanistas quienes van a beneficiar de ello.

El problema de la definición del rol de Québec en la política exterior de Canadá, es un tema de gran importancia estratégica por cuanto determina el futuro de la federación canadiense. Al cerrar las puertas a la negociación el gobierno federal puede hundir el último clavo del ataúd no solo del gobierno Charest que se dirige de manera cierta a una derrota en las próximas elecciones pero también a las posibilidades de la federación canadiense, porque las aspiraciones a la autonomía quebequense son compartidas por todos los sectores de la sociedad y la clase política se divide entre quienes consideran que ello es posible en el seno de la federación canadiense y quines creen que solo al salir de la federación puede ello realizarse. Con la actituda negativa del ministro Pierre Pettigrew, se deja sin argumentos a quienes plantean que la federación canadiense es el marco que mejor permite el desarrollo de la sociedad quebequense. Un error que puede costar caro a los federalistas en una próxima cita referendaria.

   2.- REFLEXIONES SOBRE CHILE A 32 AÑOS DEL OTRO 11 DE SEPTIEMBRE
La conmemoración del trigésimo segundo aniversario del golpe de estado contra el gobierno socialista de Salvador Allende en 1973 es una ocasión importante para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta hoy, no sólo la sociedad chilena sino que además las sociedades latinoamericanas porque sus historias están entrelazadas. En vísperas de las elecciones presidenciales en Chile, previstas para el 11 de diciembre donde todo indica que se eligirá la primera mujer presidente de Chile, el balance de los gobiernos de la Concertación de partidos por la democracia, es mitigado: Tanto en materia de castigo a los responsables de los crimenes que posibilitaron la larga dominación de los militares, como por la falta de originalidad en cambiar el modelo económico neoliberal heredado de los militares, por uno que asegure mejores condiciones de vida. En efecto Chile es conocido hoy por contar con una muy desigual distribución de ingresos, una de las más retrógradas del mundo. Pese a que este año puede señalarse que la sociedad chilena comienza o percibe que debe comenzar a enfrentar los desafíos del desarrollo, la reflexión todavía no se instala de manera abierta. Las revelaciones de la corrupción de los Pinochet muestran que tras la argumentación patriotera del golpe y de la transición estaban los apetitos económicos y de dominación de la burguesía chilena y de sus aliados militares. Algo que también anima las elites chilenas en los últimos años. Veamos algunos aspectos.

En primer lugar, está la necesidad de terminar con la herencia de la dictadura militar sometiendo a la justicia los culpables de violaciones de derechos humanos. Ello es una necesidad no solo por respeto a las víctimas sino porque permite edificar un estado de derecho digno de ese nombre, vale decir un estado en el que todos los ciudadanos sean iguales frente a la ley. Es necesario destacar que a diferencia de otros países, principalmente de Argentina, Chile no ha enfrentado este problema. Se mantiene la impunidad en las violaciones de derechos humanos. Algunos responsables han sido juzgados. Es el caso del ex jefe de la policía secreta de Pinochet (DINA), Manuel Contreras por el asesinato de Orlando Letelier en Washington. En total, sólo unos 46 uniformados han sido condenados en 14 casos de violaciones de derechos humanos. 24 de ellos ya están libres porque sus penas fueron muy bajas. Hay otros 372 uniformados que esperan sentencia o se encuentran procesados o con juicios pendientes o abiertos. Pero ello se debe a la lucha de las familias de las víctimas y de los abogados en los casos de cientos desaparecidos cuyos cuerpos aún no han sido encontrados y, en ningún caso a la voluntad política del gobierno.

Ciertamente, los gobiernos de la Concertación pueden argumentar que han adoptado medidas de reparación como la Comisión Rettig o como la Comisión sobre la tortura que permitieron aclarar en parte lo ocurrido y confirmar la existencia de una política represiva del estado y no de individuos aislados. Pueden esgrimir también las medidas económicas de reparación a los familiares de asesinados, a los exonerados, a los torturados y a los familiares de víctimas. Puede también esgrimirse que Pinochet está siendo finalmente juzgado, aunque ello sea por sus crímenes económicos, como Al Capone, y no por sus crímenes contra la humanidad. A pesar de ello el balance en materia de justicia de los gobiernos de la Concertación es limitado porque sigue siendo “en la medida de lo posible” como lo anunció Patricio Aylwin al inicio del primer gobierno de la concertación de partidos por la democracia en 1990.

Esa tendencia general de los gobiernos de la coalición gobernante, fue confirmada recientemente con la decisión del presidente saliente, Ricardo Lagos, de indultar al asesino del líder síndical de la Asociacion Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) Tucapel Jimenez. Una decisión que causó gran polémica porque entregó un mensaje de impunidad para quienes se encuentran cumpliendo penas y favorece quienes buscan aplicar la ley de amnistía de los militares. Algunos califican esta decisión como un error del presidente Lagos. Lo cierto es que confirma la tendencia general de la política de los gobiernos de la concertación en materia de derechos humanos.

La segunda reflexión se refiere a la herencia del regimen militar en cuanto a la política económica. Se trata allí de un fenómeno que revela las raíces clasistas del golpe de estado y los desafíos de la sociedad chilena. El análisis revela que tras el golpe de estado no estaban exclusivamente los militares: Se trató de una alianza entre militares y los sectores más reaccionarios de la derecha chilena en torno a un pesado documento, conocido como el “ladrillo”, una propuesta de organización neoliberal de la sociedad chilena. Esa propuesta sirvió para que la sociedad chilena fuera el laboratorio del neoliberalismo antes que se aplicara en otros países.

La continuidad del modelo neoliberal en los sucesivos gobiernos de la Concertación se sustenta en su calificativo de “moderno”, de políticas que se adaptan a la globalización. La continuidad del modelo económico va más allá de la influencia de los militares mismos y revela la importancia de las asociaciones patronales en Chile. Estas asociaciones como la SOFOFA, la Sociedad nacional de Agricultura, entre otras, y desde la adaptación del modelo a la globalización, impuesta por Hernan Buchi en 1986, establecieron una nueva alianza con los partidos de derecha y de la concertación, que influye en la política económica de los gobiernos de la Concertación desde 1990. Ello explica el mantenimiento de la orientación económica abierta a la inversión extranjera, a la privatización, a la conclusión de acuerdos de libre comercio basados en los bajos costos de mano de obra en Chile. También explica lo reacio que es el gobierno cuando se trata de restablecer las reglas de juego que permitan el desarrollo del sindicalismo y la negociación colectiva. Cuando la disminución de la jornada de trabajo a 45 horas es presentada como un éxito, se ve cuan limitada es la sensibilidad favorable a los trabajadores por parte del gobierno. Lo cierto es que las consecuencias del modelo siguen siendo catastróficas en materia de ingresos y los observadores insisten en que no se trata de un modelo viable en el largo plazo. Además, la famosa segunda fase exportadora que permitirá que Chile acceda al desarrollo nunca se ha desarrollado, salvo como experiencias piloto. En esa medida, en materia de políticas económicas debe concluirse que ya no puede hablarse de la herencia del modelo económico de la dictadura, se trata más bien del funcionamiento de una nueva alianza que impulsa la aplicación de políticas neoliberales. El cuestionamiento del modelo a partir de la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los chilenos es una necesidad inmediata.

Desde la perspectiva política, es indudable que las más recientes reformas a la constitución restablecen en parte el control de la soberanía popular sobre el sistema político. El problema es que el pilar fundamental del nuevo esquema de representación basado en la elección binominal por distrito, seguirá desfigurando la representación popular, favoreciendo a la derecha política. En esa medida, el sistema político heredado de los militares y diseñado por el ideólogo facista Jaime Guzmán, es de gran estabilidad. Es paradojalmente ese sistema político lo que permite nuevamente, la segura elección del candidato de la Coalición gobernante, en este caso de Michelle Bachellet. Ello porque la elección se inscribe en la dinámica tradicional de la cultura política chilena que está basada en los tres tercios; a pesar que se le sobreponga un sistema de representación binominal. Para el sistema político chileno, el desafío no es tanto el temor de una victoria de la derecha. El gran temor proviene del anquilosamiento, del desgaste y la corrupción generados por la larga permanencia en el poder. Es lo que muestran las experiencias semejantes como la de Mexico, la de Venezuela o de Colombia donde se asiste al desplome de las clases políticas tradicionales. En ese marco, el principal desafío del gobierno de Michelle Bachelet va a ser el de crear las condiciones para que vuelvan a plantearse los verdaderos desafíos de la sociedad chilena y se vuelvan a abrir las grandes Alamedas.

Finalmente, y desde el punto de vista internacional, la experiencia chilena aparece como un modelo de aplicación exitosa del neoliberalismo. También se trata de una de las sociedades más estables de América latina, con tazas de crecimiento importantes, luego de la recuperación de la crisis de 1998. Un país que ha firmado acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y otros países. Chile, pese al aislamiento de sus vecinos latinoamericanos, que le consideran como el peor vecino, tiene un rol importante que jugar en la región.

A pesar de los 32 años transcurridos desde el golpe de estado en Chile, este sigue siendo una referencia fundamental para la sociedad chilena y latinoamericana porque fue el hito más acabado y demostrado de la reacción del imperialismo y de las oligarquías nacionales de entonces (utilizando términos de la época) frente a las aspiraciones de las masas populares. No es en balde que estuvo enmarcado en el ciclo infernal que se tradujo en la instalación de gobiernos militares en la casi totalidad de los países latinoamericanos. El fin de la dictadura militar en 1990 y el tránsito a un gobierno civil también fue un ejemplo característico del proceso de retorno de democracias frágiles en los países de la región latinoamericana donde hoy no existe ningún régimen militar.

El nuevo ciclo que se vive en América Latina luego del fracaso de las experiencias de democracias neoliberales y de apertura a nuevas alternativas propiamente latinoamericanas, interpela los analistas de la experiencia chilena, pero Chile parece no seguir el ciclo. La sociedad chilena aparece protegida de los cambios que ocurren en los países vecinos, por el temor de repetir la traumática experiencia de la dictadura militar. Por ello la clase política chilena justifica el mantenimiento de su modelo neoliberal no sustentable. A pesar de ello, todo indica que los próximos años estarán marcados por la reapertura de los debates porque el modelo muestra su agotamiento. Por otro lado, los gobiernos tienen cada día mayor dificultad en escudarse en los temores de la amenaza golpista para ahogar las esperanzas de mejorar las condiciones de vida de la población. El proceso político chileno aparece hoy día en vísperas de una apertura importante.

Este día es fundamental para rendir un homenaje al Presidente Salvador Allende, a Miguel Enriquez y todos los caídos desde hace 32 años y hoy día a aquellos que mantienen viva la memoria de lo que puede volver a ser la experiencia chilena.
   Marcelo Solervicens                Desea escribir al autor ?
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