Dos resoluciones de diferentes instancias judiciales recordaron esta semana la gran importancia que tiene el sistema judicial en la política y en la interpretación del consenso social canadiense. Ello tanto a nivel provincial como a nivel federal.
En primer lugar, la corte de apelaciones de Quebec determinó esta semana que el gobierno federal salió de su campo de jurisdicción al haber iniciado un programa de pago de feriados para los padres de infantes recién nacidos y de una subvención llamada a la compasión que permite ayudar a las familias que deben cuidar enfermos en fase terminal o muy graves. Todo ello con el fondo de la ley del seguro de desempleo, conocida ahora como la del empleo. La corte determinó que el seguro de empleo debe servir solamente para los empleos y no para programas sociales. De acuerdo a la distinción entre competencias federales provinciales definidas en la Constitución, son las provincias quienes se ocupan de las cuestiones sociales. La victoria del gobierno provincial en esta causa, de la cual se felicita el actual gobierno liberal de Jean Charest, viene de la iniciativa del anterior gobierno pequista, ardiente defensor de las competencias de la llamada sociedad distinta y opositor del llamado poder de gasto del gobierno federal que se inmiscuye en las competencias provinciales. Como consecuencia de la decisión de la corte de apelaciones de Quebec, el gobierno federal está obligado transferir los 800 millones que cuestan esos programas ó bien, puede apelar la decisión, llevando la causa frente a la Corte suprema. Según los soberanistas quebequenses la Corte Suprema funciona como la “Torre de Pisa”, se inclina siempre de un solo lado en sus dictados..
Los efectos políticos de las decisiones judiciales, recuerdan que fue precisamente gracias a la interpretación de la Corte Suprema que el gobierno federal dirigido por Pierre Elliot Trudeau pudo repatriar la Constitución desde Inglaterra en 1982 adjuntándole una Carta de derechos y libertades que abandonó la idea de los llamados dos pueblos fundadores y fortaleció una carta fundamental basada en derechos y deberes individuales. Pese al veto de Quebec que aún no acepta esas disposiciones, siguiendo fuera del marco legal canadiense, la provincia esta bajo los dictados de la Constitución repatriada y la carta de derechos fundamentales que desconoce aún su carácter “distinto”. Fue la decisión de la Corte Suprema que consideró que el derecho a veto no existía, que se dio validez y legitimidad a la llamada noche de los cuchillos largos, en 1981, cuando el fallecido primer ministro quebequense René Levesque se encontró aislado frente al acuerdo entre las otras provincias y el gobierno federal. Todo esto sirve para señalar que es muy difícil concebir el sistema político canadiense sin el rol que juega el sistema judicial en la interpretación de las leyes. Son numerosas las ocasiones en que el poder judicial ha dictado jurisprudencia e interpretando la Constitución y las disposiciones legales.
También, las cortes juegan un rol fundamental en la determinación del llamado consenso social sobre lo aceptable en la Confederación Canadiense. El caso de la Corte Suprema es el más significativo, por ser el máximo tribunal de la Federación. Los nueve jueces son nombrados por el primer ministro de turno cuando existen cupos y están llamados a dirimir causas que el poder político no ha sido capaz de dirimir como ocurre con temas que afectan cuestiones de principio de la sociedad. Fue el caso del aborto, o el carácter discriminatorio la ley que prohíbe los matrimonios de personas del mismo sexo ó incluso en la descriminalización de la posesión de pequeñas cantidades de marihuana, entre otros temas.
Es en ese orden de decisiones que causó gran revuelo esta semana, la decisión de la Corte suprema de mantener el artículo 43 del código criminal que autoriza el recurso a una fuerza razonable para corregir a los niños. Sin que el poder político decida de un debate amplio, fue la Corte la que determina el consenso social en este campo. El artículo 43 que autoriza el uso de una fuerza razonable al corregir los niños, es una vieja disposición de 1892 que según la mayor parte de los observadores no tiene validez en el siglo XXI.
La Corte Suprema interpretó la ley prohibiendo que se use la “fuerza razonable” con niños menores de 2 años. Los menores no comprenderían la corrección. También estableció que el recurso a la fuerza razonable no puede usarse con niños mayores de 12 años. Limitó el uso de la fuerza razonable prohibiendo el recurso a objetos en el castigo o corrección como reglas o palos y que esto debe ser con una fuerza razonable. Prohibió también las bofetadas o puñetes.
Por su parte, los tres jueces disidentes de la Corte Suprema, así como los detractores, consideran que es una vergüenza que en una sociedad moderna como la canadiense se acepte el recurso a mecanismos de castigo corporal para educar los niños. Por su parte los profesores saludaron la decisión que les permite poder defenderse usando la fuerza razonable para disciplinar las clases difíciles.
El impacto político de las decisiones del sistema judicial es un tema de expertos en el análisis del sistema político canadiense. Es también una limitación del poder de los diputados elegidos por votación popular. Es un recurso de los gobiernos para escurrir el bulto, en materias en que no desean perder el apoyo político de la población en temas divisivos.
Por un lado, el rol asumido por el poder judicial, entrega un poder enorme a personeros no elegidos, independientemente de las capacidades de interpretación que posean: el poder político no asume su función legislativa cediendo parte de su soberanía. Por otro lado, permite obtener un equilibrio al hacer valer los intereses individuales en la interpretación de la Carta de derechos y libertades frente al poder estatal. Parangón en defensa de libertades individuales. Pero también ha sido en las últimas décadas, una arma del gobierno federal en el proceso de creciente centralización del país y de dilución del federalismo.. Ciertamente, el rol determinante del sistema judicial, plantea enormes interrogantes al sistema político canadiense.

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos se realizarán solamente en noviembre de este año pero ya se ha iniciado el enorme circo mediático electoral de las primarias que permitirá la designación del candidato del partido demócrata, que enfrentará al Presidente actual Georges W Bush que ya prepara su reelección, porque no tiene rival entre los republicanos.
En primer lugar, desde la perspectiva internacional, los observadores de todo el mundo se preguntan si Bush logrará ser reelegido o si el Partido Demócrata consiguirá levantar un candidato capaz de derrotarle, repitiendo lo que ocurrió con su padre, derrotado por Bill Clinton, al fin de su primer mandato. El debate sobre la indiferencia de quien gobierne en la llamada Casa Blanca, ha perdido lustro. Ello se explica por la creciente polarización de la política estadounidense creada con la elección de Bush; representante de sectores ultraderechistas ligados a lo más reaccionario del integrismo religioso estadounidense con una agenda que no es sólo de conservadurismo social, sino que también desde el punto de vista moral, cuestionando el aborto, proponiendo la abstinencia como mecanismo de combate contra el SIDA, entre otras posiciones. Debe recordarse que Bush es lo que se llama un Born again Christian, (cristiano renacido) cuando resolvió sus problemas de alcoholismo. Ello ha influenciado en el carácter mesiánico y de cruzada contra el mal asumido por su política exterior. Es necesario recordar entonces, que más allá de una relativa continuidad en la política exterior estadounidense, los cambios de matices en la casa Blanca tiene consecuencias importantes en la política del imperio y afectan diferentement a millones de personas.
En segundo lugar, desde el punto de vista de los temas de política internacional, la actual dirigencia estadounidense, en aras del llamado combate contra el terrorismo transformó la ola de simpatía con las victimas de los atentados suicidas de septiembre de 2001 en una cruzada guerrera. El movimiento pacifista mundial ha denunciado la hipocresía de justificar esa invasión de Irak por la existencia de pretendidas armas de destrucción masiva que nunca se han encontrado. La confirmación de que Irak no tenía armas de destrucción masiva. Cada vez con mayor insistencia se corrobora esa percepción por diferentes actores del espectro político : Entre ellos John Kay y el Carnegie Endowment for Internacional Peace y la reciente renuncia del inspector de armas de destrucción masiva en Irak. La captura de Saddam Hussein consumó la venganza personal de los Bush, sin embargo la pacificación de Irak es más ardua que previsto. En lugar de introducir la democracia a la occidental en ese país y en medio del amontonamiento de cadáveres de marines y de sus aliados iraquíes se perfila el establecimiento de un Estado Islámico integrista por presiones de la mayoría shi’ita. Todo ello hace del tema de Irak un tema de fondo de la campaña (dependiendo de los sucesos en Irak)
La reacción estadounidense a los atentados suicidas ha favorecido la erosión de las libertades civiles a nivel internacional, ha ampliado el sentimiento de inseguridad y se ha transformado en mecanismo de control internacional. Ello en lugar de tratar el problema a nivel policial como lo hicieron otros gobiernos europeos como el Reino Unido o Francia frente a ese tipo de ataques. La cruzada contra el terrorismo y la obsesión por la seguridad, han transformado completamente la agenda internacional introduciendo temas político militares como los más importantes, favoreciendo el desarrollo del complejo militar’industrial y la facistización política en Estados Unidos.
A ello se agregan disposiciones de la administración Bush desde sus inicios que reflejan el retorno del unilateralismo estadounidense, como en el campo de la energía y el del combate contra el efecto invernadero al rechazar el acuerdo de Kyoto o el del control de las armas nucleares, entre otros. La novedad en la campaña es que existe el sentimiento en sectores importantes de la elite política estadounidense que el aislamiento internacional en que se encuentra la administración Bush es negativo para los intereses estratégicos de Estados Unidos.
En la esfera latinoamericana, las amenazas de invasión contra Cuba denunciadas por Fidel Castro esta semana confirman la política agresiva de Bush, más propia de la guerra fría. La creciente militarización de los países andinos producto de la aplicación del Plan Colombia aumenta la inestabilidad de la región a lo que se agrega la política de desestabilización en Venezuela. También se vive una creciente confrontación con Brasil. En el plano económico se percibe un retorno a intentos de someter la región a la dependencia económica, gracias a acuerdos de libre comercio. Ciertamente, la continuidad de la política latinoamericana de Estados Unidos es permanente pero la gestión de la presidencia de Gerges Bush, muestra que las diferencias de matices tienen efectos importantes.
En el plano interno, debe destacarse que en ese país, de 280 millones de habitantes, la participación electoral nunca supera más del 50% de los electores posibles. No en balde fue allí donde se levantó la llamada teoría de las elites de Wright Mills. En efecto, además de la baja participación, electoral, en la “Democracia ejemplar”, subsisten mecanismos elitistas, como el de los grandes electores, como que los resultados son directamente proporcionales a las sumas de dinero invertidas por las Corporaciones en los candidatos políticos, como que no se critica el uso de los fondos públicos para hacer campaña. El nivel de crisis del sistema electoral estadounidense quedó de manifiesto en la última elección presidencial, cuando Georges W. Bush ganó pese a que el recuento de los votos en el Estado de la Florida no había terminado, gracias a la interpretación de la Corte Suprema.
El gobierno de Bush tiene flancos débiles. Pese a que la economía estadounidense creció más del 3% en 2003, ello no ha redundado en la creación de nuevos empleos. Hay mas de dos millones de cesantes más que al comienzo de su gobierno. Por otro lado, las rebajas de impuestos y los gastos de la guerra en Irak y la cruzada contra el terrorismo se han traducido en un déficit cercano a los 500 mil millones de dólares. Un déficit criticado por el FMI, que intervendría en cualquier otro país en esa situación. Por ello ha criticado la política estadounidense, pero que en este caso, Washington ha bajado el precio del dólar para financiar su déficit atrayendo inversionistas japoneses y otros países.
Volviendo a la campaña, si algo revelan las primarias de Iowa y de New Hampshire, es que los demócratas buscan pragmáticamente un candidato capaz de ganarle la presidencia a Bush. Por ello el desplome de la excelente campaña del ex-gobernador de Vermont, Howard Dean, desmontado por ser catalogado como demasiado izquierdista para ganarle la elección a Bush. Sin embargo este “outsider” cuenta ahora con el apoyo de Al Gore y del ex-presidente Bill Clinton y podría repuntar.
El favorito en el campo demócrata, es John Kerry, senador de Massachussets, quien aventaja a otros candidatos como el ex-general jefe de la OTAN, Wesley Clark y John Edwards. John Foster Kerry, se considera émulo de John F. Kennedy, si gana, repetiría el éxito del asesinado presidente Kennedy, que también era candidato del Norte y católico. John Kerry es un hombre del establishment demócrata, héroe de la invasión estadounidense en Vietnam, paso a la oposición a la guerra en 1970. Fue elegido senador a comienzos de los 80. Debe destacarse que pese a sus críticas actuales contra la guerra en Irak, Kerry apoyo la invasión creyendo lo de las armas de destrucción masiva. En política interna, Kerry, tiene posiciones centristas que contrastan con el conservadurismo de Bush; sobre todo en materia de reducción de impuestos y de inversión en la maquinaria de guerra.
El martes se realizan primarias y caucus en siete Estados y desde allí se irá dibujando con mayor claridad el candidato demócrata. Los largos meses que faltan para las elecciones presidenciales en Estados Unidos serán interesantes desde el punto de vista del análisis; pero también son importantes porque configuran los matices del mundo unipolar surgido después del fin del Conflicto Oeste-Este y pueden influenciar las vidas de millones de personas..

Entre el Foro Social Mundial en India, el Foro económico de Davos está la propuesta de crear un fondo contra la pobreza del presidente brasileño Ignacio Lula Da Silva, presentada al secretario general la ONU el 30 de Enero, con el apoyo de Francia. Esto muestra que la agenda internacional en las últimas semanas cobró actualidad al margen del unilateralismo de la política exterior estadounidense. Una demostración que las perspectivas de la globalización van más allá de los intentos de reducirla a la mera cruzada contra el terrorismo que anima a la Casa Blanca. A pesar de ello, ó precisamente por ello, la situación parece compleja por la multiplicidad de iniciativas y el carácter limitado de las alternativas existentes.
Hace unos días concluyó en Mumbai, India el 4† Foro Social Mundial realizado entre el 16 y el 21 de Enero. Se trataba de la primera que esa experiencia de formulación de alternativas del movimiento social mundial para hacer posible otro mundo más justo, abandona Puerto Alegre en Brasil. Ello muestra el carácter genuinamente mundial del llamado movimiento internacional por una mundialización centrada en la justicia social y el respeto de los derechos humanos. La elección de India, el “Nuevo El Dorado” de la subcontratación de las empresas de la llamada nueva economía como sede del 4† Foro Social Mundial, no fue casual. Con cerca de mil millones de habitantes India se transforma en un nuevo ejemplo de los efectos devastadores del capitalismo salvaje y de la agudización de las contradicciones sociales en la era de la mundialización. El éxito logrado por la participación de mas de 100 mil participantes contrasta sin embargo con las dificultades en encontrar los actores y los mecanismos para incidir eficazmente en la política mundial en favor de la justicia social en el mundo. Ello por la ausencia de instancias propiamente mundiales de representación del movimiento social por otra mundialización.
Por otro lado, a diferencia de otros años, el encuentro de los grandes empresarios del mundo con el poder político y los burócratas internacionales en el Foro Económico de la ciudad Suiza de Davos, se realizó sin mayores apremios de los manifestantes. El Foro Económico gozó de una cobertura noticiosa deferente, que contrasta con el carácter folclórico de la cobertura noticiosa internacional acordada al Foro Social Mundial. La cobertura noticiosa internacional puso en evidencia el secreto a voces, que detrás de los Estados Naciones y de las instancias multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas, el verdadero poder reside tras las puertas cerradas de un centenar de empresas transnacionales y Think Tanks que dictan las políticas mundiales estratégicas para la sobre vivencia del capitalismo mundial en un ambiente. Todo ello en un ambiente casi monárquico. La elite reunida en Davos es distante de los electores porque, como se señalaba abundantemente, en bambalinas los presidentes y ministros trataban de vender los países a los inversionistas y se trataban los verdaderos negocios de miles de millones de dólares en lujosos salones. Luego de años en que se realiza ese Foro económico, queda claro que tiene tanto poder como otras instancias de la mundialización, no elegidas, en establecer y consolidar las lógicas de dominación en el planeta.
En ese marco y a medio camino entre ambos foros, esta semana franqueó un nuevo paso un nuevo intento de poner las tranacciones comerciales de la mundialización al servicio del combate contra la pobreza en el mundo. Nos referimos a la propuesta planteada al G8 en Evian en junio de 2003, por el presidente brasileño Ignacio Lula Da Silva de crear un fondo especial de lucha contra el hambre y la pobreza en el mundo. El viernes 30 esta propuesta fue presentada a Kofy Annan en la sede de la ONU en Ginebra con apoyo del presidente de Francia Jacques Chirarc, creándose un equipo técnico para estudiar su implementación. La creación de este fondo fue planteada también por el primer ministro británico Tony Blair hace un año y por el propio Lula en Davos hace un año.
El Fondo contra el Hambre y la Pobreza se crearía gracias a impuestos de determinadas transacciones financieras y la venta de ciertas armas. Se plantea ampliar el dialogo de los ocho países más desarrollados a ciertos países en desarrollo. La propuesta se ve como una alternativa para obtener un mundo más seguro, reduciendo las causas que llevan a la existencia de las guerras y el terrorismo.
Las cifras de la pobreza en el mundo son abismantes. Mil millones doscientas mil personas viven con un dólar diario, 840 millones sufren de hambre crónica y mil millones no tiene acceso al agua potable. El 20% de la humanidad. Lula considera que el hambre es una verdadera arma de destrucción masiva porque mata más de 24 mil personas cada día y 11 niños cada minuto. Se requerirían 50 mil millones de dólares anuales para alcanzar los llamados Objetivos del Milenario que fueron fijados por la ONU en 2000. Entre otros objetivos de milenio se busca reducir a la mitad el número de personas subalimentadas en 2015. Pese a su envergadura, el monto de 50 mil millones es una gota de agua comparados con los miles de millones que transitan en el comercio internacional en las transacciones financieras y en el comercio de armas convencionales en el mundo.
La propuesta brasileña no es nueva. Ronda desde hace varios años en los análisis de críticos de la mundialización que apuntan a la falta de regulación del comercio internacional y los flujos de capitales especulativos. Entre los intentos de imponer regulaciones, destaca la iniciada por el movimiento internacional organizado desde Francia por el Mundo Diplomático, conocido como ATTAC que propone el impuesto Tobin a las transacciones financieras que circulan en el mundo y que no pagan ningún impuesto pese a que representan diariamente cientos de millones de dólares. Debe recordarse que lo clave de la mundialización es precisamente la internacionalización de los circuitos financieros.
La propuesta del presidente brasileño Ignacio Lula da Silva es una propuesta interesante porque es una alternativa concreta para financiar la lucha contra la pobreza en el mundo. Sin embargo, debe necesariamente constatarse que tiene sus limitaciones. Corresponde a la nueva visión socialdemócrata que plantea que se puede efectivamente mejorar las condiciones de justicia social mediante la creación de fondos de combate contra la pobreza, como si ella fuera un epifenómeno del capitalismo : Sin preocuparse de solucionar las causas estructurales que crean la pobreza como condición necesaria y suficiente de la reproducción eficaz del capital. Un debate interesante se abre y debe seguirse de cerca.