LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO GOBIERNO LIBERAL DE JEAN CHAREST ESTA SEMANA

Esta semana causó gran revuelo el discurso de inauguración del nuevo gobierno liberal de Jean Charest en Quebec. Paradojalmente, el discurso no trajo grandes novedades por cuanto el nuevo primer ministro presentó los elementos que contenía su programa de gobierno presentado ya el año pasado y repetido durante la campaña electoral.
Lo cierto es que confirmó los temores del mundo sindical en el sentido de que los liberales se proponen cambiar la ley que prohíbe la subcontratación y que fue una gran victoria del movimiento sindical. Algunos observadores califican ya que el gobierno liberal se asemeja al de Colombia Británica y adopta consignas semejantes a las propuestas ideológicas de los neoconservadores que se han enseñoreado de la política en América del Norte desde la Reaganomics.
En espera de la presentación del presupuesto por parte del nuevo ministro de finanzas Yves Seguin la próxima semana, la inquietud se mantiene por las consecuencias de la reingeniería del Estado surgido de la revolución tranquila que propone Charest. Como se recordará esta propuesta había sido rechazada por los electores en las elecciones anteriores. Esta vez fue más bien el agotamiento del gobierno del partido quebequense antes que la existencia de una crisis económica que justifique una política de austeridad lo que permitió el acceso de los liberales al gobierno. Estos actúa como si Quebec se encontrara en situación de crisis económica con lo que se revela el carácter ideológico de sus propuestas. Ciertamente, el sistema de salud y el de educación se encuentran en crisis producto de la disminución de los efectivos que fue creada por la lucha iniciada por otro conservador federal que se transformó en primer ministro provincial, Lucien Bouchard del partido quebequense que concluyó el combate por el déficit cero con la disminución de personal que ahora se busca desesperadamente. En ese marco, la propuesta de invertir más dinero en la salud, dar un rol más importante al sector privado al mismo tiempo que disminuir los impuestos se asemeja de manera evidente de las recetas que Mike Harris aplicó en Ontario.
Otro tema de inquietud es que persiste la confusión en el expediente de la promesa liberal de deshacer las municipalidades. Según los observadores el debate en torno a la separación de las municipalidades remplazará las antiguas querellas constitucionales. Como si pudiera asimilarse el problema de la cuestión nacional al de la problemática de municipalidades que de acuerdo a la organización estatal canadiense son emanaciones del gobierno provincial y no un nivel de gobierno que tenga una existencia autónoma como en el caso de los niveles provinciales o federal. Además, mientras el Canadá es una Confederación formada por la decisión de cada provincia de adherir a la Confederación, en el caso de las municipalidades los opositores buscan mantener entornos privilegiados con respecto al resto de la región. Ciertamente, el debate en el caso de la Isla de Montreal, la situación es compleja porque no sólo se trata de mantener municipalidades por cuestiones de tipo económico, también se trata de mantenerlas por razones de tipo lingüístico
Lo cierto es que los debates que se anuncian puede terminar con que las únicas municipalidades que volverán a su anterior estatus sean aquellas como Westmount que cuentan con el dinero necesario para asumir los costos que implica el proceso de “desfusión”, porque el gobierno liberal se alinea en torno a la idea de aumentar los costos de la separación. En efecto, el nuevo ministro de asuntos municipales se plantea transformar su idea de dejar que se exprese la democracia a nivel municipal, en dos propuestas que deben ser dirimidas por los electores. Por un lado se trata de que las nuevas municipalidades surgidas de la fusión deben proponer una nueva forma de organización que responda a las exigencias de los antagonistas de la fusión realizada por la ex-ministra pequista Louise Harel. Por otro lado los partidarios de volver a la situación previa, deben tener claro cuales serán los costos de la separación. Lo cierto es que mientras se espera que se realice el debate en la Asamblea Nacional las nuevas municipalidades fusionadas como la de Montreal, están virtualmente paralizadas.
Finalmente, en el campo de las relaciones federales provinciales, la presencia de la bandera canadiense en la ceremonia de juramento del nuevo gobierno, ya marcó que el debate constitucional no será un tema del nuevo gobierno. Ciertamente, la idea de exigir el fin del llamado desequilibrio fiscal marcará las relaciones y las posibilidades de alianzas con otros gobiernos provinciales. Sin embargo, mientras los liberales viven los últimos meses del gobierno de Jean Chrétien y cuando Paul Martin se prepara para ser el nuevo primer ministro en enero próximo, el peligro de aceptación final de la Constitución canadiense de 1981 por el gobierno liberal en Quebec es una posibilidad que por el momento no se discute.
Los quebequenses se dan cuenta que no sólo cambiaron de gobierno. Los liberales de Jean Charest implementarán varias de las propuestas que se le criticaban a la ADQ por considerarlas de extrema derecha. Los orígenes conservadores de Jean Charest son evidentes en sus propuestas de gobierno que se sitúa a las antípodas de los liberales que implementaron la llamada revolución tranquila en los años sesenta, la que permitió el acceso de Quebec a la modernidad. El desmantelamiento del rol activo del estado en la única sociedad francófona de América del Norte, la que permitió precisamente que pueda asegurarse el desarrollo del Quebec francés, preocupa a muchos. No sólo a los críticos de la oposición oficial del partido quebequenses que se descubren nuevamente sus tendencias socialdemócratas, sino que además al mundo social y sindical que se prepara para reivindicar en el caso por ejemplo del fin de la universalidad de la propuesta de las guarderías, que pese a no constituir un monto de dinero importante, se trata de una cuestión de principio para el nuevo gobierno del partido liberal.
El gobierno del primer ministro Jean Charest, elegido el 14 de abril pasado se plantea una reingeniería del estado quebequense que deje atrás la herencia de la revolución tranquila proponiendo temas que se pensaban más propios del programa de la Acción Democrática de Quebec del malogrado candidato Mario Dumont. En efecto, el término reingeniería es usado en la administración del sector privado para aumentar las ganancias de las compañías. Lo que se traduce generalmente en el despido de trabajadores. En este caso los liberales se plantean reducir el rol del estado y dar mayor peso al sector privado. Una vieja receta que no ha dado resultado sino para el aumento de beneficios de las grandes empresas.
En la campaña electoral, la izquierda quebequense y los movimientos sociales fueron eficaces en denunciar el proyecto de la ADQ, los analistas ahora consideran que como el partido quebequense obtuvo apenas un tercio de los votos, la mayoría de los electores están por posiciones de derecha. Lo cierto es que la situación es mucho más confusa y las propuestas que surgen del gobierno de Jean Charest son asimiladas ahora a las políticas del conservador ex-primer ministro de Ontario, Mike Harris o las del actual primer ministro liberal de Colombia-Británica, plantean desafíos de vigilancia para los movimientos sociales. La situación se clarificará con la presentación del presupuesto la próxima semana.

  LA FIRMA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y ESTADOS UNIDOS EN MIAMI.

El viernes 7 de Junio de 2003 se firmó finalmente en Miami, en una ceremonia de bajo perfil, el Tratado de libre comercio entre Chile y Estados Unidos luego de doce años de negociaciones confirmando así el acuerdo obtenido en diciembre del año pasado. La última etapa que falta para la entrada en vigor del acuerdo es su ratificación por parte de los Congresos de los dos países. La Casa Blanca cuenta desde el año pasado con el Trade Promotion Authority, más conocido como Fast Track. Esa disposición permite que la presidencia presente en bloque un proyecto de Tratado comercial y el Congreso está obligado a ratificarlo o rechazarlo sin poder modificarlo y en un periodo máximo de 90 días. Por ello los observadores estiman que el TLC entrará en vigor en enero de 2004.
Se trata de un acuerdo de tipo comercial que influenciará no sólo el desempeño de la economía y la sociedad chilena sino que además tendrá un importante impacto a nivel de América latina porque se inscribe en la estrategia comercial de la casa Blanca en su zona de influencia latinoamericana para asegurar su predominio económico con el Acuerdo de libre comercio de las Américas o mediante la firma de una seguidilla de tratados bilaterales que aseguren la hegemonía estadounidense sobre la región. En esa medida la firma del tratado ubica al gbierno chileno en contradicción con la estrategia de los países del MERCOSUR y de la región andina que plantean modificaciones al ALCA. Lo que salva al gobierno chieno es que su estrategia de apertura no se realiza solamente con Estados Unidos, sino que también con la Unión europea con la que firmó un acuerdo Asociación el año pasado y además con Corea del Norte. Valga señalar que la economía chilena se encuentra entre las diez economías más abiertas a la economía mundial al lado de Singapur entre otros. El TLC con Chile entrará para aprobación en al congreso al mismo tiempo que el con Singapur.
Se trata del primer tratado de libre comercio entre Estados Unidos y un país de América del Sur, y el sexto a nivel mundial. La conclusión del acuerdo con Chile y con Singapur que viene después del acuerdo con Jordania, muestra que Estados Unidos fortalece sus estrategia de firma de acuerdos de libre comercio bilaterales no sólo en el marco regional del ALCA sino que también en el marco de las negociaciones en curso en la Organización Mundial de Comercio. Con el fin de hacer avanzar su estrategia de imponer acuerdos de libre comercio de nueva generación vale decir que incorporen el trato nacional para las inversiones, el derecho de propiedad de las compañías multinacionales que beneficia sobre todo a las compañías farmacéuticas y los mecanismo de solución de diferendos que permiten que las empresas puedan enjuiciar los estados no sólo por expropiaciones sino que además porque las decisiones ambientales o de otro tipo puedan limitar las ganancias de los inversionistas. En el caso de América latina se inscribe en la estrategia de contrarrestar las veleidades de Brasil o Venezuela mediante acuerdos bilaterales como América Central. Para el representante comercial estadounidenses Robert Zoelick la firma del tratado fue un evento que pavimenta el camino para la firma del Acuerdo de libre comercio de las Américas. Un premio para Chile que es considerada e como la economía más libre y competitiva de América latina.
En el caso del gobierno de Chile el Tratado de Libre Comercio es un éxito del gobierno de Ricardo Lagos. Más allá de ello sin embargo, marca la culminación de la política de apertura económica unilateral iniciada con la revolución neoliberal y de apertura al comercio mundial impuesta en 1976 por la dictadura de Pinochet traducida en baja de aranceles y el tratamiento nacional del inversionista extranjero con el llamado decreto 600, con lo que se destruyó la industria nacional y se impuso un modelo de desarrollo basado en la exportación de recursos naturales con poco valor agregado.
A esta estrategia, los gobiernos civiles electos desde 1990, con Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos agregaron la reinserción de Chile en el concierto de naciones mediante el establecimiento de una gran cantidad de acuerdos de libre comercio y de todo tipo, incluyendo garantías para las inversiones de las compañías multinacionales. Ello permitió el aumento de las inversiones y la mantención de la expansión económica iniciada a mediados de los ochenta con el desarrollo de nuevos productos como los salmones, las paltas y otros. En los últimos doce años Chile logró establecer una gran cantidad de acuerdos de libre comercio, con Mexico, con Canadá, con Costa Rica entre otros. En el último año estableció tratados con la Unión Europea y con Corea del Sur y ahora con Estados Unidos. Según Osvaldo Rosales el Director de relaciones internacionales de la chancillería (DIRECON), Chile tiene acuerdo de libre comercio con mercados que cuentan con el 57% del PIB mundial. Ello no puede más que consolidar el carácter de exportación de productos naturales con algún nivel de transformación reducido que según los analistas se comienza a agotar desde la crisis de 1998.
En esa medida, el acuerdo de l libre comercio con estados Unidos se inscribe en la estrategia del gobierno de la Concertación de partidos por la democracia de profundizar la estrategia que persigue asegurar el acceso de Chile a los mercados extranjeros mediante acuerdos comerciales. Al mismo tiempo que mantiene niveles de apertura económica que han sido caracterizados por la Heritage Foundation en su Informe Anual de la Libertad Económica como una de las más abiertas
Esta estrategia se combina en los últimos años con la del desarrollo de Chile como plataforma regional para las inversiones de compañías multinacionales internacionales que por el nivel de apertura de la economía chilena pueden usar ese mercado para instalar sus sucursales para América latina. Un rol semejante al que juega en los últimos años Irlanda con respecto a Europa.
Más precisamente, y dentro del marco de las estrategias generales que consolida, el tratado de libre comercio con Estados Unidos tiene beneficios y costos enormes para Chile.
El Tratado de libre comercio fue presentado por el gobierno chileno liderado por el socialista Ricardo Lagos, como un acuerdo que ubica a Chile en el concierto de las grandes naciones permitiendo el acceso a un mercado de más de 250 millones de consumidores, permitirá la llegada de nuevas inversiones, bajará aún más la cotación del riesgo país y aumentar de manera significativa el intercambio con Estados Unidos. Se espera que las exportaciones pasen de 3600 millones a 5000 millones de dólares dentro de tres o cuatro años. El tratado, permitirá según sus partidarios aumentar en 2% el producto interior bruto.
La firma augura sin embargo una relación de subordinación de Chile frente a su aliado comercial. Un indicador de aquello es que el presidente estadounidense Georges Bush infringió una falta de respeto diplomático al no firmar personalmente con Ricardo lagos el tratado en la Ciudad de Washington Según losobservadores fue en castigo porque Chile no apoyó la guerra de la casa Blanca contra Irak, en el Consejo de seguridad de la ONU, donde es miembro por dos años. La ceremonia de firma se realizó entre personeros menores: la ministro de relaciones exteriores Soledad Alvear y el negociador comercial Robert Zoelick que ni siquiera es del mismo rango protocolar que la ministra de relaciones exteriores de Chile. También estuvo presente el gobernador de Miami Jeff Bush, el hermano del presidente estadounidense.
La firma del acuerdo se realizó en el palacio Vizcaya de Miami que, aunque fue presentado por el gobernador de la Florida Jeff Bush (hermano del presidente) pueda ser presentada como la puerta de entrada a Estados Unidos, lo cierto es que se asemeja históricamente a la entrada al patio trasero de Estados Unidos.
Con respecto al Tratado, este cuenta con 15 capítulos. Entre ellos los tradicionales que corresponden a la apertura al comercio de mercancías caracterizado como el acceso a mercados, pero es notable la ausencia de una capítulo referido al control de las medidas para contrarrestar el “dumping”.
Después del acuerdo el 87% del volumen exportado no tendrá aranceles en dos años sería del 95%. El tratado aumentaría en 2% el PIB haciendo pasar de 3600 millones a 5 mil millones las exportaciones a Estados Unidos. También permitirá el desarrollo de algunas exportaciones especificas como los salmones y las paltas, entre otras. Un efecto negativo es el de la eliminación progresiva del sistema de banda de precios que permitió salvar los sectores agrícolas del trigo y del azúcar contra el sistema de “dumping” que practican los países desarrollados. Además de ello, el tratamiento recíproco igual entre países con una desigualdad enorme en términos de mercado y en términos de capacidad económica. En ese caso Chile reforzará su modo de producción de país exportador de materias primas y recursos naturales y en el mejor de los casos recibir empresas contaminantes y transformarse en algo semejante al norte de México.
Es importante destacar que por el tipo de gestión estatal chileno, que supone dejar al sector privado y al mercado el funcionamiento de la economía (Chile es el país más privatizado del planeta), pero gracias a impuestos se busca moderar los efectos negativos del funcionamiento del mercado principalmente gracias al Impuesto al Valor agregado. En este caso el ministro de hacienda Nicolás Eyzaguirre se plantea aumentar el IVA en dos puntos al 17% durante dos o tres años para compensar la disminución de las recaudaciones estatales producto de la baja de los aranceles (del orden de 500 millones de dólares). Es así como son los consumidores chilenos los que van a pagar por las reducciones de aranceles que benefician a las empresas exportadoras e importadoras. Esos fondos permitirán financiar la modificación del sistema de salud gracias al llamado plan AUGE que busca asegurar la atención en caso de las llamadas enfermedades catastróficas. Servirán también para financiar el proyecto Chile Solidario que busca apoyar los sectores más pobres.
Otro efecto negativo se refiere a que Chile se ve obligado a eliminar el sistema de encaje mínimo por un año de las inversiones limitando así el efecto de los capitales golondrinas que favorece la especulación y provocó la crisis en México y Argentina. Aunque Chile rebajo el encaje a 0% desde la crisis de 1998, la eliminación de un mecanismo de control financiero importante que se instalara, valga anotarlo, durante la dictadura militar de Pinochet, con el fin de evitar la repetición de la crisis de 1982.
Además en el marco de los acuerdos sobre las inversiones, d ela propiedad intelectual y de la solución de diferendos, el Tartado se inscribe claramente en la misma linea del acuerdo de libre comercio de América del Norte, ALENA, donde el llamado capítulo 14 ha producido enormes críticas porque permite que las empresas puedan enjuiciar los estados gracias a una definición extendida de la expropiación. Se trata aquí de un acuerdo que escapa a la dimensión exclusivamente comercial.
Además, el tratado significa la apertura de todos los sectores económicos a la inversión extranjera, incluidas la salud, la educación y otros donde imperará el criterio de tratamiento nacional para el capital extranjero. En esa medida lo que se busca es abrir las puertas a una especie de acciones conjuntas entre capitales extranjeros o chilenos como si el territorio chileno no tiene opacidad ni deba protegerse sectores de la industria nacional.
En el tema de la propiedad intelectual, el Tratado va más allá que el ALENA y se espera que sirva de modelo para los debates de la actual ronda de negociaciones en la Organización Mundial de Comercio. Ello favorece el reconocimiento de las patentes inscritas por las multinacionales.
El tratado no sólo tiene impactos económicos. El acuerdo obliga a la formulación de cambios legislativos y de funcionamiento del Estado chileno. En primer lugar, se trata de que se abre a los inversionistas estadounidenses las compras estatales. Vale decir que las empresas estadounidenses pueden competir en las mismas condiciones que las chilenas por contratos estatales a través del sitio Internet recientemente creado. La legislación se encuentra incorporada en la llamada agenda de probidad.
A pesar de todos los elementos anotados anteriormente, el Tratado de libre comercio de Chile con Estados Unidos, no marca una línea de inflexión. Se trata, en el mejor de los casos, de la culminación de una política económica establecida en los inicios de la dictadura militar de Pinochet. Por ello puede afirmarse que consolida y limita el margen de maniobra del estado chileno, porque cuando un pequeño país con un mercado de 15 millones de habitantes entra a jugar en la corte de los grandes, al jugar con el elefante estadounidense es fácil ser aplastado. En ese orden de cosas, es preocupante que el tratado fuera firmado en Miami, en la puerta trasera del imperio y no en Washington.
Lo que puede salvar a la economía chilena, sin embargo es que también ha establecido el mismo tipo de acuerdos comerciales con otros países que contrarrestan en alguna medida la dependencia que creará el Tratado, como ocurre en el caso de Canadá. La asociación con la Unión Europea, con Corea del Sur y la serie de acuerdos de libre comercio en las Américas o en negociación indican que Chile balancea el peso del tratado con una incorporación agresiva a la economía mundial. Con ello que puede jugar a balancear su situación de dependencia de la economía mundial y no sólo de la principal potencia mundial.
La tendencia es más preocupante cuando se considera el agotamiento de la gobernante Concertación por la democracia que por lo menos asegura una relativa distribución de los ingresos hacia los sectores más pobres. En efecto, la coalición gobernante se va transformando en un bloque que tiene dificultades en regenerar y reforzar su relación con su base social de apoyo (democratacristiana o socialista). Preocupante también porque la coalición gobernante comienza a mostrar signos de corrupción como en otros países de América latina. Entre otros, con el llamado escándalo del GATE, o “coimas” exigidas por diputados desaforados. También con experiencias de gestión poco transparente como con los llamados “sobresueldos” pagados paralelamente por constructoras a los funcionarios del Ministerio de Obras públicas y que han llevado a prisión a ex-ministros y funcionarios. Aunque la Corte Suprema ha considerado que esas experiencias no son necesariamente casos de fraude al Fisco, lo cierto es que han permitido que la oposición de derecha obtenga mediante la llamada agenda de probidad limitar el poder de la presidencia.
Algunos observadores estiman que el pragmatismo que domina en la coalición gobernante explica la continuidad de una política de apertura económica sin límites. Ello explica que luego de años de tergiversaciones en materia de castigo a los culpables de violaciones de derechos humanos y de reparaciones limitadas en favor de los familiares de las víctimas de detenidos desaparecidos, la proposición de poner punto final en el expediente de los detenidos desaparecidos haya sido asumida por la oposición de derecha con una propuesta de compensaciones monetarias para los familiares de detenidos desaparecidos mientras Pinochet, presunto enfermo según la justicia chilena se pasea por el país.
El contenido del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile, aunque no marca un cambio de política de los gobiernos de la Concertación, es preocupante precisamente porque facilita el camino para una victoria de la coalición de derecha dirigida por Joaquín Lavin en las elecciones de diciembre de 2005. n esas condiciones, las promesas del presidente Ricardo Lagos en el sentido que el Tratado también favorecerá a los pobres quedará como letra muerta.

 Marcelo Solervicens