LA ADOPCIÓN DE LA VÍA RÁPIDA POR EL CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS Y SUS CONSECUENCIAS SOBRE LAS NEGOCIACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL ÁREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMÉRICAS.

En Estados Unidos, luego que la Cámara de Representantes votara por el escaso margen de 215 contra 212 votos el sábado 22 de julio, esta semana el Senado aprobó, antes de partir de vacaciones, y por 64 votos contra 32 la famosa vía rápida, conocida también como la llamada “ Trade Promotion Authority ” o “ Fast Track ”. Se trata de una victoria importante para el presidente Georges Walter Bush, que obtiene la capacidad de negociar acuerdos sin que estos sean escrutados en sus más mínimos detalles por un Congreso que refleja las posiciones de diferentes grupos de presión.
Se trata de una noticia de gran importancia para los pueblos latino-americanos porque se despejó el camino para que los Estados Unidos impongan su Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, iniciada por Bush padre y que debiera establecerse según lo planeado por Washington para 2005.
Se trata de una noticia importante porque reabre el debate sobre la las consecuencias de la imposición del ALCA sin que los pueblos latino-americanos sean informados sobre las negociaciones y que este proyecto sea la extensión del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte al resto de las Américas reproduciendo la sujeciŪn no sólo de las políticas económicas de los gobiernos, sino que además de la capacidad de maniobra de los gobiernos en política internacional como ocurre en el caso de Canadá y de México.

El contexto de la adopción de la “ Vía Rápida ”.

Como se recordará la “ Vía Rápida ” o “ Fast Track ” es una ley que autoriza al presidente estado-unidense para someter al Congreso, para su adopción o rechazo en bloque, los acuerdos de libre comercio que concluya el ejecutivo a nivel internacional. A diferencia de otros países en Estados Unidos el Congreso tiene el poder constitucional de adoptar los tratados internacionales. Fue gracias a esas disposiciones que Washington logró adoptar entre otros el Acuerdo de Libre Comercio con Canadá y el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte con Canadá y México. Desde 1974, todos los presidentes estado-unidenses habían contado con esta ley pero en 1994, el Congreso rechazó la extensión de la ley solicitada por el presidente Bill Clinton.
En otras oportunidades, los poderosos “ lobby ” de la agricultura, de los sindicatos como la AFL-CIO, habían hecho presión sobre los representantes para bloquear el voto en el Congreso. La salida actual, fue producto de un acuerdo de extensión de los fondos y del acceso de trabajadores que quedan cesantes por los efectos de acuerdos de libre comercio a los seguros de salud. Una concesión a los representantes del Partido Demócrata que es criticada en los rangos del Partido Republicano, porque podría abrir los beneficios a todos los cesantes en ese país donde no existe seguro de salud universal. Las empresas y sectores económicos también obtuvieron beneficios particulares porque ciertos congresistas condicionaron su voto al establecimiento de esas medidas. Ellas van desde que Fed-Ex pague menos impuestos de aduana por los paquetes que vienen del exterior hasta que se mantenga las tarifas para los calcetines provenientes de los países del Caribe. En otros casos se trata de reducir selectivamente las tarifas cuando se trata de multinacionales de Estados Unidos que importan a Estados Unidos como parte de su proceso productivo interno, el movimiento intra-firmas. Lo cierto es que todo este debate interno propio del sistema político estado-unidense en el cual los “ lobby ” o grupos de presión son parte integrante del proceso legislativo persigue el objetivo de que cualquier acuerdo que concluya el ejecutivo tenga los menores efectos negativos y los mayores efectos positivos para Estados Unidos, que aparece ahora como la primera potencia mundial en el mundo de la pos-guerra fría. En esa medida, la adopción de la vía rápida despeja el camino para la adopción del ALCA según el itinerario de la Cumbre de las Américas.

La adopción de la “ Vía Rápida ” acelerará las negociaciones del ALCA.

Como se recordará, fue el padre del actual presidente quien lanzó la Iniciativa de las Américas que perseguía crear una sola zona de libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego. La cumbre de los gobiernos, llamada cumbre de las Américas estableció en Santiago, un itinerario de instalación del ALCA. Las negociaciones secretas sobre una serie de aspectos del ALCA siguieron avanzando hasta la Cumbre de abril de 2001 en la ciudad de Quebec, donde quedó claro que el ALCA estaba mucho más avanzado de lo que creía la sociedad civil y la opinión pública. El itinerario del ALCA, comprende la realización en octubre próximo de una reunión de ministros que va dar los principales toques a nivel técnico al tratado. El próximo año debía realizarse la nueva cumbre de las Américas en Argentina, pero ha sido postergada y cambiada de lugar luego de la crisis en ese país. A nivel de las negociaciones del ALCA, el debate fluctúa esencialmente en torno a que ese tratado no se negocia de manera abierta y los temas en debate y sus consecuencias han sido ocultados a la opinión pública dejándolos como temas de expertos pese a que las decisiones afectarán la vida cotidiana de millones de personas.
En segundo lugar, el debate apunta a las debilidades del argumento de los partidarios del tratado. En efecto, este no necesariamente facilitará el accesos al mercado estado-unidense porque no se consideran realmente las llamadas barreras no-arancelarias y que los Estados Unidos plantea como condición esencial de las negociaciones, que no se limita su derecho a recurrir a su llamada legislación anti-dumping. Esta legislación permite que Washington imponga aranceles de castigo a las importaciones que serían subvencionadas por sus gobiernos, como ocurriría, según las autoridades comerciales estado-unidenses con la madera para la construcción que va de Canadá a Estados Unidos.
Otros aspectos causan también gran debate. Lo esencial sin embargo es que si el ALCA se construye sobre el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, ello significaría que se incorporarían los famosos capítulos de ese acuerdo considerados como de última generación. En particular, nos referimos al capítulo XIV, que autoriza que las empresas multinacionales como en el caso de Metalclad en Canadá y otros, puedan hacer juicios contra los gobiernos por expropiación de ganancias previstas. Valga decir que las disposiciones del ALCA permiten una definición amplia de la expropiación que considera una expropiación cuando un gobierno por razones medioambientales o de política nacional limita la libertad de acciones de las multinacionales en su territorio. Lo esencial entonces es que el acuerdo de libre comercio tal que parece estar siendo negociado entre los ministros de los diferentes países recoge de manera privilegiada la opinión de los dueños de empresas, cuyo lobby, la Asociación de Hombres de Negocios de las Américas se reúne en la pieza vecina, cada vez que hay reunión de ministros.
En ese marco, la adopción del Fast Track por parte del Congreso le permite a Washington empujar los gobiernos del continente, a la excepción del gobierno Cubano, a aprovechar la oportunidad que se les ofrece. Todo indica entonces que de no mediar una oposición fuerte a nivel de los gobiernos o de los movimientos sociales en los diferentes países, el enfoque del ALCA privilegiará los intereses de las multinacionales y en primer lugar los intereses de Estados Unidos como potencia mundial que implanta su poder a nivel de la región de las Américas para hacer avanzar su agenda en los foros mundiales multilaterales como las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio.
En esas condiciones la mayor parte de las disposiciones del ALCA provocarán consecuencias medio-ambientales, sobre la estructura económica y sobre las condiciones sociales desastrosas en los países latinoamericanos porque limitarán la soberanía de los gobiernos, sin que a cambio de ello se obtenga un acceso preferencial al mercado estado-unidense. La aprobación del Fast-Track relanza el proceso de adopción del Acuerdo de Libre Comercio de las Amévricas dentro del itinerario propuesto; pese a las objeciones de las organizaciones de la sociedad civil. También acelera la negociación de otros acuerdos iniciados por Estados Unidos con Singapur, países de América Central y, en particular, con el gobierno de Chile. En efecto, la aprobación de la Vía Rápida podría favorecer la adopción de un tratado de libre comercio bilateral entre Chile y Estados Unidos, según las autoridades chilenas, antes de fines de año.

  EL REINICIO DE LAS NEGOCIACIONES DE UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO BILATERAL ENTRE CHILE Y ESTADOS UNIDOS EN EL NUEVO CONTEXTO.

La adopción esta semana de la “ Trade Promotion Authority ”, más conocido como “ Vía Rápida ” es, según las autoridades chilenas una excelente noticia que anuncia la próxima conclusión de las negociaciones por un tratado de libre-comercio entre Chile y Estados Unidos.
Para quienes consideramos que el desarrollo no radica exclusivamente en la circulación de bienes, sino que, principalmente en mejorar las condiciones de vida de los seres humanos, es una noticia preocupante. Por su parte, los sectores empresariales chilenos están divididos. Unos plantean lanzar una campaña publicitaria de los beneficios del acuerdo. Otros sectores empresariales que obran en la agricultura tradicional o los que participan en sectores claves del modelo exportador como el de las salmoneras o de las frutas frescas o en conservas, manifiestan inquietudes sobre la llegada masiva de importaciones o las prácticas anti-dumping de Washington.
Por otro lado, fuera de las críticas formuladas por algunas organizaciones sindicales y no gubernamentales, la movilización social contra el tratado es limitada. A pesar de todo es importante si se considera que la clase política chilena cuenta con pocos exponentes que critiquen la sumisión de las autoridades y la política económica chilena a la globalización dominada por las multinacionales.
A pesar de ello, el análisis de las negociaciones del tratado de libre comercio entre Chile y Estados Unidos es un ejemplo importante de los desafíos para los países latinoamericanos sobre los efectos de las reglas del comercio internacional dominados por la globalización que no se ocupa del desarrollo sustentable de los pueblos. Veamos en primer lugar el contexto, para ver los luego los efectos posibles del tratado.

El contexto de las negociaciones.

Como se sabe, la estrategia económica chilena actual sigue marcada por el signo de la continuidad con las políticas neoliberales implantadas por la dictadura militar después del golpe militar contra el gobierno popular de Salvador Allende en 1973. Esas políticas implicaron la apertura de la economía chilena a la economía mundial siguiendo los preceptos neoliberales de la Escuela de Chicago. Esa orientación que perdura hasta hoy se caracteriza por el rol central que se le atribuye al mercado en la asignación de los recursos económicos; porque se espera que la iniciativa privada mande en la economía y porque las exportaciones sean el motor de la economía y de la estrategia de desarrollo.
Eso se tradujo entre otras medidas, en la disminución del rol del estado y del sector público, que es considerado “ subsidiario ”. Por otro lado ese enfoque significa la privatización de la reproducción de la vida social en el campo de la salud, la jubilación, la educación, la vivienda. Además, se traduce en las transformaciones correspondientes de las políticas económicas financieras y laborales que desorganicen la fuerza negociadora de los trabajadores y favorezcan al sector empresarial. También en políticasŻde apertura a la economía mundial mediante la reducción de aranceles a las exportaciones que destruyen los sectores menos competitivos de la industria nacional favoreciendo los sectores con ventajas comparativas, principalmente de explotación intensiva de recursos naturales. Traducido además, en la liberalización financiera para atraer las inversiones extranjeras con, entre otras, el decreto 600 que otorga tratamiento nacional a los inversionistas extranjeros.
Estas políticas neoliberales llevaron a la catastrófica crisis llamada de la deuda externa en 1982 provocando la caída de más del 14 % del producto interno bruto que provocó el vasto movimiento de protesta popular que desestabilizó la dictadura militar de Pinochet entre 1983 y 1985. Entre otras medidas, el abandono del cambio fijo del dólar y la adopción de enfoques neoliberales más pragmáticos propuestos por el Fondo Monetario Internacional y de transformación de la deuda externa en posibilidades de inversión a rebaja para inversionistas sobre todo en el sector minero, permitieron una reactivación más sostenida de la actividad económica. Lo cierto es que este enfoque “ pragmático ” concitó el apoyo de nuevos sectores económicos y políticos particularmente de la Democracia Cristiana, que se tradujeron en la conformación de un bloque opositor que se planteó ganarle el plebiscito a Pinochet y ganar las elecciones del 90 sin cambiar la orientación neoliberal del modelo económico de los militares.
Lo cierto es que durante los dieciséis años de dictadura militar, el desprestigio del gobierno de Pinochet nunca le permitió contar con una presencia efectiva a nivel internacional. A pesar de ello, su política de apertura unilateral al comercio internacional y las profundas transformaciones introducidas en la economía hacen que la economía Chilena sea, después de Singapur, la economía más abierta del planeta con 34 % del PIB. La actividad económica externa de Estados Unidos cuenta sólo por el 12 % de su PIB.
La llegada de gobiernos elegidos con la transición al régimen civil en 1990, hizo que, a la política exterior de apertura comercial unilateral, se agregara la preocupación de asegurar el acceso a los mercados a través de acuerdos de libre comercio bilaterales, o multilaterales diversificando la presencia chilena en el exterior. Es así como Chile ha firmado acuerdos de libre comercio con México, con Canadá, con países de América central y de América del Sur y otras regiones. Además de ello, Chile acaba de firmar un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. A ello se agregan acuerdos bilaterales de protección de inversiones de multinacionales.
Lo cierto es que desde hace varios años, y sobre todo desde que la crisis de 1998 en Asia provocó una disminución del ritmo de crecimiento de la economía chilena, el debate sobre el agotamiento del modelo económico adquiere mayor actualidad. Ello porque el modelo económico neoliberal impuesto en Chile depende de la explotación intensiva de recursos naturales con poco valor agregado. Estos componen más del 80 % de las exportaciones porque la famosa segunda fase exportadora nunca ha ocurrido.
Al contrario, la estrategia que se está imponiendo, en la práctica, es la llamada estrategia de país de economía “ portaaviones ” de la que hablaba el antiguo ministro de hacienda de Aylwin, Alejandro Foxley. Esta estrategia espera que el desarrollo de ese país sudamericano se produzca también en sectores de servicios y de financieras gracias a que las empresas multinacionales lo consideren como una buena cabeza de playa para la penetración de sus productos o servicios en otros mercados ó bien, para operar desde Chile hacia otros países andinos o del Cono Sur. Es en la práctica lo que ha ocurrido en los últimos 5 años con la penetración de capitales europeos en el sector de las comunicaciones y el desarrollo de las inversiones en sectores de servicios. El problema es que han comprado industrias nacionales y no han creado nuevas empresas o nuevas fuentes de trabajo.
En este marco, el reinicio de las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre Chile y Estados Unidos, cuya próxima rueda de negociaciones, oncena y final se realizará en septiembre, despierta gran preocupación porque en el contexto actual el acuerdo hipotecará las posibilidades de definir una estrategia de desarrollo que permita salir del estancamiento de la economía chilena desde 1998.

Las interrogantes abiertas por el TLC Chile-Estados Unidos.

Las negociaciones comerciales entre Chile y Estados Unidos se realizan en un marco de asimetría tan importante que es difícil pensar que Chile pueda ganar del ejercicio. El producto interno bruto chileno es 20 veces menor que el de Estados Unidos. Es apenas poco mayor que el del distrito de Washington que tiene una población de medio millón de personas. Por otro lado los 7 mil millones de valor del comercio anual con Estados Unidos representan apenas el 0,32 % del comercio exterior de ese país. Además, Chile, realiza sólo el 20 % de su comercio exterior con Estados Unidos.
En esa medida, el interés de Washington no tiene argumentos económicos, sino que en términos de hacer avanzar su política económica en la región. En efecto, Chile aparece como el país de la región que corresponde mejor al modelo de economía de mercado con democracia restringida exportado por Washington a nivel mundial. En primer lugar, el tratado de libre comercio premiará las políticas neoliberales adoptadas por Chile, transformándolo así finalmente en el “ cuarto amigo ” de que hablaba Jean Chrétien en Miami en 1994 cuando se le invitó a Chile a formar parte del ALCAN.
Por otro lado, el tratado con Chile permitiría extender los temas del comercio internacional discutidos en el ALCA hacia nuevos temas como los de la apertura a la inversión extranjera en la educación y la salud, además de aceptar lo esencial de los planteamientos de protección de la inversión de las empresas extranjeras en vigor en el ALCAN. Además podría ampliar la definición de la propiedad intelectual de las compañías multinacionales. La estrategia de la Casa Blanca es que en esos aspectos donde Chile está dispuesto a negociar, pueda avanzarse para que se impongan tanto en el ALCA como en las negociaciones en la OrganizaciŪn Mundial de Comercio, OMC. Por ello es que Washington está interesado en el tratado.
En el caso de Chile, el problema es que tanto el tratado de libre comercio con Estados Unidos, como el que acaba de concluir con la Unión Europea consolidan el modelo económico heredado de la dictadura. Los nuevos convenios legales internacionales dificultan la capacidad de maniobra del Estado chileno al momento de intentar una definición de mecanismos distintos de desarrollo económico, más adaptados a las necesidades del conjunto de los chilenos. Una cuestión semejante a lo que ocurrirá con la negociaciones sobre el ALCA en otros países latinoamericanos.
Ya desde 1994 que los gobernantes chilenos de diversos gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, han tratado desesperadamente obtener un tratado bilateral de libre comercio con Estados Unidos. La ausencia de la Trade Promotion Authority ó Vía Rápida abortó las negociaciones en dos oportunidades. El actual ciclo de negociaciones se encaminaba también esta vez al fracaso. Sin embargo, ahora que el Congreso le dio la luz verde a la administración Bush con la Vía Rápida, una nueva limitación a la soberanía nacional podría concluirse antes de fines de año.
Según los análisis críticos, el tratado de libre comercio entre Chile y Estados Unidos se traducirá en el reforzamiento de la explotación intensiva de recursos naturales y de mano de obra barata. Se traducirá en desastrosas consecuencias sobre las condiciones de vida de los chilenos y sobre el medio ambiente. Se traducirá también en mayores dificultades para que Chile pueda desarrollar una industria de transformación o desarrollo de nuevos sectores tecnológicos que ganan valor cada día en el comercio internacional. En efecto, mientras los productos elaborados aumentan de precio, los productos en base a recursos naturales ya sea en estado bruto o con poca transformación, bajan de precio. Es lo que ocurre con el cobre, la madera y otros productos con poca transformación como son los jugos, los salmones enlatados u otros. Es lo que se llama el deterioro de los términos del intercambio y que sigue dominando las reglas del comercio internacional. Por otro lado, el TLC permitirá la compra por capitales internacionales de los sectores más dinámicos de la economía nacional, en el área de los servicios y de los sectores financieros. La presencia de empresas multinacionales en Chile es ya la más alta de su historia y los beneficios que ellas obtienen son enormes mientras que los beneficios para la economía chilena son marginales. Aunque no existen muchos estudios al respecto, está claro que luego de más de cinco años de agotamiento del modelo heredado de la dictadura el TLC no es la salida más apropiada al tender a profundizar el mismo patrón de desarrollo siendo que las ventajas comparativas de la economía chilena a nivel internacional son cada vez menores por la entrada de nuevos países al mismo modelo de producción.
La crisis del modelo neoliberal en Argentina y su reciente extensión a Uruguay y la desestabilización de la situación en Brasil, son llamados de atención que el gobierno chileno debe escuchar. El gobierno chileno no debe olvidar que su adscripción primaria es América del Sur. Aunque la clase política chilena, como en un momento la Argentina o la Uruguaya, se considera más inglesa, suiza o gringa, que Chilena, no debe dejar de lado sus mercados primarios, que son los países de la región. Con ellos comparte, no sólo la cercanía geográfica o una historia común sino que la posibilidad de lanzar un desarrollo capaz de permitir gracias a la unidad que soñara Bolivar que la región gravite en la economía mundial. Un proceso que debe seguirse de cerca.

 Marcelo Solervicens