LAS MANIOBRAS DE LA CASA BLANCA PARA OBTENER LA IMPUNIDAD DE ESTADOUNIDENSES FRENTE A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

La creación de la Corte Penal Internacional de justicia con el protocolo de Roma a fines de los años noventa fue un avance importante en el desarrollo del derecho internacional. Esa corte permanente a la cual ya han adherido más de cien países ha entrado en funciones desde el año pasado y está formada por jueces que gozan de autonomía para procesar casos de crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad. Se trata de crímenes, que no prescriben y ello porque considera el derecho internacional y los acuerdos internacionales suscritos por los estados miembros de la dicha corte penal internacional como cuerpo legal.
En esa medida, la Corte Penal Internacional es un avance importante en la imposición del respeto del derecho internacional frente al imperio de la fuerza bruta que ha reglamentado el escenario internacional desde comienzos de la historia. La Corte Penal Internacional se inscribe también dentro del llamado proceso de mundialización a nivel político- jurídico que se agrega a instancias como las Naciones Unidas u otras de tipo temático muy frecuentes en el terreno económico o militar. En esa medida se inscribe en un proceso natural del desarrollo del proceso de internacional y mundialización más allá de los aspectos puramente económicos que han llenado los titulares de los grandes medios de comunicación.
Valga señalar sin embargo, que luego de que el fin de la guerra fría planteara la posibilidad de desarrollo de un sistema internacional de carácter multilateral, la situación en los últimos años - sobre todo después de la reacción de la Casa Blanca a los atentados del 11 de septiembre de 2001- entramos en un mundo unipolar a la cabeza del cual están los Estados Unidos como potencia imperial de estilo romano según los ideólogos del Pentágono y que dicta su voluntad en la escena internacional o se pone en un nivel de prescindencia distinta de las reglas que se aplican en la llamada comunidad internacional.
Esta semana, la primera potencia mundial que se plantea como defensora de los valores de la democracia de la justicia a nivel internacional se ha revelado como el principal obstáculo para el avance del derecho internacional al pasar no sólo a no reconocer la Corte Penal Internacional sino que castigar a los países que no hayan firmado acuerdos de inmunidad de los militares y civiles estadounidenses en caso de crímenes de guerra, genocidio y otros crímenes de lesa majestad.
La Casa Blanca dio a conocer esta semana una lista de 35 países a quienes se les castigaba con la suspensión de la ayuda militar de 47,7 millones de dólares otorgada por el Pentágono por no haber firmado explícitamente con los Estados Unidos un tratado gracias al cual se comprometen a no llevar a juicio de la Corte Penal Internacional a estadounidenses que pasen por su país, garantizando la inmunidad de los ciudadanos estadounidenses que podrían estar implicados en gestos de genocidio y otros crímenes contra la humanidad.
Entre los países castigados hay nueve naciones latinoamericanas. Entre ellas Colombia, Bélice, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Países que resitieron firmar esos acuerdos. Al estudiar algunos casos se ve claramente que en este caso Washingtron intenta ubicarse por encima del derecho internacional incluso con sus aliados más cercanos.
En el caso de Colombia uno de los principales beneficiados de ayuda militar estadounidense, la situación es particular en el sentido que para el gobierno de Alvaro Uribe, el acuerdo suscrito con estados Unidos en 1962 y que fuera refrendado en 2000, asegura la inmunidad a los militares estadounidenses en su territorio. Sin embargo, los Estados Unidos desean que esa inmunidad se extienda también a personal civil que trabaja por las compañías transnacionales que operan en Colombia imponiendo su ley y el orden en su territorio con apoyo de las paramilitares Autodefensas unidas de Colombia. Se trata entonces que en el caso de exacciones cometidas bajo las ordenes de civiles estadounidenses en Colombia estos no puedan ser enjuiciados por crímenes de guerra. Ello para no hablar de bombardeos indiscriminados o la participación de militares estadounidenses mucho más allá de las operaciones de erradicación de cultivos de coca, al participar en la represión de los movimientos campesinos
Ecuador por su parte se ve también castigado pese a que ofrece su territorio a la base estadounidense de Manta. Base que es utilizada en la ejecución del Plan Colombia, bajo pretexto de combate contra las drogas. Un término que bajo el gobierno del presidente Alvaro Uribe sirve de eufemismo para el desarrollo de la lucha del gobierno conservador por derrotar militarmente a la guerrilla de las FARC y del ELN.
Otros países latinoamericanos consideraron la medida injusta . Costa Rica denunció por su parte que por el hecho de adherir a la Corte Penal Internacional ningún país debe ser sometido a castigo por ningún monto que ese sea. Brasil por su parte denunció que la decisión estadounidense es contraria al protocolo del Roma que creó la Corte Penal Internacional y atenta contra la igualdad jurídica de los Estados que es un principio fundamental del derecho internacional.
Valga señalar que estas decisiones afectan no sólo a naciones latinoamericans sino que además a otros países europeos que van a formar parte de la Union Europea como Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania y Estonia. Se trata paradojalmente con la creación de la Corte Penal Internacional permanente de salir de los tribunales de excepción que se crean por ejemplo para enjuiciar criminales de guerra en la ex - Yugoslavia o el que se creó para juzgar a Pol Pot en Cambodia o el que trató del genocidio en Rwanda.
De los casi 90 Estados que ya han firmado el protocolo que gracias a ello creó la Corte Penal Internacional hace un año, casi la mitad, 44 han firmado acuerdos que aseguran la impunidad para militares o civiles estadounidenses.
Esta decisión estadounidense constituye una afrenta al desarrollo del orden internacional y tiende a reforzar el sentimiento que la única legalidad internacional que subsiste en el mundo unipolar es la ley del más fuerte. En efecto, los Estados Unidos han creado en diversas oportunidades sus tribunales penales internacionales para juzgar a quienes ellos consideran como criminales de guerra como es en el caso del tribunal penal por los crímenes de guerra en la ex-yugoslavia. En el caso de la invasión de Afganistán han secuestrado a los presuntos terroristas de AlQaeda y les han ubicado al abrigo del derecho nacional o internacional en la base naval de Guantánamo.
Las presiones estadounidenses por sustraer sus militares o civiles del juicio de la comunidad internacional hacen que impere lo que el filosofo estadounidense Noam Chomski considera como la regla de los dos pesos dos medidas que adopta Washington bajo el gobierno de Georges W. Bush como regla del derecho internacional. Washington considera sus ciudadanos como estando por encima de la legalidad internacional. No en balde el canciller Didier Operti de Uruguay considero que Estados Unidos sufre del síndrome Pinochet, por buscar acuerdos que eximan sus nacionales ante la Corte Penal Internacional. Además es necesario señalar que los países de la OTAN que no han ratificado acuerdo de amnistía para los civiles o militares estadounidenses están excluidos de la medida por ser países desarrollados que en ningún caso harían caso a Washington que prefiere atacar los pequeños países.
Todos saben que efectivamente se han comenzado a desarrollar querellas contra dirigentes estadounidense producto de sus violaciones del derecho internacional como fue la participación del canciller de Richard Nixon, Henry Kissinger que sería el primer candidato a la Corte Penal Internacional.
El envío reciente por parte del torturador Cavallo y culpable de miles de desaparecidos desde México a España por petición del Juez Baltasar Garzón que había causado la detención del dictador chileno Pinochet en Londres. Ese gesto constituye un elemento muy importante en el desarrollo de la causa de los derechos humanos a nivel internacional.
Está claro sin embargo, que luego que la administración estadounidense ha repudiado sistemáticamente tratados internacionales como los de Kioto y otros y ha invadido bajo el pretexto de armas de destrucción masivas que nunca han sido halladas a otra nación independiente constituye una violación del derecho internacional. Ello constituye precisamente un retroceso para la causa del derecho internacional. Porque como lo señalaba en una última edición le Monde Diplomatique, cuando una Nación se coloca por encima del derecho internacional lo que hace es propiciar la escalada armamentista y desarrollar las situaciones de crisis humanitarias.

  EL RESURGIMIENTO DEL TEMA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CHILE EN VISPERA DEL 30 ANIVERSARIO DEL GOLPE DE ESTADO

En vísperas de la conmemoración de los 30 años del golpe de estado en Chile el tema tantas veces ocultado de la impunidad para los culpables de violaciones de los derechos humanos ha resurgido con una gran intensidad recordando que las heridas sufridas por la sociedad chilena están abiertas y es que parece confirmar el adagio de que nada se ha terminado mas que cuando está bien terminado.
Ciertamente la situación chilena no es diferente de lo que ocurrió en otros países latino americanos hace treinta años en materia de violaciones de derechos humanos por parte de las dictaduras militares que asolaron la región en los años setenta y ochenta.
En relación a ello valga señalar que esta semana se conmemoraba el golpe de estado llamado constitucional de Bordaberry en Uruguay al que siguió el de Chile y posteriormente el de Argentina como cierre dramático de una nueva intentona fallida del peronismo la muerte de Perón en 1972. La extradición reciente del torturador Cavallo desde Mexico a España para ser juzgado por el Juez Blatazar Garzón muestra que Argentina también sufre de una deuda pendiente. Una situación creada entre otras por la anuencia del presidente Carlos Saúl Menem que desdibujó la relativa justicia que había desarrollado Alfonsín con la utilización de la ley de obediencia debida. Heridas dramáticas por los más de 30 mil detenidos desaparecidos y que la lucha infatigable de las Madres de la Plaza de Mayo han impedido que sea relegada al olvido.
También en otros países latinoamericanos existieron medidas de impunidad o leyes de amnistía que aseguraron que hasta algunos dictadores puedan todavía jugar roles políticos importantes como en Guatemala o que un antiguo dictador como Hugo Banzer pueda ser presidente elgido en Bolivia.
En ese marco entonces el reciente destape del tema de la impunidad de los culpables de violaciones de derechos humanos en Chile no debe provocar sorpresa. Sin embargo se trata de una urgente medida de atención para los diferentes sectores de la sociedad chilena sobre la importancia de aprovechar la coyuntura para hacer avanzar la causa de la justicia y no como lo buscan algunos sectores castrenses de aprovechar para imponer una ley de punto final que no esclarece los acontecimientos y las responsabilidades..
En efecto, el tema de los derechos humanos saltó a la palestra hace unas semanas cuando el partido heredero de Pinochet, la Unión Demócrata Independiente (UDI), en una maniobra tendiente a imponer una ley de punto final propuso pagarle a los familiares de las víctimas de desaparecimiento forzoso a cambio de que se cierren los casos de detenidos desaparecidos. Y es que en Chile, el país de la apariencia de legalidad, la situación de los detenidos desaparecidos no ha podido ser cerrada porque los abogados de derechos humanos consiguieron establecer la figura legal de que en las desapariciones forzadas de presos políticos se trata de un secuestro permanente que mientras no se sepa que es lo que ocurrió con los cuerpos sigue cometiéndose y por lo tanto no cae bajo la ley de amnistía de Pinochet en 1978 que ha sido aplicada y liberado de culpas a los culpables de las mayores violaciones de derechos humanos cuando existen los restos mortales de las víctimas. La desaparición de más de mil detenidos políticos de los que sólo se ha encontrado un centenar de cadáveres constituye entonces un elemento emblematico que pende como espada de Dámocles sobre los militares. Por ello el actual comandante en jefe del ejército se planteó el objetivo de terminar con esa situación buscando una salida relativa.
La propuesta de la derechista Unión Demócrata Independiente fue rechazada por familiares de las víctima y organizaciones de defensa de los derechos humanos., sin embargo detuvo la tendencia del gobierno a ser controlada por la derecha luego de los escándalos de corrupción por los sobresueldos y otras figuras del mismo tipo
Al mismo tiempo, en los últimos días han surgido las revelaciones que confirman que los militares procedieron luego de que se descubrieran los restos de unos 15 campesinos desparecidos en la mina de Lonquén y que la novelista Isabel Allende relato en su libro de Amor y de Sombras, que las fuerzas armadas decidieron proceder a la exhumación de los cadáveres de desaparecidos para botar sus restos al mar. Ello para evitar que se les pudieran encontrar
Las revelaciones muestran que la macabra operación fue realizada por ordenes de la comandancia en jefe y con la rigurosidad de una operación militar. En ello los militares seguían las nuevas tendencias represivas adoptadas por los militares en otras dictaduras del Cono Sur que hicieron de la desaparición forzada de presos políticos una estrategia represiva y de terrorismo de estado.
En los últimos días además de las declaraciones abiertas de un suboficial que participó en el fusilamiento entierro, exhumación y botada al mar de una docena de detenidos desaparecidos en la Moneda., el palacio presidencial de Salvador Allende, el 11 de septiembre del 73, se ha podido comprobar que la Iglesia católica contaba con información que nunca dio a conocer y que podría haber clarificado con anterioridad el destino de los desaparecidos y que el uso de arrojarlos al mar para que no quedaran restos fue una práctica constante. Una situación muy compleja entonces.
El jueves 8 ex-generales de Pinochet reconocieron por primera vez las exhumaciones de cadáveres y que estos fueran botados al mar y señalaron que no se condicen con el recto proceder de la conducta de un militar. Sin embargo reconocen sólo que se trata de desaciertos y entregan el apoyo al intento de limpiar la institución militar bajo la promesa que no deben volver a repetirse. El apoyo al comandante en jefe del ejército Emilio Cheire por parte de estos generales entre los que se encuentra Washington Carrasco que fue jefe de plaza en Concepción cuando fueron muertos los líderes del carbón , Santiago Sinclair que fue ministro de la presidente para el periodo de las protestas del 83 al 85 busca aumentar la presión sobre el gobierno de Ricardo lagos de si el ejército da el paso, se debiera entonces buscar la figura jurídica que permita cerrar los casos de detenidos desaparecidos. La casi totalidad de los ex-generales firmantes están en la lista del juez Baltazar Garzón pro crímenes de guerra durante el gobierno militar
A la luz de estos recientes acontecimientos el gobierno del presidente Ricardo Lagos de la coalición socialista democristiana está confrontado a un dilema ético de gran importancia porque son los cimientos mismos del Estado de derecho democrático luego del retorno al gobierno civil y sobre la base del cual ha gobernado la coalición en los últimos trece años los que están en juego.
En efecto, por no señalar más que lo que ya es conocido, luego de la farsa creada para salvar a Pinochet pese a que la solidaridad internacional le condenara y que la justicia chilena permitiera que se salvara gracias a la figura legal de la demencia parcial. Luego de ello y que Pinochet se ganó la tranquilidad al quedarse en silencio en materia política y abandonó el cargo de senador vitalicio a cambio de mantener la renta millonaria. En ese marco debe reconocerse que la Concertación de partidos por la democracia realizó algunos avances en estos últimos trece como el reconocimiento oficial del caracter terrorista de la dictadura con la Comisión para la Verdad y la Reconciliación que fue utilizada como modelo en Sudáfrica por ejemplo, luego de que lanzo una ley de reparaciones para las victimas vivas y un nivel de ayuda mínimo para los familiares de los desaparecidos. Lo cierto es que después en aras de la justicia en la medida de lo posible, solo tolero una serie de otros avances que se deben principalmente, como en otros lugares del continente a los familiares de las victimas, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y a los abogados.
Luego que el gobierno se planteara hacer justicia solo en la medida de lo posible con algunos casos claves y dejara de lado las victimas de la tortura por ejemplo colocando los resistentes culpables de los llamados delitos de sangre a nivel de delincuentes y no de presos políticos, lo cierto es que la historia de la deuda de justicia en Chile ha estado llena de recovecos.
Treinta años más tarde, la herida aún no se ha cerrado y el gobierno chileno actual cometería un grave error de juicio de confundir la relativa tranquilidad ciudadana con una aceptación de una situación intolerable. A treinta años de la dictadura militar de 16 años, el estado chileno todavía mantiene una deuda de justicia que hipoteca su valor ético y no es ajena la dificultad creciente que encuentran los gobernantes en evitar que la corrupción se enseñoree de su gestión.
Ciertamente, la situación actual puede terminar en garantizar la impunidad de los militares y el cierre de los casos al saberse el destino de los cuerpos, que fueron arrojados al mar lo que permitiría aplicar la ley de amnistía. Ciertamente también, puede permitir que los cinco jueces de dedicación exclusiva sigan funcionando como lo estimó el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago y que la designación del nuevo ministro en visita magistrado Sergio Muñoz pueda efectivamente aclarar la situación y permitir identificar todos los culpables en 20 nuevos casos de derechos humanos.
También puede paradojalmente facilitar el cierre del tema e imponer una ley de punto final como se ha intentado en el pasado en los gobiernos de la concertación de partidos por la democracia en diversas oportunidades tanto bajo Aylwin como de Eduardo Frei.
La vigilancia de la comunidad internacional puede evitar ese desenlace. Lo cierto es que aunque estos temas aparezcan como algo del pasado lo cierto es que tiene actualidad porque los actores principales de la escena política basan sus actitudes bajo el trasfondo de sus interpretaciones de los años de dictadura militar. En el caso de la derecha política fueron costos necesarios de una causa justa. En el caso del centro político fueron condenables sin embargo la realpolitik obliga a considerar que la única salida es la del desarrollo de un nuevo consenso y que el aspirar al socialismo con empanadas y vino tinto fue pecar de ingenuos y optimistas.
En esta media, la actualidad del 11 de septiembre adquiere plena vigencia no solo en el caso chileno sino de los pueblos latinoamericanos cuando todos los países de América latina viven democracias representativas restringidas.

 Marcelo Solervicens