EL DEBATE SOBRE LA SALUD EN CANADA Y QUEBEC.

La política canadiense y quebequense ha estado marcada en los últimos días por la llegada del esperado informe de la Comisión dirigida por Roy Romanow sobre el sistema de salud canadiense. La buena noticia es que se distancia de las tendencias internacionales en boga y que apuntan a la privatizaciŪn de los sistemas de salud. La mala noticia es que como todos los debates políticos en Canadá comienza una larga zaga de debates sobre jurisdicciones federales y provinciales porque Ottawa quiere utilizar su llamado poder de gasto para exigir cuentas del dinero que plantea reintegrar al sistema de salud que es financiado principalmente por las provincias. Y es que el informe Romanow asocia el sistema de salud a la unidad nacional y a la identidad canadiense. Mientras que los partidos políticos provinciales agradecen que se vuelva a invertir en el sistema de salud, pero ven en el informe, un nuevo ejemplo de la ingerencia del gobierno federal en las llamadas competencias provinciales. En el caso de Quebec, el informe Romanow avivó la fibra nacionalista del partido quebequense, al punto que el líder del gobierno, Bernard Landry, planteó la posibilidad de transformarlo en desafío electoral para mejorar la posición de su partido en las próximas elecciones provinciales. El debate sobre el sistema de salud es, después de los temas constitucionales, uno de los sujetos más apasionados de debate en Canadá. Sobre todo cuando el deterioro del sistema de salud es real. Los problemas del sistema de salud son primeramente monetarios. El combate exitoso del gobierno federal y del gobierno de Quebec contra el déficit fiscal, se hizo en gran parte sobre la base de la reducción de los gastos en el sistema de salud. Por un lado, Ottawa redujo dramáticamente sus contribuciones a niveles del 10 %, mientras que los gobiernos provinciales redujeron sus efectivos. Ello llevó también a niveles de privatización importante de algunos servicios mientras que otros, por la vía de la mantener un sistema pagado por la carta de seguro médico, implican la existencia cada vez más importante de clínicas privadas. En ese marco, el informe Romanow propone reinyectar en el sistema de salud más de 15 mil millones de dólares sobre tres años. Ello aumentaría la contribución federal a niveles que se acerquen más a los niveles tradicionales. Sobre todo sin embargo, se opone a que el sistema de salud pueda transformarse en una medicina de dos velocidades, aunque no descarta la continuación del uso de las clínicas privadas que sean pagadas con la carta del seguro médico. El informe adolece sin embargo de la falta de propuestas de control de otro aspecto importante del aumento de los costos del sistema de salud como es el peso exorbitante que tienen las industrias transnacionales que producen las invenciones en el campo de la salud, equipos, materiales y medicamentos sobre todo en el campo de la propiedad intelectuales. La inversión en la investigación médica y en otros sectores ligados no aparece en el informe. Lo cierto es que el informe presenta características de discurso ideológico en la medida en que el llamado medicare se ha transformado en el Canadá inglés en uno de los principales aspectos que constituye la identidad canadiense y que les diferencia de los Estados Unidos. En esa medida, la elección del antiguo primer ministro de Saskatchewan, cuna del medicare y del Nuevo Partido Democrático anticipaba un enfoque no sólo de tipo progresista en cuanto a criticar las tendencias favorables a la privatización del sistema de salud provenientes de Alberta, sino que además fuertemente centralizador en la medida en que se plantea imponer criterios de tipo nacional que permitan que todo canadiense esté en la provincia en que esté, reciba el mismo tipo de tratamiento. El informe plantea que el gobierno federal debe condicionar la transferencia de los fondos federales al respeto de normas nacionales y la presentaciŪn de planes específicos. Esta propuesta transforma el informe Romanow en un nuevo aspecto del debate constitucional canadiense que da municiones inesperadas al gobierno del partido quebequense porque todos los partidos de esta provincia, liberal y adequista incluidos rechazan la ingerencia federal en materia del sistema de salud. Como se sabe, la creación de Canadá en 1867 por la asociación de provincias constitutivas a la que se agregó la última provincia en 1949, suponía la delimitación de competencias federales y provinciales. La salud y la educación, entre otras, siguieron como competencias provinciales. Sin entrar en detalles, lo importante es destacar que lo que más se ha retenido en el debate sobre todo en Quebec ha sido el aspecto constitucional del debate. Como para recordar que se trata de un tema que no está muerto. La propuesta del Informe Romanow se inscribe dentro del objetivo de centralización y de fortalecimiento de la unidad nacional que ha sido la marca de comercio de los liberales federales desde Pierre Elliot Trudeau, que Jean Chrétien - que fuera lugarteniente de Trudeau - desea consolidar como su legado luego de más de cuarenta años de vida pública. En esa medida, el sistema de salud, su carácter público y universal se transforma en el elemento central de lo que significa ser canadiense y ese parece ser el principal legado que desea dejar el primer ministro Jean Chrétien a los canadienses cuando deje el poder, si es que consigue sobrevivir hasta el comienzo de 2004 como lo ha prometido. El voluminoso informe de 400 páginas dado a conocer el 28 de noviembre por Roy Romanow, ha sido aceptado por el gobierno de Jean Chrétien que parece dispuesto a aplicar sus disposiciones de transferencia de fondos. Paradojalmente, la buena noticia en el campo de la salud, porque anuncia finalmente el fin de las compresiones en los servicios públicos abre una mala noticia para los federalistas en esta provincia porque ahí el gobierno del partido quebequense logra capitalizar el descontento producido por la ingerencia en materias provinciales podría ser su caballo de batalla en la próxima contienda electoral, que podría salvar al partido quebequense de la extinción. Una situación que debe seguirse de cerca ya que por el momento está prohibido enfermarse.

  IRAK: LA CRÓNICA DE UNA GUERRA ANUNCIADA.

El 7 de diciembre el gobierno Irakí entregó a los representantes de la Organización de las Naciones Unidas, un extenso expediente de más de 12 mil páginas sobre sus programas militares en el cual niega que en su territorio se produzcan armas de destrucción masiva, nucleares biológicas o químicas como lo pretende la administración Bush. Se trataba de una de las condiciones exigidas por la resoluciŪn 1441 del Consejo de Seguridad de la ONU bajo amenaza de ataque inminente. A pesar de la aceptación por parte de Bagdad de las condiciones exigidas y que implican mantener la situación de capitulación de Irak desde después de la guerra del Golfo, Washington dudó del expediente señalando oficialmente que si Bagdad declara no poseer armas de destrucción masiva es que miente. Estos elementos confirman que la guerra de Irak es la crónica de una guerra anunciada en preparación desde mucho antes del 11 de septiembre de 2002. Nada parece poder detener la escalada de los preparativos pues estos se desarrollan siguiendo un plan militar previsto al detalle por el Pentágono. Como se recordará, Washington, luego de usar múltiples presiones arrancó la resolución 1441 de parte del consejo de seguridad de la ONU que acepta la doctrina de los ataques preventivos que constituye la nueva estrategia del pentágono. Una etapa importante era el comienzo hace unos días, de las inspecciones por parte de la Comisión de Control de Verificación y de inspección de la ONU la COCOVINU dirigida por Hans Blix. La segunda etapa es la entrega del informe por parte de Bagdad. Finalmente, a fines de enero, comienzos de febrero Hans Blix de la COCVINU, así como los expertos de la Asociación Internacional de la Energía Atómica deben entregar su informe al Consejo de Seguridad indicando si Irak cuenta o no con armas de destrucción masiva. La guerra psicológica ya está en desarrollo por cuanto los Estados Unidos trataron incluso de señalar que la resistencia a los vuelos de aviones americano-británicos en la llamada zona de exclusión aérea constituía el acto de guerra que justificaróa el ataque contra Irak. El único problema es que la imposición de la zona de exclusión es un abuso del derecho internacional por parte de los Estados Unidos y el Reino Unido, no por una decisión que corresponda al derecho internacional o sea reconocida por la comunidad internacional. Por otro lado, el debate sobre el post Saddam Hussein ya ha sido lanzado públicamente desde hace varias semanas por círculos ligados a la Casa Blanca y el pentágono, con el fin de preparar la opinión pública estado-unidense para una ocupación semejante a la que sufriera Japón después de la segunda guerra mundial, cuand fuera ocupada. El New York Times anunciaba el 6 de diciembre que los Estados Unidos han acumulado suficientes barcos de todo tipo, aviones y helicópteros y tropas para lanzar el asalto contra Bagdad en enero. Koweit será la principal base de operaciones para los ataques y ya 60.000 soldados se entrenan para entrar en acción. La inminencia del ataque y el rol asumido por Koweit explican porqué Saddam Hussein lanzó excusas por el ataque contra Koweit en 1990. Una manera también de ganar el apoyo de árabes y musulmanes. Como se recordará, luego de los atentados suicidas de New York y Washinton en septiembre de 2001, Washington lanzó la guerra mundial contra el terrorismo, que se tradujo en la guerra de Afganistán contra el régimen de los talibanes. Sin embargo, fuera de imponer tanto en Estados Unidos como a nivel mundial una verdadera psicosis que lleva el tema de la seguridad al centro de las acciones de los países occidentales, sojuzgando las libertades civiles obtenidas en los últimos decenios, pocos son los éxitos de la cruzada antiterrorista que debiera tener una carácter más policial que militar. En efecto, es paradojal que la Casa Blanca insista en el ataque contra Irak siendo que se ha confirmado que el hombre más perseguido del mundo Oussama Ben Laden sigue vivo y mandando sus mensajes contra Estados Unidos y es sindicado como el responsable de los recientes ataques terroristas en África contra blancos israelíes. A pesar de ello, Washington concentra sus esfuerzos en terminar el trabajo de destrucción del gobierno de Irak iniciado por el padre de Georges Walter Bush. Que la guerra de Irak es la crónica de una guerra anunciada lo demuestra también la profusión de informaciones de los medios de comunicación oficiales dando por seguro que habrá una guerra, que de acuerdo a los criterios del derecho internacional, son injustificables sobre todo porque Bagdad acepta, como parece estar haciéndolo, las condiciones impuestas por la comunidad internacional. El debate sobre el post Saddam Hussein que ha sido profusamente anunciado y debatido en la prensa constituye una propaganda sicológica de manipulación de la opinión póblica estado-unidense. En ese marco, es necesario considerar que tras la aparente tozudez de parte del presidente cow-boy, existe una política coherente que busca asegurarse el control del abastecimiento petrolero mediante la dominación de los Estados Unidos sobre la región. Es la misma lógica coherente que se encuentra tras la invasión de Afganistán que permitió asegurar la construcción de una “pipeline”, luego del fracaso de las negociaciones con el régimen de los Talibanes. Pero estos intereses económicos están asociados a la obsesión de los halcones de la Casa Blanca por asegurar el predominio estado-unidense sobre el mundo. Esta estrategia ha sido definida como la doctrina de los ataques preventivos, que después de la estrategia del “containment” es considerada por los estrategas del Pentágono, como la condición necesaria y suficiente para que los Estados Unidos mantengan su primacía como la principal potencia mundial durante todo el siglo XXI . En esas condiciones es importante destacar que, independientemente de la evaluación que pueda hacerse del régimen de Saddam Hussein, los esfuerzos a nivel mundial del movimiento por la paz y por el respeto de los derechos humanos en cercanía del aniversario de la Declaración Universal el 10 de diciembre son fundamentales, porque después de Irak, seguirán otras crónicas de guerras anunciadas, porque, al parecer, para escapar a la crisis económica que se vive en Estados Unidos y que podría llevar a una situación de deflación como la de los años treinta, la dirigencia estado-unidense ha elegido el viejo reflejo de que se deben quemar las fuerzas productivas para poder reiniciar el ciclo de expansión.

  LA RECRUDESCENCIA DE LA CRISIS VENEZOLANA.

Venezuela está nuevamente en crisis abierta por la huelga general de esta semana que provocó el viernes 6 de diciembre, tres muertos por bala y 28 heridos en la plaza Altamira de Caracas. Por mano de partidarios de Chavez seg™n la oposiciŪn, lo que fue desmentido por el Vice presidente Rangel. Lo que caracteriza la huelga, sin embargo, es la extensión de una huelga general iniciada el lunes 2 de diciembre y que ahora afecta las exportaciones de petróleo, la principal fuente de ingresos del país. La crisis expresa los intentos de la oposición patronal, de los partidos tradicionales, de los sindicatos amarillos y apoyada por los republicanos en los Estados Unidos de derrocar el gobierno del ex-militar nacionalista y populista Hugo Chávez. Se trata de una situación de polarización social semejante a la creada durante el gobierno de la Unidad Popular en Chile, por el recurso de la oposición a sectores de trabajadores y sociales. Hugo Chávez, el actual presidente de Venzuela es un ex-militar que intentó un fallido golpe de estado en 1992 con un discurso bolivariano que denunciaba la corrupción de los partidos políticos tradicionales. Chávez fue elegido presidente en 1998 desbancando completamente los partidos tradicionales de Venezuela que habían compartido el poder durante más de cuarenta años imponiendo lo que el caracterizaba como una nueva revolución bolivariana. Como se recordará, el carismático líder de la llamada revolución bolivariana, Hugo Chávez, sobrevivió a un golpe de estado de 48 horas del 11 al 13 de abril pasado, gracias al apoyo del ejército y de los sectores pobres que en Venezuela constituyen estadisticamente más del 80 % de la población. Estaba claro sin embargo que se trataba de una postergación porque el intento de derrocamiento de Chávez seguía inscrito en la agenda de la oposición, pero sobre todo en la agenda de poderosos lobbies de Washington. La oposición formada por el Gremio empresarial FEDECÁMARAS, por la Confederación de Trabajadores de Venezuela y por la Coordinadora democrática que agrupa los partidos políticos tradicionales y los grupos civiles adversos a Chávez, exige un referendo que serviría para derrocar el gobierno de Chávez. La oposición recopiló más de un millón de firmas y exige que se use la disposición del referendo revocatorio. Chávez, fue elegido con 56 % de los votos en 1998 y nuevamente en 2000 con 60 % de los votos como primer paso de la nueva constitución bolivariana que estipula que debe gobernar hasta el 2006. Según Chávez no debiera existir un referendo por el momento sólo podría hacerse a fines del 2003. Chávez considera que la movilización actual de la oposición contra la principal riqueza venezolana está en continuidad con la asonada golpista de abril que busca la privatización del petróleo venezolano. Es necesario destacar que la huelga nacional iniciada el lunes 2 de diciembre, la cuarta de este año, se extendió esta vez a la industria petrolera obligando a reducir en 400 mil barriles de petróleo diarios sus exportaciones: un 10 % de su producción total. Ella amenaza la actividad petrolera que constituye más del 70 % de la renta venezolana y su principal fuente de ingreso internacional. Ello ha llevado a que el gobierno establezca el control militar de las instalaciones petroleras. La extensión de la huelga a la ocupación de los barcos que transportan el crudo profundiza la desestabilización del gobierno de Hugo Chavez. La desestabilización de los suministros del 5o. país productor de petróleo del mundo, que asegura el 12 % del petrŪleo usado en Estados Unidos, ha favorecido los rumores del retorno del rol interventor de la Organización de Estados Americanos, OEA. La OEA podría recurrir a la llamada carta democrática que fuera adoptada en Quebec en 2001 e incorporada después a los principios de la Organización de Estados Americanos, favoreciendo así el derrocamiento de Chávez. Como se recordará, el Secretario general de Organización de Estados Americanos, Cesar Gaviria comenzó un proceso de mediación de la crisis venezolana en noviembre gracias a una Mesa de Diálogo entre el gobierno y la oposición. La mesa del diálogo no ha dado resultados por el momento y estuvo suspendida esta semana por la huelga. Las negociaciones se reanudaron el 7 de diciembre. El gobierno de Chávez espera que no funcione la exclusión de su país de la OEA, aplicando la Carta Democrática porque se necesitan tres tercios de votos. Como se recordará fue un marco semejante el que llevó a la exclusión de Cuba de esa organización internacional a comienzos de los años sesenta. Lo cierto es que en el marco de la llegada de los nuevos gobiernos de Lula en Brasil y de Gutiérrez en Ecuador, el debate sobre el futuro del gobierno de Hugo Chávez es muy importante para la región. Ciertamente el gobierno de Chávez se encuentra en una situación muy difícil porque desde el punto de vista económico no ha podido mejorar las condiciones de vida de las grandes masas populares venezolanas. Al mismo tiempo, la medidas aplicadas han permitido que la oligarquía solidifique sus alianzas con lobbies estado-unidense. Sin embargo, el discurso populista y nacionalista de Chávez le permite contar con un apoyo importante en los sectores populares a pesar de que no pueda ofrecer verdaderas perspectivas de desarrollo y mejoría. Es necesario recordar que la fuerza principal con que cuenta para la estabilidad de su gobierno está dada por el apoyo de un ejército que altamente politizado que funciona como un partido político. Es sintomático de ello, que esta vez la oposición recurra a mecanismos económicos para desestabilizar el gobierno de Chávez y no juegue la carta militar. Venezuela vive una guerra de desestabilización y de baja intensidad por los efectos de la disminución de ingresos del petróleo por la huelga. Ello hará aún más difĢcil que Chávez responda a las necesidades de los Venezolanos. Todo indica que, si la tendencia se mantiene, el gobierno de Chávez seguirá el destino de los gobiernos de ex-militares progresistas y populistas latino-americanos como Velazco Alvarado u Omar Torrijos. Sin embargo, el surgimiento del nuevo polo creado por Lula en Brasil, Gutiérrez en Ecuador crea posibilidades de alivio para Chávez. El desprestigio de la clase política tradicional que no cuenta con una verdadera propesta de desarrollo para Venezuela también le ayuda. En ese contexto cobra importancia el rol que pueda estar llamada a cumplir la OEA bajo las presiones de los halcones de la Casa Blanca que se plantean la recolonización de América latina y desean derrocar a Hugo Chávez porque es un obstáculo importante para el llamado Plan Colombia.

 Marcelo Solervicens