La campaña electoral ha transformado las elecciones federales del 28 de junio, en Canadá, en las primeras de carácter verdaderamente competitivas en casi dos décadas. Ellas pueden ser definidas por los debates de los jefes de partidos el 14 y 15 de junio próximo. Ellas son interesantes porque pueden diseñar un nuevo panorama político.
Las encuestas indican que si ellas se realizaran en este momento podría haber un gobierno minoritario liberal o conservador. Todo un viraje en sólo tres semanas cuando los liberales estaban seguros de ganar. En efecto, el mal tratamiento del escándalo de las llamadas comanditas, afectó catastróficamente al nuevo primer ministro Paul Martin, que decidió de todos modos arriesgarse a convocar elecciones anticipadas. Como se recordará ese escándalo estalló por las acusaciones de la Contralor general que denunció el desvío injustificado de unos cien millones hacia agencias de publicidad cercanas al Partido Liberal y manejos turbios de es programa, durante un periodo de cinco años. Ese proyecto de “comanditas” buscaba cimentar la unidad nacional instalando banderas de Canadá en todos los eventos culturales o sociales, sobre todo en la provincia de Québec. Aunque en el Canadá Inglés el escándalo ha perdido vigencia, no ocurre lo mismo en Québec. En la provincia francófona, blanco del programa que buscaba evitar la separación, fue percibido como una ofensa a la inteligencia de los quebequenses. El escándalo permitió otorgar una inesperada legitimidad al trabajo de denuncia realizado por el Bloque quebequense durante todos estos años. El partido de Gilles Duceppe aparece así como un útil insospechadamente eficaz en la defensa de los intereses de Québec en la federación canadiense. El Bloque quebequense volvió a niveles de popularidad semejantes a los de su creación luego del fracaso del Acuerdo del Lago Meach. Lo cierto es que eso hace aparecer como nunca, la diferencia entre Québec y el Canadá Inglés. En Québec la pelea se da entre liberales y bloquistas, mientras que en el resto de Canadá la pelea principal es entre liberales y conservadores. En el Canadá Inglés el Nuevo Partido Democrático aparece como la posible balanza del poder. Hasta los anuncios televisivos de los partidos federalistas son distintos en Québec, no sólo por la necesidad de traducirlos sino porque el contexto es distinto. Los liberales insisten en que un voto por el bloque quebequense es un voto por los conservadores, en lugar de insistir en las bondades de su programa. Los liberales provinciales aparecen mas cercanos a los conservadores que a sus contrapartes liberales federales. No por nada Jean Charest fue el líder de los conservadores federales y las políticas que aplica en Québec tienen mayor filiación con las de Harper que con las que propone Paúl Martin.
Es importante destacar sin embargo que la campaña electoral no tiene como telón de fondo el eterno debate constitucional sobre el lugar de Québec en la federación canadiense. Pese a que se esperaba que Paul Martín fuera más abierto a las aspiraciones provinciales como lo indicaba que eligiera como lugarteniente a Jean Lapierre, un ex miembro del bloque quebequense. Lo cierto es que su campaña no se diferencia en su actitud hacia Québec de la que tenía Jean Chrétien. Tampoco reconoce el llamado desequilibrio fiscal entre el poder de gasto federal y la falta de dinero en las provincias. Vale decir que por la política centralizadora de Ottawa, el gobierno federal realiza excedentes enormes desde hace seis años, mientras que las provincias viven situaciones financieras difíciles por el aumento de los costos en los programas de salud, de educación y de vivienda. Paul Martin no ha querido reconocer aún la existencia de un desequilibrio fiscal como lo exige incluso el gobierno de Jean Charest. Su programa insiste en el mismo tipo de federalismo centralizador de Jean Chrétien.
El programa electoral de Paul martín propone los gastos en la salud, otorgar una exención del impuesto a la compraventa federal a las municipalidades, y extender el programa de guarderías a 7 dólares que existe en Québec al resto de Canadá. El problema es precisamente que estos son dominios de jurisdicción provincial con lo que confirma la existencia del desequilibrio fiscal. Su programa condiciona la transferencia de dineros a la imposición de normas nacionales, con la excepción de las guarderías.
Por su parte el líder del nuevo partido conservador, Stephen Harper trata de buscar apoyo en Québec donde tiene apenas 13% de apoyo, cultivando la ambigüedad. En efecto, el nuevo partido conservador aparece más como la continuidad del partido de la Reforma y de la Alianza democrática, en lugar que del antiguo partido conservador progresista que tenía gran popularidad en Québec bajo el gobierno de Brian Mulroney. Hasta el antiguo jefe de los conservadores progresistas, Joe Clark está en campaña contra el nuevo partido conservador por considerarlo demasiado derechista. Harper aprobó la llamada ley de la claridad referendaria, que enterró según los federalistas las posibilidades de separación de Québec. Es sólo cultivando la ambigüedad que intenta presentarse como oposición federalista al centralismo de los liberales.
El líder del NPD, Jack Layton, también cultiva la ambigüedad en Québec al plantear que su partido reconoce el derecho de Québec a su soberanía, pese a que su partido aprobó la ley de la claridad referendaria.
Lo cierto es que es muy difícil que tanto los conservadores como el NDP, puedan ganar diputaciones en Québec, a lo más uno o dos diputados según algunos analistas. La pelea en la provincia es entre bloquistas y liberales.
La campaña electoral ha permitido que se discutan los programas de los partidos, sobre la visión que tiene de Canadá. Una novedad en políticas canadiense, que está dominada generalmente por las imágenes de los líderes. Está claro que los bloquistas no pueden plantear un verdadero programa de gobierno porque no pueden nunca alcanzar el poder, al existir solamente en la provincia de Québec. Sin embargo sus propuestas, basadas en la defensa de los intereses de Québec y ciertos proyectos progresistas de carácter socialdemócrata les harán jugar un rol importante de balanza de poder en el caso de un gobierno minoritario liberal o conservador. Gilles Duceppe, mantiene un perfil bajo para evitar precisamente cometer errores como en anteriores campañas.
El programa de los liberales aparece bajo el signo de la continuidad con las políticas del gobierno de Jean Chrétien. Gracias a los excedentes fiscales previstos se plantea invertir en gastos sociales en la salud, en la educación en la vivienda y, nuevamente el programa de creación de 250 mil espacios de guarderías inspirados del modelo quebequense. Esta última fue una propuesta del primer gobierno liberal de Jean Chrétien en 1993 y aparece como demagogia. Paul Martin que fue el ministro de finanzas de Jean Chrétien plantea seguir con el pago de la deuda externa. En política exterior los liberales hablan de seguir con la política de diferenciación respecto de estados Unidos en el discurso público. Los críticos apuntan al alineamiento de los liberales con Washington en materia de seguridad y defensa militar porque aceptan participar en el proyecto de escudo anticohetes de la administración Bush. También se planteaumentar le presupuesto militar. En suma se trata de un programa de continuidad que aprovecha el buen desempeño reciente de la economía canadiense.
Por su parte, los conservadores, han ocultado su agenda de conservadurismo social que había hecho fracasar la campaña de Stockwell Day. Sin embargo está claro que el nuevo partido conservador sigue inscribiéndose en filiación con la extrema derecha norteamericana en su rechazo del aborto, en el restablecer la pena de muerte; en su oposición al matrimonio de parejas del mismo sexo. Aunque Harper insiste que no tocará estos temas, aceptará que hayan proyectos individuales de sus diputados con voto libre en el Parlamento, lo que equivale a lo mismo. Harper es considerado por los analistas como el ideólogo de la derecha fundamentalista canadiense. No en balde su primer anuncio programático de importancia de su campaña fue el aumento de los gastos militares y de seguridad y el claro alineamiento con Washington en la guerra de Irak. Pese a proponer aumentos en los gastos de salud, está claro que los conservadores se plantean una agenda económica neoliberal que busca reducir el rol del estado bajar los impuestos e impulsar las privatizaciones. Eso se ve en otro anuncio importante hecho ante la Cámara de Comercio en Ontario. Tal como lo hizo Charest, y antes de él Harris y Klein, Harper propuso reducir los subsidios para desarrollar sectores económicos estratégicos, prefiriendo bajar los impuestos directos a las empresas para que estas se rigieran por las leyes del mercado. También propuso bajar los impuestos de la llamada clase media.
No hay dudas que el programa más interesante desde el punto de vista social es el del Nuevo Partido Democrático . Jack Layton insiste en que la lucha contra el déficit fiscal produjo un déficit social que debe resolverse primero, antes de ocuparse de pagar la deuda a los bancos. No en balde acusó a Martin de su responsabilidad en la muerte de los sin techo en Toronto al eliminar los subsidios para habitaciones de precios módicos. Su programa plantea subir a 15 mil dólares de ingresos los contribuyentes que no pagan impuestos. Por otro lado busca hacer pagar a los ricos, restableciendo el impuesto al capital eliminado por los liberales y aumentando los impuestos para quienes ganan por encima de 125 o 250 mil dólares al año. Plantea también aumentar los gastos en salud, en educación y vivienda y una política internacional no alineada. El problema es que el NDP le sirve como conciencia crítica al partido liberal que va a buscar algunas de sus propuestas más interesantes para presentarlas al electorado. Es indudable sin embargo que la brillante campaña de Jack Layton aumentará el número de diputados del NPD y que ubicará ese partido como balanza del poder en el Canadá Inglés.
Se trata de una de las campañas más interesantes de los últimos años. Las consecuencias que se van diseñando pueden variar el panorama político en los últimos años. El pánico que cunde en los rangos liberales y las posibilidades de victoria de los conservadores buscarán polarizar la votación. Por ello, el debate de los candidatos del 14 y 15 de junio será un momento fuerte de la campaña. Sin embargo está claro que será muy difícil reducir la complejidad estructural de la representatividad regional de los partidos canadienses. Es la prueba más fehaciente de la existencia de una federación y no de una República unitaria con la que sueñan los liberales. Todo indica sin embargo que los años del centralismo tocan a su fin precisamente por la fuerza de las regiones. Una situación que debe seguirse de cerca.

La noticia latinoamericana que retiene la atención esta semana es la luz verde dada por el Consejo Nacional Electoral al referendo revocatorio contra el presidente Hugo Rafael Chávez Frías de Venezuela. Se inicia un nuevo periodo de incertidumbre en la Patria Bolivariana. Sin embargo, si la tendencia se mantiene, el referendo debiera confirmar la presidencia de Chávez y una nueva derrota de las fuerzas opositoras de la oligarquía apoyada por Washington en el campo de la Constitución bolivariana. Luego de varios intentos sediciosos la oposición derechista y Washington no ha conseguido variar la relación de fuerzas y desestabilizar el gobierno de Chávez como lo lograran con otros procesos latinoamericanos nacional-populistas o revolucionarios de las últimas décadas – ya fuera en Granada, en Panamá o en Nicaragua. La incertidumbre se instala, porque como señaló Chávez “ahora comienza el juego”.
Fue el Jueves que el Consejo Nacional Electoral, una instancia formada por 5 directores, anunció que la oposición había conseguido, gracias a un procesos de revisión de firmas, superar la barrera de las más de dos millones cuatrocientas mil firmas necesarias para el referendo revocatorio presidencial. Como se recordará, la Constitución bolivariana, dictada por el propio Chávez en 1999, permite el llamado a un referendo revocatorio de los elegidos, después de la mitad de su mandato. Para que ello funcione, se requiere que lo pidan con sus rúbricas, el 20% de los electores legalmente inscritos en el Padrón electoral.
Para que la oposición gane el referendo y Chávez sea revocado, los opositores de Chávez deben obtener por lo menos la misma cantidad de votos absolutos que obtuviera el Presidente venezolano en 2000, vale decir, 3,7 millones de votos; que en ese momento representaban el 59% de los electores. Para que el voto sea válido, debe votar por lo menos el 35% de los electores inscritos.
La fecha que se ha dado como la más probable para el referendo es la del 8 de agosto. Sin embargo esta podría atrasarse según los observadores. Esto abre una nueva área de debate porque según la constitución, si el referendo revocatorio se realiza después del 19 de Agosto -- vale decir menos de dos años antes del término de su mandato -- es el Vicepresidente quien asume la presidencia y no se convocan elecciones presidenciales, terminando el gobierno actual el mandato normal de Chávez hasta 2006. Ello se traduciría en una victoria “pírrica” de la oposición.
Como último dato, debe señalarse que no sólo se planteaba la revocación de Chávez. Habían unas docenas de diputados cuestionados, tanto del gobierno como de la oposición. Sin embargo sólo quedaron para pasar a referendo 9 diputados de la oposición que pueden perder sus escaños si son votados en condiciones semejantes de lo que se exige en el caso de la presidencia. Ello no variará la relación de fuerzas en Parlamento donde el Gobierno de Chávez cuenta con 85 de los 165 escaños, mientras que la oposición dividida cuenta con sólo 80. En el mejor de los casos, el gobierno no obtendría los dos tercios necesarios para variar la constitución o leyes que requieren quórum calificado.
Como se recordará, el referendo revocatorio fue la opción adoptada finalmente por la oposición al presidente Venezolano gracias a la mediación del Secretario general de OEA, Cesar Gaviria y del Centro Carter para la Paz en Mayo de 2003. Estas instituciones han vigilado y dado legitimidad al proceso de referendo revocatorio. En los últimos meses se agregó también el grupo ad-hoc formado por iniciativa del Gobierno del presidente brasileño Lula, y que cuenta con representantes de Chile, España, México, Portugal y Estados Unidos. La adopción de una vía “legal” por la oposición sigue a los intentos infructuosos de la oposición, apoyada por Washington, que intentó un golpe de Estado fallido en abril de 2002 y un lock-out patronal para derrocar a Chávez, entre diciembre de 2002 y Febrero de 2003, que paró la producción de petróleo.
Las dificultades de la oposición derechista vienen del peso popular del movimiento bolivariano dirigido por Hugo Chávez. Este se inscribe en la bancarrota de los partidos tradicionales venezolanos, bajo el peso de la corrupción y el desprestigio del usufructúo del poder por más de cincuenta años. Un fenómeno de descalabro de la clase política tradicional semejante a lo ocurrido en otros países latinoamericanos. La popularidad del gobierno de Chavez proviene, entre otras cosas, por la carga simbólica de la propuesta bolivariana que favorece el desarrollo de un movimiento nacionalista de carácter antiimperialista que se nutre del apoyo popular de la inmensa mayoría de pobres venezolanos. Un movimiento que cuenta, además con el apoyo del ejército, algo cuya ausencia fue fatal en otras experiencias nacional-populistas semejantes en el continente.
Sin embargo Chávez no tiene una propuesta socialista. Su línea económica inicial, se caracterizó por la ambigüedad, provocando en sus primeros años de gobierno, la decepción en algunos sectores sociales por promesas de programas sociales incumplidos. Sin embargo, está claro que desde febrero de 2003 y gracias a la explosión reciente de los precios del petróleo el gobierno de Chávez ha invertido masivamente en programas sociales y realiza avances importantes en implementar la reforma agraria. Al punto que la Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo industrial reconoce que en Venezuela es el único país en que bajó la miseria absoluta en 2003. Los programas sociales, de alfabetización, de atención clínica en sectores populares; de construcción de viviendas, de subsidios para productos de consumo básico, son todos elementos que explican la popularidad del Presidente Chávez en sectores populares. Ello a pesar del control masivo de los medios de comunicación por parte de los sectores patronales de oposición. Este año los beneficios de los Petróleos Venezolanos, permitirá destinar 1,7 mil millones a diversos programas sociales. Hasta el New York Times reconoce que las últimas encuestas, como la de la casa de encuestas de Alfredo Séller / Associates, indican que Chávez ganaría el referendo revocatorio.
Otro aspecto importante es que la oposición no constituye un bloque homogéneo. Lo único que la une es tratar de revocar a Chávez, y se desconoce cuales serían sus proyectos sociales alternativos para el país, como no sea recuperar la prebendas de la oligarquía. La corta experiencia del frustrado golpe de estado en abril de 2002, mostró que el retorno de la oposición derechista al poder se traduciría en drásticas medidas contra los sectores populares.
Por ello, aunque el anuncio del referendo revocatorio contra Chávez sea considerado por algunos como una victoria de la oposición, es una salida novedosa en el caso y en el contexto Venezolano. Una salida política. Las maniobras de desestabilización han fracasado por el momento y el gobierno cuenta con un margen de maniobra económico gracias al petróleo con el que no contaba la revolución Sandinista que fuera derrotada en la contienda electoral por la desestabilización económica, política y militar de los “contras”, fomentada por el pentágono y la Casa Blanca, en abiertta violación del derecho internacional como lo reveló, entre otros, el llamado escándalo Iran-Contras.
La aceptación del referendo revocatorio por parte del Presidente Hugo Chávez es un paso importante que, en lugar de dificultar la revolución bolivariana, puede asentar más solidamente su legitimidad, como una alternativa propiamente latinoamericana y favorecer el desarrollo de experiencias alternativas frente al neoliberalismo en la región y a los dictados de Washington.